Durante décadas se ha insistido en presentar el orden internacional como un entramado de normas jurídicas, instituciones multilaterales y principios universales destinados a limitar el uso arbitrario del poder. Sin embargo, la experiencia histórica reciente confirma una realidad mucho más prosaica: cuando entran en juego intereses estratégicos decisivos, las grandes potencias actúan al margen de cualquier legalidad. El derecho internacional no funciona como un límite efectivo, sino como un lenguaje legitimador que se activa o se ignora según convenga.
Las intervenciones, sanciones, derrocamientos o transiciones no responden primariamente a criterios morales, sino a cálculos de poder. Los relatos sobre democracia, derechos humanos o amenazas criminales cumplen una función instrumental: preparar a la opinión pública y dotar de respetabilidad a decisiones tomadas de antemano. La selección de élites locales, la promoción de oposiciones dóciles y el reciclaje de sectores del antiguo régimen forman parte de un mismo patrón, repetido con variaciones en distintos países y épocas. En este esquema, la soberanía es un obstáculo y la legalidad, pura retórica.
Basta con observar cómo operan realmente las relaciones internacionales. El mundo no se rige por normas imparciales, sino por correlaciones de fuerza. Fingir lo contrario o pedir las sales a estas alturas no es más que hipocresía o indigencia intelectual. La franqueza de Trump tan sólo pone al descubierto para muchos, ahora, la confirmación de un orden internacional fundado en el cinismo.
