El 29 de noviembre de 1956, en la madrileña casa del catedrático de Pedagogía y ateneísta Amando Sacristán Vicente, se configuró el Partido Social de Acción Democrática (PSAD), a menudo llamado simplemente Acción Democrática. El partido respondía a la transformación ideológica experimentada por el falangista Ridruejo, que a mediados de la década de los 50 ya se definía como demócrata, adscripción que no por casualidad formaba parte de las nuevas siglas. Acción Democrática contó con inicialmente con: Fernando Baeza Martos, Vicente Ventura, Adolfo Aguillaume, Carlos Muñiz, Juan Antonio Alonso, Ignacio Sotelo, José María Moreno Galván, Juan Pablo Ortega, Fernando Guillermo de Castro y Fernando Morán, este último muy próximo a Enrique Tierno. A partir de 1957 Pablo Martí Zaro, que señaló ese año como el de la fundación de la organización, se convirtió en secretario del partido. Ridruejo, en una entrevista concedida en 1971 en la que abogaba por una España federal, sumó al núcleo inicial desgranado por Chueca, a Prados Arrarte, José Suárez Carreño y Eurico de la Peña. El partido contaba también con la importante personalidad de un abogado perteneciente a la alta burguesía vasca, el oficial de la Armada, Antonio Menchaca Careaga.
Puesto que el PSAD debía mantener un perfil discreto, al estar prohibidas las estructuras de esa índole, los proyectos culturales descritos, de evidente calado político, permitieron trabar una potente red de contactos con diversos grupos ideológicos. Por distintas razones, todos ellos tenían como denominador común el antifranquismo. De entre todas las fuerzas políticas, destacaba el Partido Nacionalista Vasco, con el que Ridruejo mantuvo buenas relaciones, especialmente con Manuel de Irujo, exiliado en el Reino Unido. Toda esta urdimbre se hizo evidente en la reunión de Múnich, tras cuya celebración se sellaron una serie de alianzas que perduraron hasta el fin del franquismo. La idea sobre la que pivotaban estas relaciones era la de una España federal, modelo compatible con el proyecto europeo que habían diseñado los Estados Unidos, financiadores de la mayoría de las actividades de la oposición anticomunista.
Prueba de la persistencia de esta alianza es la reunión que tuvo lugar en París el 23 de septiembre de 1967 del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. A ella asistieron: el fundador de la CEDA, José María Gil Robles, en representación de Democracia Social Cristiana e Izquierda Social Cristiana; los liberales José Maldonado y Fernando Valera; Rodolfo Llopis y Carlos Martínez Parera por el PSOE; Enrique Gironella, José Sans y Juan Sauret, por el Consejo Catalán, recientemente reorganizado; Manuel Irujo y Gonzalo Nardiz, por el Consejo Vasco; Javier Alvajar, por el grupo gallego; Julián Gorkin como «miembro cooptado» y Pablo Martí Zaro por la Unión Socialdemócrata de España, nuevo nombre del PSAD, que no pudo ser acompañado por Ridruejo, quien se hallaba dando clases en Estados Unidos. También compareció, en calidad de invitado, un viejo conocido del colectivo: Robert van Schendel. La reunión tenía por objeto aprobar unos nuevos estatutos, cuya redacción definitiva corrió a cargo de Gironella, Maldonado y Parera. Martí Zaro, con mayor protagonismo en ausencia de Ridruejo, propuso que se tratara de cooptar a demócratas y personas eminentes de la sociedad española. Aunque separados físicamente, Martí Zaro y Ridruejo mantenían una fuerte relación epistolar que permite rastrear sus actividades. En una de las cartas, enviada por Ridruejo el 16 de febrero de 1968, el soriano habla de una reunión con el diplomático Francis R. Starrs. Al contacto mantenido en los Estados Unidos le sucedió otro en España. En Madrid, Starrs se vio con Martí Zaro el 12 de junio de 1968, junto a Aranguren, Tierno, Gil Robles o Joaquín Satrústegui, en la misa funeral oficiada por Dionisio García en memoria de John y Robert Kennedy y Martin Luther King en la Iglesia de los Santos Corazones.
