El domingo pasado, 9 de octubre de 2022, el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) dimitía por todo lo alto, intentando emular una especie de «dimisión de Estado» como la de Adolfo Suárez González (una práctica nueva para el que había sido ministro-secretario general del Movimiento) aquel 29 de enero de 1981. No ponía reparos ni es escenografía ni en adjetivos, y hacía fracasar algunas de las crónicas prospectivas como la de OKDiario que le perjuraba en el cargo como mínimo hasta pasada nuestra Fiesta Nacional del 12 de octubre.
Con esa dimisión irrevocable con supuesta apariencia de sacrificio, fracasaban no sólo ésa y otras crónicas, sino la apuesta por un chico, un chico del Partido Popular que ahora peina canas: Carlos Lesmes Serrano. Un chico que había sido designado como Director General de Objeción de Conciencia de España y que tras cuatro años se desempeñó por el mismo periodo de tiempo Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de España, estando así bien colocado durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar López, para a la postre ser ungido como presidente del Tribunal Supremo a propuesta de la todopoderosa Soraya Saénz de Santamaría con el Gobierno «transformado» (nótese el sarcasmo) de M. Rajoy Brey.
Gracias a esa teatral y muy televisada dimisión, se hacía patente y podemos aclarar lo que el CGPJ aborrece y lo que apacienta, a mayor calma del rebaño (léase el pueblo) y a mayor gloria del poder (el que ha dejado España como una mera mala broma y sombra desdibujada de lo que fuimos y deberíamos ser). Los hechos son los siguientes, que limito a tres para continuar en 14 días con lo que apacienta nuestro poder —incluido el CGPJ— ante la sed de justicia y el interés social nunca satisfecho:
1 El expresidente del Tribunal Supremo (y del CGPJ) aborrece que no se renueve el Consejo según quiere el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, apacienta el hecho de la manipulación histórica del proceso de selección de sus integrantes acorde a los principios constitucionales, y quiere ser cómplice del asalto final de la PSOE cuarenta años después, al resquicio de independencia del tercer poder (judicial para los politólogos de La Sexta). Una manipulación histórica que ha servido para que los 20 integrantes del CGPJ se repartan como cromitos ubicándolos bien marcados con una yerra que les identifica respectivamente a cada cual, con alguno de nuestros partidos políticos del Régimen. Y sin yerra no pueden acceder.
2 Apacienta que haya habido durante cuarenta años asociaciones de jueces llamadas «progresistas» y «para la Democracia», entre otras, para que quienes no se subieran a ese carro fueran automáticamente señalados como conservadores, reaccionarios, fachas, y a la postre, viejos y nuevos franquistas de mierda (fascistas en el ejercicio habitual y profundamente intelectual de nuestra siniestra (nótese el sarcasmo), a los cuales una vez señalados había que marginar o hacer irrelevantes en los núcleos de decisión y de selección para procesos como el del Cuarto Turno.
3 Apacentó la degradación Constitucional de hacer un informe, como reza nuestra Constitución Española (CE) de 1978 (oído el CGPJ…) prácticamente favorable a la designación de Dolores Delgado (la que bebe de mi copa —la mía no, entiéndame—) diputado por Madrid de la PSOE y Ministro de Justicia (y Notario Mayor del Reino) del Gobierno presidido por el mismo señor que la metió como Fiscal General del Estado. Una degradación insólita que merecía una respuesta de nuestros poderes independientes (si hubiéramos tenido alguno). Destaquemos aquí que el «velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social» lo consagra nuestra CE como misión para el Ministerio Fiscal dentro del Titulo VI del Poder Judicial.
¿Dónde está nuestro interés social? ¿O dónde no está? Continuará…
