La resaca electoral derivada de los comicios regionales en Castilla y León está en su punto álgido, cuando, ya con los resultados en la mano, los partidos tienen que posicionarse para formar un gobierno que agote el año que resta de legislatura. El debate mediático, eclipsado por la estigmatización de los cientos de miles de votantes de VOX y el empeño de las directrices periodísticas por convertirlos en españoles de segunda, deja breves resquicios para analizar el mal resultado de un PP que buscaba una mayoría absoluta que se fue desdibujando conforme avanzaba el recuento, la cuarta gran derrota del PSOE de Sánchez, o la progresiva desaparición de Ciudadanos del panorama político español. La reducción de Unidas Podemos a anécdota, ni se menciona.
En cualquier caso, y antes de entrar en harina, creo que basta con la mera observación de los datos, para extraer determinadas conclusiones incontrovertidas. Sabiendo que la participación en las elecciones regionales previas, en 2019, fue en lo sustancial prácticamente idéntica a la de ahora, del examen de los datos absolutos, obtenemos que el PSOE, que resultó vencedor en los anteriores comicios, ha pasado de 479.917 votos, a 362.304; el PP, que quedó segunda fuerza con 433.812, se hace ahora con el primer puesto con 378.896; Ciudadanos se deja el setenta y cinco por ciento de los apoyos, pasando de 205.850, a 54.186; y Podemos e IU, que juntos sumaban 100.362, apenas recogen ahora, en coalición, 61.290. Sólo VOX aparece como fuerza emergente, catapultándose de las 75.713 papeletas, a las 212.605 actuales.
Con estas cifras, es más fácil interpretar las palabras de los distintos líderes la noche del recuento, y la desaparición de los primeros espadas en lo que va de semana. Si bien son estas nuevas coordenadas sobre las que se ha ido componiendo el discurso hegemónico, plano y dirigido, hay una realidad sobre la que parecen querer pasar de puntillas.
Junto a los partidos de implantación nacional, en el nuevo parlamento castellano y leonés, entran con cierta capacidad de reacción Unión del Pueblo Leonés, que pasa de 28.057 votos a 51.878; Por Ávila, que sube de 9.455 a 13.854, y Soria YA, que concurría por vez primera a unas elecciones, juntando 18.390 papeletas.
Un nuevo cantonalismo y el riesgo de una soberanía desmembrada
Con el avance y asentamiento del sistema autonómico, nos hemos acostumbrado a que distintos partidos con implantación exclusiva en determinados territorios hayan ido ocupando sillones en el Congreso, vaciando de contenido al Senado, configurado en su origen como una Cámara de representación territorial.
El auge de los partidos localistas y provinciales, que crece en paralelo al autonomismo, a imagen y semejanza de los regionales, podría hacer saltar las costuras de nuestro sistema de representación, en cuanto a la articulación de la soberanía nacional se refiere, no sin antes hacer descender varios peldaños atenientes a la calidad y transparencia del sistema democrático.
Alguien pudo alguna vez pensar, en su cortoplacismo, que la dinámica y el movimiento establecido en la configuración territorial de España en comunidades autónomas, iba a encontrar su límite en el levantamiento de fronteras intranacionales que, siendo negativo, nunca es tan pernicioso como su resultado práctico, esto es: la construcción artificial de unas taifas enfrentadas entre sí, y todas a su vez, contra al Estado, que realmente deja de tener entidad propia, al carecer de territorio al que sujetarse.
Sin embargo, al azuzar el fuego que calienta el ánimo cantonal, el incendio acaba por hacerse incontrolable. Así, arrojada la leña del «¿qué hay de lo mío?», las chispas acaban de propagar las llamas más allá de las fronteras establecidas.
De tal modo, igual que las autonomías (con sus gobiernos, instituciones, y barones regionales) recelan de todo aquello que viene de Madrid, también las provincias han aprendido a desconfiar de las capitales de su Comunidad que, paradójicamente, se aferran enérgicamente a un centralismo que niegan a la Villa y Corte.
Sembrada la semilla de la prevalencia del hecho diferencial y de la particularidad local sobre el nexo común, éstos se han convertidos en categorías, consideradas casi sujetos susceptibles de arrogarse derechos propios. Derechos, por supuesto, que consisten en que uno tenga lo que a otro se le niega.
La irrupción de los leoneses, abulenses y sorianos en el parlamento de Castilla la Vieja hace tan flaco favor a la región como la presencia de Esquerra, PNV, Teruel Existe y otros tantos en el Congreso de los diputados.
Precisamente porque donde ha de estar representado el conjunto de la sociedad, que será de donde emanen las normas que regirán para todos, están y estarán ubicados quienes sólo miren por el interés de una parte de la población. A veces, ni tan siquiera.
Porque es justo en el reducido tamaño de estas formaciones, donde es más fácil que la calidad y la transparencia del sistema democrático de quiebren. Comprar la voluntad de un diputado que pertenece a un partido con implantación nacional es complejo, porque tiene que rendir cuentas a una organización extendida por toda la geografía, jerarquizada y sometida a un régimen disciplinario.
No ocurre lo mismo con los partidos nacionalistas, y menos aún con los pequeños caciques locales, a quienes es fácil seducirlos con concesiones, prebendas, subvenciones y canonjías financiadas por los mismos que no van a ver el beneficio del negocio.
A la larga, la atomización de la representación en vocales del terruño no supone sino desmembrar la soberanía. Y el pastel, cómo no, lo reparte el grande. Es, justamente, el mecanismo de apoyos parlamentarios que ha estructurado el PSOE de Sánchez.
Exigencias razonables. Soluciones dudosas
No se puede ocultar que muchas provincias españolas, con una población menguante, una desindustrialización lacerante, y escasos y deficientes servicios públicos, viven una situación cada vez más precaria. Pero la opción por la estrategia que iniciaron los nacionalistas sólo podrá abundar en el problema.
En su discurso de la noche electoral, Santiago Abascal afirmó haber «escuchado las demandas de los españoles, de muchas regiones y provincias olvidadas, de muchas comarcas que han caído en el olvido. Nosotros vamos a ser los tribunos de la España de provincias. (…) No se nos escapa cómo el centralismo autonómico ha convertido algunas de sus provincias en las auténticas perjudicadas».
Los voceros del régimen de las autonomías —habitualmente, individuos que dependen de éste para su prosperidad personal—, acuñaron el eufemismo de la «España de dos velocidades», para no reconocer que las distinciones territoriales generan desigualdad.
Quizás sea el momento de revisar los efectos del régimen autonómico y, probablemente, también sea el momento de optar por la España de las provincias.
