Andan en la calle madrileña de Ferraz preparando el 40º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en el mes de octubre. La presentación de la ponencia marco del cónclave tuvo lugar en Madrid a finales de julio, donde se desgranaron algunas de las claves de la cita socialista.
El nuevo conejo sacado de la chistera ha sido el de la España multinivel. Atrás quedó el federalismo asimétrico de Maragall o la nación de naciones del propio Sánchez. Ahora es el turno de la España multinivel, que no es otra cosa que conceder más beneficios políticos y económicos a las regiones con gobiernos separatistas. Lo cierto es que los socialistas son muy dados a utilizar ese tipo de eufemismos. Un claro ejemplo fue cuando el Zapatero habló de “desaceleración económica”, cuando la realidad es que España estaba a punto de entrar en una crisis económica sin precedentes. Ahora hablan de España multinivel, porque reconocer que es el precio a pagar a los separatistas por su estancia en Moncloa sería demasiado descarado.
Creen los socialistas ser novedosos al hablar de España multinivel, no tardando los comisarios políticos del gobierno en cacarear que nos encontrábamos ante un “término nuevo”. Por mucho que intenten venderlo como una idea nueva, la España multinivel es demasiado vieja y muy conocida por los españoles, especialmente por aquellos que la sufren.
Regar con dinero público a las regiones desleales con el Estado y aprobar la transferencia de nuevas competencias para esos gobiernos es algo que se lleva haciendo en España desde hace más de 40 años. De hecho, no sería justo culpar a Sánchez en exclusiva de muchos de los males que se viven actualmente. Todos los presidentes del gobierno, desde Suárez hasta Rajoy, han construido la España multinivel. En mayor o menor medida, pero todos han contribuido.
Del Estado autonómico, estos lodos
Lejos de ser inoportuna la ocurrencia del PSOE, puede ser una buena oportunidad para debatir acerca del actual estado autonómico, de sus posibles reformas y de su futuro más inmediato.
Probablemente el estado autonómico se construyera con buenas intenciones, eso no se pone en duda. Pero lo cierto es que se ha desarrollado a un coste muy elevado para los ciudadanos, provocado dos grandes agravios: un gasto público insostenible y diferencias flagrantes entre españoles.
Giscard d’Estaing, ex presidente de la República Francesa, reconoció sentir simpatía por el modelo territorial español, pero admitió que Francia no tenía dinero para pagarlo. Con el tiempo se ha visto que España tampoco. Al menos no sin esquilmar a impuestos a las clases medias y populares.
Lo cierto es que en estos 40 años nuestras autonomías han disparado el gasto público; han creado entes y empresas públicas de dudosa eficacia; han sepultado a los ciudadanos bajo una red inmensa de burocracia; han multiplicado las duplicidades y no han parado de incrementar su deuda pública.
Sin ir más lejos, a finales del pasado julio conocimos que el gasto en nóminas de las CCAA se ha disparado hasta los 95.000 millones de euros y dos millones de empleados. Un auténtico despropósito teniendo en cuenta además la situación de asfixia en la que se encuentra el sector privado, cada vez más perseguido a través de impuestos y regulaciones. Y no, no hay ninguna autonomía que escape a este mal: desde los 75.000 euros anuales que cobrará Toni Cantó por dirigir la Oficina del Español a los 80.000 euros que ha gastado TV3 para realizar un documental sobre el presidente de la Generalidad, la lista de ejemplos de despilfarro autonómico es infinita.
Es inmoral exigir más esfuerzo fiscal a empresas y familias mientras tenemos un Estado autonómico elefantiásico que no para de crecer.
El otro de los grandes males que ha ocasionado el estado autonómico es haber provocado desigualdades verdaderamente escandalosas entre los españoles. Un ejemplo bastante claro de estas diferencias es que Cataluña tiene sus cuatro capitales de provincia conectadas por AVE mientras que el tren de Extremadura sufre averías casi a diario y ha llegado incluso a salir ardiendo. El PSOE bien podría incorporar esta comparación a sus estatutos como ejemplo de la España multinivel que proponen, pues creo que no hay mayor demostración gráfica de dicho modelo.
Los paradigmas de la Educación y la Sanidad
Habría que hacer especial mención al disparate que supone tener 17 sistemas educativos y sanitarios diferentes. En cuanto a la sanidad, la pandemia ha puesto de manifiesto la locura que supone tener 17 sistemas sanitarios diferentes. La descoordinación entre las distintas autonomías ha sido total, pues ha habido prácticamente un criterio sanitario por cada autonomía.
Respecto a la educación, dejarla en manos de las CC. AA. ha supuesto que muchos niños no puedan acceder a la educación en la lengua común de todos los españoles, siendo España uno de los pocos países del mundo —por no decir el único— en el que se pone dificultades al aprendizaje de la lengua oficial del Estado. Además, los gobiernos separatistas han aprovechado esta cesión en la educación para inocular el odio a España a las nuevas generaciones.
El elemento más evidente de los diferentes sistemas educativos es el examen de selectividad, ya que hay uno distinto por cada autonomía. Al haber 17 exámenes distintos, es inevitable que unos tengan mayor dificultad que otros. Partiendo de esa base, cualquiera se hará la misma pregunta: ¿por qué un asturiano que quiere estudiar una determinada carrera lo puede tener más fácil que un madrileño o un valenciano? La solución no pasa, como dicen algunos, por establecer un único examen, pues tampoco tendría mucho sentido hacer el mismo examen cuando el contenido académico dado por los alumnos varía en función de la comunidad autónoma donde estudien.
Evidentemente hoy por hoy no es posible eliminar el sistema autonómico. Afirmar esa idea sería un ejercicio de demagogia, pues dicha reforma constitucional requiere un consenso que actualmente no se da. Pero sería necesario devolver determinadas competencias al Estado central, pues es un verdadero disparate que existan 17 sistemas educativos y sanitarios distintos.
Como he dicho antes, probablemente el actual sistema se diseñó con buenas intenciones por parte del legislador, entre ellas seguro la de integrar a los nacionalismos periféricos. Siendo evidente que este objetivo no se ha cumplido, ¿qué sentido tiene seguir el camino de la descentralización y de las concesiones a los separatistas?
Por ello, no debe plantearse ningún tipo de concesión más, como la millonaria inversión para el aeropuerto de El Prat o el traspaso del MIR a la Generalidad de Cataluña. Transferir el MIR será destrozar uno de los pocos eslabones que quedan para garantizar la igualdad real de oportunidades entre españoles.
Con todo lo expuesto en este artículo, es urgente una reforma de un sistema que ha dado claros signos de agotamiento y que pide una revisión por los cuatro costados. Lamentablemente con un Sánchez ávido de poder y dependiente de los separatistas y un Casado reclamando la autoría intelectual de la ampliación de El Prat, lo cierto es que el futuro no parece demasiado halagüeño. Veremos.
