Hace tiempo que la moción de censura dejó de ser opción parlamentaria para convertirse en obligación política, pese a la inacción del único partido capaz de presentarla. Más allá de la aritmética —«no dan los números»— o de la vergüenza torera, que bastaría si la hubiera, la legislatura ahonda cada mañana su descomposición institucional, incompatible con la normalidad democrática.
El sumario de Plus Ultra sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una red de influencia urdida en torno a los 53 millones del rescate público a la aerolínea. La imputación de un expresidente bastaría, por sí sola, para constituir un hecho de gravedad histórica. Pero la entrada de la Guardia Civil en Ferraz eleva el caso a otra altura: el elefante en la habitación, la financiación ilegal del PSOE. No es un episodio periférico, sino el corazón del partido que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.
Cuando el cuartel general del presidente es objeto de registro, la respuesta no puede ser aguardar a que la banda se cueza en su propia salsa. España necesita una censura formal, solemne y pública. No para mudar de gobierno —den o no los números—, sino para decirle a la nación que todavía queda Estado frente al régimen.
