La libertad de educación se abre paso en los Estados Unidos frente a la ideología de género

Ninguna administración pública es quién para interponerse entre los padres y la nutarelza cuando se trata de decidir lo que es mejor para sus hijos

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Por primera vez en más de una década, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictado una medida cautelar a favor de unos padres que se oponen a la enseñanza obligatoria de contenidos relacionados con la ideología de género en escuelas públicas. Una decisión que llega en un momento de intensificación de las llamadas guerras culturales, y señala los límites del poder del Estado frente a los derechos constitucionales de las familias.

El caso Mahmoud vs Taylor enfrenta a padres católicos, ortodoxos y musulmanes contra el sistema de Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS), en Maryland, a las afueras del Distrito de Columbia. Los demandantes alegan que el distrito escolar violó su derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión, consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al obligar a sus hijos (de entre 4 y 13 años) a participar en clases con lecturas que promueven la aceptación de la identidad trans y el matrimonio homosexual sin posibilidad de exclusión.

La Primera Enmienda prohíbe al gobierno «establecer una religión» o impedir «el libre ejercicio de la religión». En la jurisprudencia estadounidense, esto ha sido interpretado como principio para proteger a las familias frente a la imposición de visiones ideológicas que entren en conflicto con sus creencias. Además, garantiza el derecho a la objeción de conciencia y el deber de las instituciones públicas de mantener una neutralidad religiosa.

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La objeción de los padres

Cuando el condado de Montgomery adoptó inicialmente los libros «inclusivos», ofrecía a los padres la posibilidad de excluir a sus hijos de esas clases, como ya ocurre con la educación sexual en todo el Estado Maryland. En cambio, en 2023, esa excepción fue revocada unilateralmente. Desde entonces, todos los alumnos deben asistir obligatoriamente a estas sesiones.

La demanda de los padres no fue una denuncia de los contenidos, sino de la eliminación de su derecho a objetar. «No nos oponemos a la diversidad ni a la tolerancia, sino a que se nos niegue la posibilidad de actuar conforme a nuestra fe», afirmaron en sus escritos. En su fallo provisional, el alto tribunal, con una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas, concluye que existen motivos fundados para creer que el distrito ha vulnerado esos principios.

Adoctrinamiento disfrazado de educación

El caso recuerda a Wisconsin vs Yoder, por el que la Corte Suprema permitió en 1972 a unos padres amish retirar a sus hijos del sistema escolar a partir de octavo curso por motivos religiosos. También se vincula con Parents Involved vs Seattle, de 2007, realtivo al derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos frente a políticas estatales de discriminación positiva.

Mahmoud vs Taylor, sin embargo, además introduce un nuevo elemento: la oposición a la imposición de una visión oficial sobre «género» e «identidad sexual» a menores, en un contexto pos-Obergefell vs Hodges, de 2015, que legalizó el matrimonio homosexual a escala nacional. Entonces, el juez Samuel Alito subrayó que Obergefell «no convirtió su doctrina en ortodoxia estatal obligatoria» y que los padres conservan el derecho a disentir sin ser marginados. Citó un cuento incluido en el currículo de MCPS que «celebra el matrimonio homosexual como causa de júbilo universal», y criticó su carácter proselitista dirigido a niños muy pequeños.

Durante el juicio, los abogados del distrito han defendido los libros utilizados como «herramientas de representación y equidad», afirmando que si algunos alumnos se ausentaban de las clases, se desvirtuaba el objetivo pedagógico, ya que el material ofrece perspectivas diferentes a los cuentos «heteronormativos» tradicionales.

Un precedente importante

Aunque se trate de una medida cautelar, el dictamen de la SCOTUS reconoce que los derechos de los padres son determinantes cuando se trata de la educación moral y religiosa de sus hijos. Además, lanza un mensaje claro: el Estado no puede imponer una visión ideológica a menores sin ofrecer alternativas razonables.

La causa sigue su curso en tribunales inferiores, pero el respaldo de la Corte Suprema es ya una victoria importante para quienes defienden los derechos de los padres frente al avance de políticas ideológicas con apariencia de educativas. Este caso es ya un precedente en otros estados donde las familias buscan mayor libertad para excluir a sus hijos de programas escolares que contradicen su forma de vida y la propia naturaleza.

En los tribunales y en la calle

La decisión de la Corte Suprema es una victoria muy importante para las familias, que refuerza su capacidad de decisión sobre lo que se enseña en los centros públicos de enseñanza, y no es la única. Los padres también están cosechando triunfos más allá del ámbito judicial. Uno de los avances más significativos ha tenido lugar en Texas, donde se ha aprobado un programa universal de elección de escuelas privadas por medio de un cheque escolar. Gracias a esta medida, miles de familias podrán acceder a colegios que antes estaban fuera de su alcance.

Por el momento, 17 estados ofrecen programas de elección de escuelas privadas sólidos y accesibles para la mayoría de las familias. En otras palabras, un 45% de los estudiantes en los Estados Unidos ya son elegibles para participar en algún programa de este tipo. Una cifra impensable hace sólo unos años.

Donald Trump también ha mostrado un firme apoyo a la libre elección escolar, en línea con los republicanos del Congreso, que impulsan un ambicioso programa federal de créditos fiscales. El plan está incluido en un proyecto de ley que ya ha recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes y se encuentra actualmente bajo revisión en el Senado. Si se confirma su aprobación, podría extender la libertad de elección educativa a estados tradicionalmente demócratas que hasta ahora la han rechazado.

La reciente victoria en la Corte Suprema, sumada a la expansión delos programas que hacen posible una verdadera elección escolar, beneficiará a millones de familias estadounidenses, al consagrar que ninguna administración pública, ni ningún burócrata, es nadie para interponerse entre los padres y la nutarelza en su derecho a decidir lo que es mejor para sus hijos.

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