Los pasaportes de vacunación son el más reciente en una larga lista de términos inusuales con los que nos hemos familiarizado en el pasado año. El Washington Post informa de que la Administración Biden está trabajando para coordinar un programa nacional que exigiría a los ciudadanos mostrar una prueba de su estado de vacunación para poder viajar o entrar en lugares públicos, pero la administración se ha negado a responder a preguntas concretas al respecto.

En su lugar, los funcionarios han señalado las declaraciones realizadas por el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients. Zients está supervisando el esfuerzo entre las agencias gubernamentales involucradas en la labor, en gran parte impulsado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y una oficina dentro de este departamento, dedicada a la tecnología de la información sanitaria. “Nuestro papel es ayudar a garantizar que cualquier solución en este ámbito sea sencilla, gratuita, de código abierto, accesible para la gente tanto en formato digital como en papel, y diseñada desde el principio para proteger la privacidad de las personas”, dijo Zients.

Se espera que los pasaportes se presenten en forma de aplicaciones para teléfonos inteligentes, con descargas en papel para quienes no dispongan de esa tecnología. Los esfuerzos del gobierno de Biden están siendo respaldados por un creciente número de empresas privadas, como la Norweigan Cruise Line y equipos deportivos como los Miami Heat, que han dicho que exigirán la documentación para algunos o todos los servicios.

Estos avances han suscitado un intenso debate entre los estadounidenses. El célebre médico Drew Pinsky, por ejemplo, provocó recientemente reacciones en las redes sociales tras afirmar que los pasaportes de vacunación “segregarían a las personas y las privarían de su libertad para viajar internacionalmente”.

Una encuesta reciente reveló que el 64% de los estadounidenses apoya la imposición de límites a los viajes en función del estado de salud de las personas. Otros, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se han movilizado para anular la idea. DeSantis ha pedido recientemente a la legislatura estatal que redacte medidas permanentes que prohíban tales requisitos.

Soluciones viejas para problemas nuevos

Aunque el debate sobre la coacción a la población para que se vacune lleva un tiempo en calma, no es algo nuevo. Estados Unidos tiene una larga historia de exigencia de vacunas para entrar en las escuelas públicas, y muchos empleadores, especialmente los del ámbito médico, también han obligado a los empleados a vacunarse. La OSHA, la agencia reguladora del Departamento de Trabajo apoya estas exigencias.

Tampoco es la primera vez que el gobierno intenta restringir los viajes y el acceso a los servicios en función del estado de las vacunas. A principios del siglo XX, a menudo se le pedía a los viajeros que mostraran una prueba de que habían obtenido la vacuna contra la viruela en los puertos de entrada del país. Y, durante una serie de brotes entre 1898 y 1903, varios estados norteamericanos autorizaron la vacunación obligatoria, mientras que otros se apoyaron en instituciones públicas y privadas para presionar a los estadounidenses a vacunarse. Un periódico de Kansas City escribió que “Mostrar una cicatriz” (prueba de la vacuna) era la contraseña oficial para entrar en las logias y otras reuniones.

Mientras el país lucha por reabrirse, y los estudios demuestran que muchos estadounidenses creen que el virus es mucho más mortal de lo que realmente es, no es de extrañar que esta política resurja. Pero, como ocurre con muchos de los planes del gobierno, estas acciones tendrían muchas consecuencias negativas no previstas.

Una pendiente resbaladiza

Una cuarta parte de los estadounidenses ya ha declarado que no tiene intención de vacunarse. Lejos de incentivar a los estadounidenses resistentes a vacunarse, los pasaportes de vacunación en realidad dan pie a las teorías conspirativas y podrían hacer que algunas personas dudaran aún más del tratamiento.

Los pasaportes también plantean significativos problemas de privacidad e invocan traumas pasados de abuso gubernamental, específicamente para las personas de color que históricamente fueron utilizadas para la experimentación médica por el gobierno. Por último, casi no hace falta decir que el hecho de que un gobierno exija a las personas que “muestren sus papeles” es una pendiente aterradora y resbaladiza que ya ha dado lugar a grandes violaciones de los derechos humanos.

Los estadounidenses han sido condicionados a aceptar las violaciones de su libertad de movimiento durante más de un siglo, ya que el gobierno ha aumentado constantemente la regulación sobre dónde vivir, a dónde viajar y dónde trabajar. Pero hay que tener en cuenta que no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando se empezaron a ver cosas como los pasaportes y mucho menos los amplios controles de inmigración, los requisitos estatales de residencia y las licencias profesionales que dificultan las opciones de compra y venta de todos los residentes. La historia demuestra que estas libertades, una vez cedidas, son difíciles de recuperar.

La libre circulación es un derecho natural

En su obra fundamental, La Riqueza de las Naciones, el economista Adam Smith dijo que debe haber libre circulación para todos en el sistema, de modo que cada hombre pueda buscar la mejor oportunidad para su trabajo o recursos. Este es un principio económico básico y un derecho humano. Si uno no es libre de moverse y buscar seguridad, recursos o la mejor oportunidad para sí mismo, no es verdaderamente libre.

La importancia de este principio se puso de manifiesto el año pasado. Muchos estadounidenses huyeron de estados con estrictas restricciones de cierre y camas de hospital desbordadas para buscarse una vida mejor para ellos y sus familias. Otros fueron encerrados en sus casas y se les prohibió ir a cualquier parte. Esto debió haber sido un llamado de atención que hiciera que los estadounidenses volvieran a defender la libertad de movimiento.

Los estadounidenses no necesitan pasaportes de vacunación para volver a la normalidad. De hecho, en los estados en los que ya se han suavizado las restricciones (incluyendo algunos de los más poblados, como Texas y Florida) la actividad económica y social se ha reanudado, mientras que las muertes se han mantenido a la par o por debajo de los estados con confinamientos.

La libertad conlleva responsabilidad y un gran número de personas está eligiendo voluntariamente vacunarse. Quienes no lo hacen aceptan los riesgos en los que pueden incurrir y no deberían suponer una amenaza para los vacunados. Y para las personas que no pueden recibir las vacunas sigue existiendo la opción de quedarse en casa, mantenerse socialmente distanciadas y tomar otras precauciones como harían con cualquier otra amenaza para su salud.

En última instancia, las empresas privadas tienen derecho a determinar a quién permiten entrar en su propiedad y con quienes hacen negocios. Las empresas mantienen los derechos de propiedad y la libertad de asociación y no necesitan que el gobierno imponga a sus clientes en su nombre. Este es un debate que el libre mercado está más que preparado para resolver. Dejemos que las empresas determinen lo que es mejor para ellas y que los consumidores decidan qué medidas merecen su dinero. Pero no permitamos que el gobierno siga despojándonos de nuestros derechos a la libre circulación.

Hannah Cox | FEE