La escasez de vivienda es uno de los principales problemas de los españoles, junto a la inseguridad, ambos derivados de la invasión migratoria. En apenas cinco años, el precio ha subido un 46% y el del alquiler más de un 20%, casi cuatro veces más que los salarios. Hoy, un tercio del gasto medio de los hogares se destina a pagar la casa, y millones de familias no pueden permitirse comer carne o calentar su vivienda.
Por más que los medios del régimen lo expongan como un problema complejo, se trata de una cuestión sencilla: mientras se crean 250.000 nuevos hogares cada año, la inmensa mayoría de «nuevos españoles», apenas se construyen 10.000 viviendas. A ello se suma la política intervencionista de todos los gobiernos una legislatura tras otra, con controles de precios, prórrogas obligatorias y castigos fiscales a los propietarios nacionales, mientras se incentiva la compra por parte de extranjeros y fondos de inversión importados por los mismos políticos.
En lugar de fomentar la construcción y garantizar un marco de seguridad jurídica, todas las administraciones optan por la inacción, la intervención y la propaganda, culpando a los españoles de un desastre que sus propias medidas han provocado. Condenando así a toda una generación a vivir sin horizonte de prosperidad ni posibilidad de formar una familia.