Poco después, acaso como resultado de sus conversaciones con Starrs, el 28 de junio de 1968, Martí Zaro envió cartas a Fernando Álvarez Miranda, Heribert Barrera, Joaquín Satrústegui, Tierno Galván, José María de Areilza, Joaquín Ruiz Jiménez, Isidro Infante y Enrique Gironella, en las que comentó un documento difundido por la Democracia Social Cristiana, presidida por Gil Robles. En él se hablaba de la posibilidad de constituir un comité de enlace, aprobado por Ridruejo, que sirviera para cohesionar las fuerzas que incorporaban a su ideario aspectos sociales o socialistas, demócratas y cristianos. El objetivo, algo indefinido en su estructura, era constituir una «confederación, federación o fusión de partidos». Ridruejo, ya en Madrid por esas fechas, si bien con su salud quebrantada, había escrito el 11 de mayo desde Madison a su estrecho colaborador. En la carta le hablaba de fraguar una organización con gente joven y un carácter «aconfesional y aclasista = no competidora de la D.C. ». Dionisio, cauto y a favor de continuar sumando fuerzas, trataba de recuperar una estructura muy presente en su exaltada juventud: «la vieja idea de los “círculos”: Asociación circunstancial, pero bien definida, de programa genérico y acción común pre-partidista.»
En tales circuntancias, Martí Zaro, que ostentaba el cargo de secretario para el interior del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, se volvió a reunir el 17 de enero de 1969 con Irujo. Procedente de Bayona, donde se había entrevistado con el socialista Juan Iglesias, y después de entrevistarse con Carlos Santamaría, la cita se desarrolló con la perspectiva de un nuevo encuentro de comunidades diferenciadas, ya ampliado a todo el espectro de fuerzas fraccionarias. El balance de la reunión fue una reafirmación, por ambas partes, de la apuesta por la solución federalista. Con la vía carlista cerrada, pues ya se habían producido las expulsiones de España de don Javier y de don Carlos Hugo, la opción de don Juan volvía a fortalecerse. En esa estrategia se inserta una carta que Chueca Goitia escribió al Borbón el 14 de febrero, en la que se planteaba la constitución de un nuevo frente común antifranquista no comunista. Para tal propósito se continuó la negociación, hasta el punto de plantearse la fusión del grupo ridruejista con el de Ruiz-Giménez, en un ambiente de incertidumbre ante la sucesión monárquica ya planteada desde El Pardo. Se recelaba, por otro lado, de la instrumentalización del propio Juan Carlos por parte de quienes lo han apoyado y votado, al tiempo que existía miedo a la configuración de una Junta Militar que pudiera dejar sin capacidad de maniobra a la oposición democrática. En esta compleja tesitura, apremiado ante la que podía ser su última posibilidad de acceder al trono de España, el 19 de julio de 1969, don Juan de Borbón y Battenberg hizo público el Segundo Manifiesto de Estoril, en el que cuestionaba la legalidad del procedimiento seguido para la restauración de la Corona. Su hijo había sido la persona designada sin contar con la aprobación del pueblo español, conclusión que ponía en entredicho la elección, máxime ante la incertidumbre política reinante en una España que desde 1936 carecía de rey. En tales circunstancias, la elección de don Juan Carlos, al menos desde la perspectiva de su padre, ofrecía escasas garantías.
