Han hecho fortuna los esfuerzos oficialistas para plantear una dicotomía entre la inmigración legal y la ilegal a través de una diferencia basada únicamente en el Derecho, que obvia todas las demás realidades detrás del concepto de residencia jurídica y, lo que es aún más grave, de la obtención de la nacionalidad española.
Hacerse español, en la práctica, es una expresión más del Derecho Positivo que nos asegura, en este caso, que una persona se convierte en española si así lo dice un documento. Y nada más. A veces a través de un examen irrisorio que nada dice de la historia y la realidad españolas. A veces por decisión regia del Consejo de Ministros. Es una concepción tan positivista como las impuestas por las leyes de género, según las cuales Manolo puede ser Carmen mañana si así lo atestigua su DNI.
Urge legislar para dificultar la obtención de la nacionalidad española y, de igual modo, para que quien no quiera ser español —por acción u omisión— deje de serlo. Con idenpendencia de su nombre u origen, se llame Carles, Arnaldo o Mohamed, quien no quiera ser miembro de la nación, de manera declarada o por sus actos y falta de respeto a las normas y costumbres, ha de tener las herramientas para renunciar a nuestro pasaporte. Y, sobre todo, nosotros hemos de contar con los mecanismos para despojarle de él. Para defendernos.
