Año tras año crece el número de centros educativos españoles en los que se imparte la asignatura de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, una materia diseñada, promovida y controlada por el reino alauita, es decir por un país extranjero, en defensa de sus intereses sobre los españoles.
El programa, lejos de ser tratado como una injerencia por las instituciones del país en el que se aplica, es fruto de un acuerdo bilateral firmado en 1985 entre España y Marruecos, se desarrolla sin fiscalización por parte del Ministerio de Educación y, por si el diseño del currículo fuera poco, con docentes elegidos de manera discrecional por Rabat.
En Cataluña, más de 128 centros ofrecen esta enseñanza, en Primaria y en Secundaria. Además, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, la Región de Murcia y La Rioja, completan la nómina de 12 comunidades autónomas en las que se aplica un programa que ha crecido en silencio, al margen del debate parlamentario y de cualquier tipo de rendición de cuentas educativa o política.
Control de Marruecos
La asignatura forma parte del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM), dirigido por el Ministerio de Asuntos Islámicos y Educación de Marruecos, que selecciona y envía a los profesores. Aunque las clases se imparten en principio en horario extraescolar, en varios casos han sido incorporadas al horario lectivo. Existen, de hecho, dos modalidades de aplicación del programa. La A, que tiene lugar fuera del horario lectivo obligatorio; y la B, que se desarrolla durante las horas lectivas.
Los docentes del programa no están sujetos a inspección educativa española ni se integran en el sistema de oposición o formación del profesorado nacional. Además, el contenido que imparten no es revisado por el Ministerio de Educación ni evaluado por ningún organismo español, tampoco por las comunidades autónomas o algún organismo de ámbito europeo.
El programa está dirigido en teoría a alumnos de origen marroquí, con el objetivo declarado de «preservar su lengua, cultura e identidad nacional», que ya es más de lo que los españoles reciben en varios regiones. Los contenidos incluyen árabe clásico, historia y geografía de Marruecos y «valores tradicionales» del país.
Desde el Gobierno marroquí se presenta como una herramienta de proyección cultural en el exterior. El acuerdo carece de reciprocidad institucional: Marruecos no ofrece espacios equivalentes para el fomento de la lengua y cultura españolas en su sistema educativo. Tampoco se ha establecido ningún mecanismo bilateral de evaluación ni de revisión pedagógica conjunta.
Coste y opacidad
Aunque Marruecos financia parcialmente el envío de los docentes, las infraestructuras, recursos escolares y soporte logístico son asumidos en buena parte por las administraciones educativas autonómicas. No existen informes oficiales consolidados sobre el coste del programa para el erario público español, pero diversas estimaciones elevan el gasto por encima de los dos millones de euros anuales en varias comunidades.
Inspectores educativos, sindicatos y asociaciones docentes han expresado su preocupación por el hecho de que se mantenga con fondos públicos un programa que escapa a cualquier control curricular o financiero nacional, mientras se recortan partidas destinadas al refuerzo educativo común.
Según los defensores del programa argumentan que ayuda a mejorar la autoestima del alumnado marroquí y a reforzar el vínculo con las familias inmigrantes, una enseñanza dirigida únicamente a preservar una identidad nacional distinta: «Proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida».
En la práctica, lo cierto es que se trata de la promoción de una forma de vida distinta, contraria en no pocas circunstancias, a la del país de acogida. El programa está lejos de desarrollarse en el marco de una educación común, respetuosa con las costumbres españolas, siquiera de la supervisión local.
Un atentado contra la soberanía y la identidad
Cuatro décadas después de su firma, el acuerdo educativo entre España y Marruecos sigue funcionando al margen del debate parlamentario, sin evaluaciones públicas ni control institucional.
Es inaudito que un Gobierno extranjero intervenga en la educación pública española sin mecanismos de control locales. Lo es todavía más cuando ese país reclama como suyas partes de España. De igual modo, carece de sentido que se financie con recursos públicos un contenido que no ha sido aprobado ni revisado por las autoridades educativas nacionales. Inaudito y sin sentido para los españoles. Tal vez, rentable y provechoso para quienes llevan camino de medio siglo permitiéndolo.
El programa de Cultura Marroquí en colegios públicos refleja las carencias estructurales del Estado, en concreto del sistema educativo, frente a la invasión migratoria, la soberanía y la defensa de la identidad. Un caballo de Troya de Marruecos en España.
