La «regularización» masiva por decreto se presenta como un acto de humanidad, casi como una reparación moral. Se invoca la dignidad —palabra mayor— para justificar una decisión política tomada sin deliberación, sin Parlamento y sin contrato de trabajo de por medio. La dignidad, que se suponía inherente a toda persona, ahora parece necesitar papeles exprés para existir jurídicamente.
La Iglesia aporta el barniz moral; el Gobierno, el atajo administrativo; los medios, la pedagogía emocional. Entre todos construyen un relato en el que nadie es responsable del desorden y el Estado se limita a «subsanar» una injusticia imaginaria. No hay fronteras, sino trámites pendientes. No hay ilegalidad, sino «personas que viven y trabajan», aunque no se exija probarlo.
La división entre nacionales y extranjeros se disuelve en otra más cómoda: los que tenían papeles y los que los recibirán. A unos se les llama privilegiados por haber nacido aquí; a otros, víctimas por no haberlo hecho. Y así, en nombre de la comodidad ajena, que no de la propia, se sacrifica nuestra identidad.
