Miles de agricultores y centenares de tractores se movilizaron en distintas ciudades, incluida Madrid, para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como contra la pérdida de rentabilidad, el exceso de burocracia y la falta de cláusulas espejo que garanticen igualdad de condiciones frente a las importaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El llamado Reglamento de Salvaguardias, presentado como escudo frente a esas importaciones, no deja a nadie tranquilo. No establece automatismos ni umbrales objetivos: su activación depende de la discrecionalidad de la Comisión Europea y solo se produciría tras demostrar un «daño grave», cuando el perjuicio en precios y cuota de mercado ya estaría consumado. Además, el procedimiento puede prolongarse durante meses, las medidas serían temporales y reversibles y no corrigen las diferencias estructurales en normas sanitarias, medioambientales o laborales. Para muchos productores, no es más que un instrumento político para facilitar la ratificación del acuerdo.
En este contexto, el Partido Popular, habitualmente contra la gente corriente y al lado de Von der Leyen, defiende la aplicación provisional del acuerdo siempre que incluya salvaguardias y más fondos para la PAC. Sostiene que se trata de una cuestión europea y de crecimiento comercial. Sin embargo, su respaldo al tratado junto a los socialistas no es otra cosa que su seña de identidad: una brecha entre el discurso de apoyo al campo aquí y su adhesión a las élites plutocráticas «allí».