Los borradores y notas en relación al papel que jugaban los demócratas monárquicos, opción más realista al parecer, se sucedían. El todavía poderoso grupo donjuanista trataba, no obstante, de aprovechar la situación, por el hecho de unir en su real persona las dos ramas decimonónicas enfrentadas, pero también por su escasa implicación en la Guerra Civil y su rápido distanciamiento de Franco. Se temía también que la designación de Juan Carlos diera paso a una especie de monarquía del Movimiento Nacional cuya fundación habría que buscarla el 18 de julio de 1936. Una monarquía de los vencedores que, además, sería un obstáculo para la integración de España en Europa. Pese a todas estas maniobras, Juan Carlos de Borbón fue proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969, tras jurar «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino». Mientras todo esto sucedía en determinadas estancias e instancias del poder, la banda terrorista ETA, de aromas jesuíticos y una tenue pátina marxista, había dejado sobre el asfalto el cadáver del guardia civil José Pardines Arcay. Atento observador de la realidad, el 21 de abril de 1969, Martí Zaro elaboró un informe en el que repasó la actualidad de una España en la que había sido declarado el Estado de Excepción, decretado el 24 de enero de 1969, tras la muerte de Enrique Ruano, miembro del Frente de Liberación Popular que perdió la vida durante su custodia a cargo de la Brigada Político Social. En su escrito se describe un panorama convulso en el que, no obstante, auguraba un final cercano de ETA después del encarcelamiento de muchos de sus miembros y de la marcha al exilio de gran parte de la banda terrorista. Como tantos otros en aquel tiempo, Martí Zaro identificaba a ETA como un grupo netamente antifranquista, característica que el tiempo se encargó de desmentir, pues su actividad criminal creció exponencialmente después de la muerte del general gallego.
El año siguiente, 1970, fue importante, por cuanto las firmas de Tierno, Ridruejo, Chueca, Benet, Laín, Marías y Martí Zaro, se estamparon al pie de un documento refrendado por gentes que llegarían a ser relevantes dentro del partido triunfante en la Transición: el PSOE pilotado por Felipe González y Alfonso Guerra. El documento, que sucedió a las entrevistas, aprobadas por el Gobierno, de Areilza, Ruiz-Giménez, Satrústegui y Tierno con el Ministro de Asuntos Exteriores alemán a principios de marzo, dejaba clara la inclinación atlantista de este grupo de 114 abajofirmantes que, ansiosos por formar parte de una democracia que no fuera la orgánica, aceptaban las exigencias de los nacionalistas y el ingreso de España en la OTAN. El necesario acuerdo con los nacionalistas fraccionarios por parte de unos y la asunción de sus aspiraciones por parte de otros, explica la insistencia en incorporar al texto el reconocimiento de las «comunidades diferenciadas»:
A Mr. William C. Rogers, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y al Sr. Gregorio López-Bravo, Ministro de Asuntos Exteriores de España.
1ª. Muy calificados y representativos sectores de la opinión pública española no están de acuerdo con que, en el supuesto de que las bases americanas en España fueran indispensables para la defensa de Occidente, los pactos sobre las mismas sean renovados —de una forma o de otra, con este o aquel nombre— sin el consenso del pueblo español —condición ineludible para que la concesión de las bases sea a nuestro juicio, legítima y tenga legalidad permanente— y sin que los Estados Unidos se obliguen de modo efectivo, con intervención del Senado, a repeler automáticamente toda agresión que cualquier país o bloque de países pudiera realizar contra el nuestro por razón de la existencia de esas bases.
2ª. Si España formara parte de la NATO, como las naciones de Europa occidental en las que existen bases americanas, esa obligación de defensa automática por parte de los Estados unidos y los Ejércitos de la Alianza Atlántica —en los que estaría integrado, a todos los niveles el español— no ofrecería dudas; pero la dificultad para ingresar en aquella Organización radica en que, como ocurre en el Mercado Común, las Instituciones políticas de nuestro país tendrían que reunir las siguientes condiciones:
a) Implantación de garantías efectivas de los derechos individuales y colectivos, incluyendo los de las comunidades diferenciadas y en consecuencia el otorgamiento de una amplia amnistía para los detenidos y presos de carácter político.
b) Establecimiento del sufragio universal —libre, directo y secreto— a nivel municipal, regional y nacional.
c) Reconocimiento de partidos políticos, que canalicen las diferencias ideológicas, dentro de las limitaciones impuestas por la Ley.
d) Existencia de una Parlamento libremente elegido por el país, que legisle de acuerdo con la opinión pública y fiscalice la labor del Gobierno.
e) Libertad de asociación sindical para que patronos y obreros puedan defender libremente sus respectivos intereses.
