Con la excusa de una supuesta justicia, el Gobierno ha utilizado la Ley de Memoria para ampliar el cuerpo electoral con cerca de un millón de personas que jamás han vivido en España: más de 800.000 nuevos votantes, de los cuales apenas un 10% tiene relación con el franquismo, han sido incorporados al censo por una simple instrucción administrativa.
El objetivo de rescatar un imaginario sentimental afín al Frente Popular y trasladarlo a las urnas del siglo XXI ha sido materializado por el PSOE. Hoy pueden votar como «españoles» quienes sólo comparten una genealogía ideológica, mientras se niega el derecho de votar en su tierra a los 200.000 españoles que tuvieron que abandonar su región bajo el terrorismo de ETA.
