La «regularización» masiva activada por el Gobierno es concomitante a uno de los momentos más delicados para la capacidad de absorción del Estado español. La medida, que no es que haya irrumpido precisamente por sorpresa —llevaba meses siendo anticipada—, pone en marcha sobre un país con listas de espera sanitarias desbordadas, una vivienda progresivamente inaccesible y una presión fiscal que grava con especial dureza a las clases medias. En ese contexto, la decisión de conceder permisos de residencia y trabajo a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, con acceso inmediato a la Seguridad Social y a distintos servicios públicos, reabre una cuestión de fondo que la política española ha preferido aplazar: hasta dónde puede ensancharse el Estado social cuando sus estructuras materiales ya muestran señales evidentes de agotamiento.
El Ejecutivo ha presentado la «regularización» como una medida de justicia y de necesidad económica. Su argumento: aflora población que ya estaba en España, reduce economía sumergida, aumenta la recaudación y permite cubrir vacantes en sectores donde la mano de obra escasea. Desde ese punto de vista, la operación no crearía una realidad nueva, sino que ordenaría jurídicamente una situación previa. Pero esa lectura, no de casualidad, deja fuera lo esencial. Porque incorporar de manera formal a centenares de miles de personas al circuito ordinario del Estado no sólo supone reconocer una presencia existente: supone también ampliar, de manera inmediata, el número de usuarios potenciales de unos servicios públicos que ya funcionan bajo una presión extrema.
La dimensión del proceso explica por qué el debate ha prendido con tanta rapidez. El Gobierno trabaja con una previsión de unas 500.000 solicitudes, pero FUNCAS ha estimado que el universo de posibles beneficiarios podría acercarse a las 840.000 personas. La comparación más cercana es la «regularización» de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó a unas 570.000 personas. Sin embargo, la España de entonces y la de ahora apenas se parecen. Hoy el mercado de la vivienda está mucho más tensionado, la sanidad acusa un deterioro acumulado desde la crisis financiera y las clases medias viven con una sensación de asfixia fiscal y de pérdida de horizontes que hace dos décadas tenía una intensidad menor.
La sanidad pública ofrece quizá la imagen más nítida de ese punto de partida. Más de 853.000 personas aguardaban una operación al cierre de 2025, y más de una quinta parte llevaba esperando más de seis meses. El tiempo medio de espera para una intervención supera ya los cuatro meses, mientras que la demora para acceder a una consulta especializada se sitúa por encima de los tres. A ello se añade una fuerte disparidad territorial: hay comunidades autónomas donde los retrasos duplican prácticamente los de otras. El problema, por tanto, no es coyuntural ni anecdótico. Habla de una red asistencial fatigada, con dificultades para responder siquiera a la demanda ya existente.
Ese desgaste tiene causas conocidas. Los recortes posteriores a la crisis de 2008 nunca fueron revertidos por completo, la pandemia generó un atasco persistente y el envejecimiento demográfico presiona al alza el uso de los servicios sanitarios. En ese marco, extender derechos de acceso a centenares de miles de nuevos residentes no crea por sí mismo médicos, camas, quirófanos o especialistas. La «regularización» puede tener lógica desde el punto de vista administrativo, pero no modifica automáticamente la capacidad real de respuesta del sistema. El desfase entre demanda y oferta asistencial, sencillamente, permanece.
La vivienda constituye el otro gran frente de tensión. El encarecimiento del alquiler en los últimos años ha sido muy superior al crecimiento de los salarios, sobre todo en las grandes ciudades. El resultado está a la vista: jóvenes que retrasan su emancipación, familias obligadas a destinar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, adultos que comparten piso a edades cada vez más avanzadas y una creciente dificultad para formar hogar. España arrastra, además, un déficit acumulado de vivienda que distintos análisis sitúan en varios cientos de miles de unidades, mientras la nueva construcción avanza muy por debajo de las necesidades reales del mercado.
En una situación así, cualquier incremento relevante de la demanda produce efectos inmediatos. La «regularización» no inventa esos hogares, pero sí consolida su presencia dentro del mercado formal y refuerza su capacidad de competir por un parque ya escaso. A ello se añade la posible extensión posterior de procesos de reunificación familiar, con el consiguiente aumento de presión sobre zonas donde el acceso a la vivienda ya resulta extremadamente difícil. El problema, por tanto, no es moral ni retórico, sino material. La escasez no desaparece porque se la ignore desde el discurso político. Y cuando los bienes básicos son insuficientes, toda ampliación del perímetro de demanda agrava necesariamente la competencia por ellos.
Todo ello recae, además, sobre una base fiscal fuertemente exigida. España soporta una presión elevada sobre el trabajo y sobre las rentas medias, con tipos altos y cotizaciones sociales que encarecen el empleo y reducen la renta disponible. El malestar que produce esa situación no nace únicamente del nivel de los impuestos, sino de la percepción de que se paga mucho para recibir servicios que funcionan cada vez peor. Ahí reside una de las claves políticas del momento. Cuando el contribuyente considera que sostiene un sistema en deterioro y, al mismo tiempo, observa cómo ese sistema amplía su radio de cobertura sin resolver antes sus fallos más visibles, surge con facilidad una sensación de agravio.
El Gobierno insiste en que la «regularización» aportará nuevos cotizantes y reducirá el peso de la informalidad. Puede que una parte de ese efecto termine produciéndose. Pero la secuencia importa. Los retornos fiscales de una integración progresiva en el mercado laboral formal son lentos, inciertos y desiguales. La presión sobre la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales se percibe, en cambio, de manera rápida, concreta y localizada. Y son sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes deberán absorber buena parte de ese impacto inmediato.
Por eso el debate abierto por esta «regularización» va mucho más allá de la política migratoria. Lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es la naturaleza misma del Estado social español y el orden de sus prioridades en un contexto de recursos limitados. En una economía envejecida, con una natalidad insuficiente y con sectores enteros dependientes de mano de obra exterior, la inmigración aparece con frecuencia como una necesidad estructural. Pero cuando esa necesidad se administra sobre un país agotado, con servicios saturados y una vivienda inasequible para una parte creciente de la población, deja de percibirse como una solución abstracta y empieza a vivirse como una presión añadida.
Además de la razonabilísima cuestión de la supervivencia de la identidad de los españoles, el alcance político de la «regularización» masiva no es tanto su eventual recorrido judicial ni siquiera el número final de expedientes aprobados, sino qué ocurre cuando un Estado ya debilitado decide seguir ampliándose. Quién paga el precio de esa expansión cuando la escasez se ha convertido ya en una experiencia cotidiana para quienes sostienen el sistema.