3ª. Los actuales gobernantes han reconocido reiterada y públicamente que las circunstancias del mundo y de España, así como la estrategia de las grandes potencias, han variado sustancialmente desde 1953. Ante esta evidencia, la oposición democrática identificada con el país en sus deseos de que España deje de estar en una situación de inferioridad para nuestra seguridad nacional, no encuentra excusa que pueda justificar el retraso de la evolución de sentido democrático que, además de sus bienes intrínsecos nos proporcionaría —colocándonos al nivel de las Instituciones políticas occidentales—, el bien fundamental de no participar en pactos o acuerdos que por su naturaleza puedan ensombrecer nuestro prestigio y aumentar el riesgo de ser atacados sin que queden cubiertas adecuadamente las necesidades de la defensa nacional.
Madrid, mayo de 1970.
La carta tuvo amargas consecuencias para Martí Zaro, que el 4 de junio de 1970 fue citado por la Brigada Regional de Investigación Social para comparecer en la Dirección General de Seguridad. La visita a la Puerta del Sol se saldó con una multa de 50.000 pesetas contra la que pleiteó tenazmente hasta acogerse al indulto dictado el 23 de septiembre de 1971.
Una década después del Contubernio, sus protagonistas, junto a nuevas personalidades, mantenían continuos contactos. El 6 de octubre de 1973, en los locales de Force Ouvrière de París, se reunió la Asamblea General del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Asistieron, según consta en el acta levantada: su presidente interino, Manuel de Irujo, y su secretario general, Enrique Gironella, acompañados por un colectivo formado por: Carlos Martínez Parera, Enrique Múgica, Pablo Castellanos, Julián Gorkin, Carmen García de Robledo, Arsenio Jimeno, Ramón Hernández, Mikel Isasi, Ramón Sota, Félix Millet, Martí Barrera, Canielles, Juan Sauret, Josep Sans, Fernando Álvarez Miranda, José María del Valle, José María Armengol, Javier Alvajar y Macrino Suárez. En aquel momento se buscaba la reorganización, complicado propósito, dada la heterogeneidad de los grupos congregados con el antifranquismo —calificado como «totalitario»— como principal aglutinante, pero con gran disparidad de objetivos, pues el otro factor unificador, el democratismo, apuntaba a distintas formas de culminación, en función de los intereses de cada colectivo. Estas contradicciones se dejaron notar en las directrices aprobadas, que dejaban un amplio margen de libertad a sus componentes.
Desde Washington se seguía con atención cada paso que se daba, con especial interés en los protagonizados por los calificados como «grupos moderados de la oposición», que vieron fortalecidas sus posibilidades después de que el 20 de diciembre de 1973, el Presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, fuera asesinado por la banda terrorista ETA en un atentado perpetrado ocurrido a escasos metros de la embajada norteamericana en Madrid. Un año más tarde, el 28 de noviembre de 1974, el encargado de negocios de Estados Unidos, Samuel D. Eaton envió desde Madrid el siguiente telegrama:
Opositores demócratacristianos y socialistas moderados arrestados en una reunión
Comienza el resumen:
La Policía arrestó el 26 de noviembre a varios y prominentes líderes nacionales de grupos democristianos y socialistas mientras se estaban reuniendo a última hora en Madrid para discutir la posibilidad de formar una Conferencia Democrática no comunista, que podría mostrarse como un rival formidable de la Junta Democrática respaldada por los comunistas en París. La Policía no actuó (tal vez deliberadamente), sin embargo, hasta que el opositor más prominente presente, el democristiano y una vez ministro del gabinete de Franco, Joaquín Ruiz Giménez, había abandonado la reunión. Estos arrestos son los primeros contra grupos moderados de la oposición desde hace tiempo.
Fin del resumen.
1. El 26 de noviembre la Policía arrestó a 14 prominentes opositores moderados que representaban a cuatro grupos demócratas y por lo menos tres socialistas, mientras se estaban reuniendo en el despacho de abogados de uno de sus miembros en una zona residencial de Madrid. Entre los grupos representados estaban la agrupación independiente (IDC) de Joaquín Ruiz Giménez, el grupo socialista cristiano (DSC) de José María Gil Robles, la agrupación catalana cristiano demócrata (UDC), el Partido Nacionalista Vasco democristiano (PNV), el partido socialista PSOE de los «jóvenes turcos», el partido socialista regionalista catalán MSC, y la agrupación social demócrata reconstituida de nuevo (USDE) de Dionisio Ridruejo.
2. Entre los líderes prominentes de la oposición moderada arrestados se encontraba José María Gil Robles, hijo del dirigente católico centrista durante la República, Jaime Cortezo, secretario del IDC y lugarteniente principal de Joaquín Ruiz Giménez; Antonio Canellas, líder principal del catalán UDC; Juan Ajuriaguerra Ochandiano, un líder del vasco PNV; Felipe González Márquez, el recientemente elegido primer Secretario del PSOE de los «jóvenes turcos»; Nicolás Redondo, miembro obrero principal del Comité Ejecutivo tanto del sindicato UGT como del PSOE de los «jóvenes turcos»; José Pallach, principal dirigente del partido socialista catalán MSC, Dionisio Ridruejo, líder de la nueva agrupación social demócrata USDE (que es, básicamente, una reconstitución del antiguo partido Acción Democrática de Ridruejo), y Antonio García López, lugarteniente de Ridruejo en el nuevo grupo social demócrata. Joaquín Ruiz Giménez, líder de IDC estaba también presente en la reunión. Sin embargo, los arrestos tuvieron lugar diez minutos después de que Ruiz Giménez se excusaba y abandonaba la reunión temprano debido a otros compromisos, y de esta manera, Ruiz Giménez no estaba entre los detenidos. Supuestamente, todos los detenidos estaban todavía arrestados esta mañana, aunque se espera que todos o la mayoría sean dejados en libertad provisional entre hoy y mañana.
3. De acuerdo con fuentes de la oposición, el propósito de esta reunión era discutir la posible formación de una largamente esperada «Conferencia Democrática» que aportaría un contrapeso democrático a la «Junta Democrática» de París, formada en julio por el Secretario General del Partido Comunista, Santiago Carrillo, en combinación con unos pocos grupos e individuos demócratas y burgueses españoles.
4. Comentario: Es significativo que la persona presente más prominente, Joaquín Ruiz Giménez, no fuera arrestada, y la creencia general es que la policía esperó deliberadamente hasta que Ruiz Giménez se marchó, para evitar la indignación que se produciría por el arresto del una vez ministro del gabinete de Franco y figura internacional prominente democristiana. Sin embargo, si las autoridades pretendieran mantener a alguno o todos los arrestados detenidos por más tiempo, la indignación internacional por parte de los partidos y grupos democristianos y socialistas extranjeros de la Europa Occidental sería importante. Así pues, se supone que los detenidos saldrán posiblemente pronto en libertad provisional para acallar cualquier protesta internacional.
5. También está muy extendida la creencia de que la Policía puede haber sabido de esta reunión clandestina por medio de un informante. Hay algunas sospechas de que el informante bien podría haber sido Antonio García-López, el abogado en cuya oficina tenía lugar la reunión, y una persona acusada algunas veces en los últimos años por la oposición, de ser un informante de la Policía. Para añadir más leña a esta teoría, hay una versión con respecto a que el mismo García-López no había sido arrestado, aunque la prensa y otros informes lo incluían en la lista de los detenidos.
6. Los arrestos son una complicación en las esperanzas de varios de los grupos moderados de la Oposición presentes en la reunión, para formar la no comunista «Conferencia Democrática», una idea que han estado estudiando durante varios meses. Supuestamente, la reunión era la primera de los diferentes grupos posibles interesados en esta alianza. A este respecto, los arrestos pueden haber sido una visión miope por parte del Gobierno, ya que pueden haber beneficiado a la rival Junta Democrática, quien podría querer atraer a estos grupos y espera el fracaso de cualquier esfuerzo de formar una agrupación de contrapeso anti-Junta sin la participación comunista.
7. Incluso si los arrestados son puestos en libertad de forma inmediata, el efecto internacional está llamado a ser negativo, en la medida en que los grupos representados tienen fuertes vínculos internacionales (por ejemplo el PSOE de los jóvenes turcos es miembro de la Internacional Socialista y cuatro grupos democristianos, esto es, IDC, DSC, PNV, y UDC, son todos miembros de la Confederación Demócrata Cristiana Europea. Irónicamente, la última organización mantuvo una reunión en París el fin de semana pasado, a la que asistieron los líderes de cada uno de los cuatro partidos cristiano demócratas, incluido Joaquín Ruiz Giménez.
8. El arresto de estas figuras dirigentes democristianos y socialistas es la primera gran acción realizada contra grupos moderados de la oposición en los últimos años.
Eaton
El siguiente hito político nos lleva al crucial 1975. El 29 de junio, Dionisio Ridruejo falleció en la clínica La Concepción a causa de sus dolencias coronarias. Días antes, el 11 de junio, se levantó un acta de la reunión de la Plataforma de Convergencia Democrática celebrada en Madrid. La Plataforma, liderada por el PSOE como respuesta a la Junta Democrática liderada por Antonio García Trevijano, Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer, aglutinó a la Coordinadora de Comisiones Obreras de Euskadi, el Consejo Delegado Vasco —compuesto por la suma de PNV, Acción Vasca y Comité Socialista de Euskadi—, la Federación Popular Democrática, Izquierda Democrática, Movimiento Comunista de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista, Partido Gallego Social-demócrata, Reagrupamiento Socialista y Democrático de Cataluña, Unión Democrática del País Valenciano, UGT, Convergencia Democrática de Cataluña y la USDE de Ridruejo. Uno de los objetivos exigidos con mayor vehemencia por una parte de los integrantes era, literalmente, el del «derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado Español», —el Partido gallego solicitó incluso que se instaurara un Gobierno provisional en Galicia— al cual se plegaron todos los grupos. Tal derecho iba ligado a la confusa estructura federal propuesta por la Plataforma, modelo en perfecta sintonía con lo que el Comité español venía impulsando desde su misma fundación. Configurada la Plataforma, comenzó el acercamiento a la Junta Democrática, en la cual se había integrado, en perfecta cohabitación con opusinos y eurocomunistas, el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván.
Apenas un mes más tarde, el 12 de julio de 1975, se hizo público el Manifiesto de la Plataforma de Convergencia Democrática, que recogía una serie de acuerdos que debían hacerse realidad tras la llamada «ruptura democrática», pues de ruptura y no de transición se hablaba en el texto. Según los planes de la Plataforma, tras esa quiebra se haría posible la consolidación de una «estructura federal en la Constitución del Estado español». Un Estado que quedaría sujeto a las decisiones de los territorios —«nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica o cultural propia en el seno del Estado español»— autodeterminables. El documento fue firmado por el Consejo Consultivo Vasco —PNV, Acción Vasca, CNT Euskadi, Solidaridad de Trabajadores Vascos, Comité Central Socialista de Euzkadi, integrado en el PSOE, y la federación de Euzkadi de UGT de España—, Izquierda Democrática, Movimiento Comunista de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista, Partido Gallego Social-Demócrata, Reagrupament Socialist i Democràtic de Catalunya, Unió Democrática del País Valenciá, UGT, PSOE y Unión Social-Demócrata Española. Junto al mayoritario bloque socialdemócrata, PNV, Unió Democrática del País Valenciá e Izquierda Democrática, pertenecían a la Unión Europea Demócrata Cristiana.
Finalizado el verano, en septiembre de 1975, Pablo Martí Zaro fue uno de los firmantes de una carta a Franco en protesta por la ejecución, tras un Consejo de Guerra celebrado en Burgos el 28 de agosto de 1975, de los etarras Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Echevarría. Una petición sustanciada en la sintonía con unos tiempos caracterizados por la ola de prohibicionismo de la ejecución capital en Occidente, no así en los Estados Unidos que financiaron a muchos de los firmantes, y que recordaba los indultos de 1970. La misiva esgrimía también como argumento la inutilidad de las ejecuciones de Salvador Puig Antich y de Heinz Chez ocurridas en marzo de 1974, al tiempo que proponía como alternativa a la violencia, soluciones de carácter político y social en el orden interno y de coordinación legal en el campo internacional.
El ritmo trepidante de 1975, con el delicado estado de salud de Franco marcando la actualidad política, propició la unión de la Junta y la Plataforma, la célebre «Platajunta». Consumado el acuerdo, el 30 de octubre se lanzó un escrito «A los pueblos de España». En el documento, además de la invocación a los Derechos Humanos, volvió a aparecer el término «ruptura democrática». Mientras tanto, la vía netamente catalanista también se había organizado de manera particular alrededor de Reagrupament Socialist i Democratic de Catalunya, estructura en la cual estaban integrados algunos participantes de La Ametlla. Reagrupament hizo públicas sus aspiraciones el 25 de octubre. En ellas, los congregados, que decían hablar en nombre del pueblo catalán, aspiraban a promover un Gobierno Provisional de la Generalidad que instaurara las libertades políticas y sindicales, antes de promover unas elecciones que decidieran el futuro de la región.
Desaparecido Ridruejo, la Unión Socialdemócrata Española (USDE), surgida en 1974 como resultado de la transformación del Partido Social de Acción Democrática (PSDA), debía reestructurarse para adaptarse a las nuevas circunstancias, las internas, pero también a las del nuevo panorama político español. En tan delicada situación, Chueca redactó un texto de siete páginas en el que se percibe el temor ante la posibilidad del estallido de una guerra civil, de la cual sería un preámbulo la ola de violencia que se vivía. A pesar del caos interno reinante en la organización, el arquitecto consideraba alentadores los contactos establecidos por Martí Zaro, en Bonn, Berlín y Londres. En concreto, el madrileño se había reunido con representantes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) de Willy Brandt y con los del Partido Laboralista inglés, que acabarían cambiando su apuesta por otros socialdemócratas: los del nuevo PSOE. En flagrante contradicción con la trayectoria seguida desde Múnich, se llegó a admitir incluso la integración del PCE en un nuevo panorama político probablemente tan cambiado como el propio partido de la hoz y el martillo. Por lo que respecta a la vía alemana, se puso el punto de mira en la Fundación Ebert. Estos contactos internacionales de carácter político podrían verse favorecidos por la intercesión de Adam Watson. La estrategia de la USDE consistía en ponerse a rebufo del PSOE, con el que se compartía el credo socialdemócrata ya expresado en numerosas ocasiones por Ridruejo. La viabilidad del partido tenía un valor monetario concreto: 65.000 marcos alemanes, es decir, 25.000 dólares que nunca llegaron.
[Este texto es un capítulo de Nuestro hombre en la CIA, Ediciones Encuentro]
