Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2024, unos hombres uniformados irrumpieron en la casa de una periodista del interior centroamericano. Aunque no es indiferente el nombre ni el país concreto, lo cierto es que, de algún modo, da igual. Aquella noche los agentes no mostraron orden clara, ni respondieron preguntas. Revisaron cajones, se llevaron teléfonos, discos duros y el ordenador donde ella escribía. Le notificaron que quedaba bajo investigación por «difundir noticias falsas contra la seguridad del Estado» y que sus cuentas bancarias serían congeladas si no presentaba una defensa en cuarenta y ocho horas.
La periodista —su nombre, de nuevo, es lo de menos, porque son tantos y tantos— había publicado en un medio digital una investigación sobre contratos irregulares del Estado con empresas fantasma. Aquellas amenazas nocturnas no respondían a delito alguno ni a una peligrosa sedición; sencillamente nacieron de su oficio bien ejercido, nada más. Desde entonces, su vida se ha transformado en un expediente judicial, como la de muchos otros en Iberoamérica.
No es un caso aislado. En numerosos países de Iberoamérica la censura ha cambiado de rostro. Los caciques de hace décadas golpeaban puertas y perseguían redacciones. Hoy, las puertas se mantienen cerradas mientras que la mordaza a la libertad de prensa entra por los juzgados. Donde antes había manotazos y griterío, ahora hay notificaciones judiciales. La mordaza se imprime en papel membretado. Por eso es más grave aún: porque tras la apariencia de legalidad se esconde una judicialización silenciosa: lenta, fría, técnicamente impecable, pero letal para los medios libres.
El nuevo rostro del autoritarismo
Durante décadas, algunos de los regímenes iberoamericanos controlaron la información mediante la fuerza. No nos suena extraño. En la década de los noventa, las redacciones eran allanadas; en los dos mil, se clausuraron decenas de emisoras. Hoy, apenas unos años después, las órdenes judiciales y los códigos penales se han convertido en sus instrumentos predilectos. La persecución ya no suena al tac tac de las botas militares, sino a la arbitrariedad de sus sentencias.
El informe 2024 de Libertad de expresión y periodismo en Centroamérica, de la Fundación Heinrich Böll, advierte que las amenazas más agresivas ahora provienen precisamente de quienes deberían proteger la prensa: gobiernos que promueven demandas civiles o penales, que bloquean ingresos y activan trampas legales disfrazadas de procesos administrativos normales. Y aunque en apariencia son casos aislados lo cierto es que, en la práctica, funcionan como componentes de una maquinaria disciplinaria. Muchos gobiernos temen la libertad de prensa y han puesto a funcionar sus mecanismos de persecución.
Nicaragua ejemplifica el extremo al que puede llegar este proceso. Reporteros Sin Fronteras ubica a Nicaragua al final de la región como uno de los países con peor puntuación en libertad de prensa. No en vano, en la clasificación mundial de 2025, Nicaragua figura como el país latinoamericano peor evaluado. En esa lista, 22 de los 28 países de la región registran descensos en su indicador económico, lo que refleja una presión financiera creciente sobre los medios.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado o confiscado más de sesenta medios desde 2018, forzando al exilio a cientos de periodistas que hoy operan desde Costa Rica, España o Estados Unidos, llegando a publicar en sitios espejo o cuentas satélites. La libertad de prensa se convierte así en una anomalía, mientras que el Gobierno acusa a los exiliados de «traición» o les aplica leyes de «noticias falsas» para criminalizar la disidencia.
Algo parecido ocurre bajo el régimen de Nicolás Maduro. Aunque en Venezuela la estrategia ha sido más gradual, la persecución ha terminado siendo igual de eficaz. La presión económica, los litigios administrativos y las demandas por difamación dirigen el control mediático del país. Un ejemplo: en 2021, la revista El Nacional fue condenada a pagar más de 13 millones de dólares en una demanda promovida por un dirigente político, y poco después su sede fue confiscada. El mensaje es claro: la verdad puede llegar a costarte tu casa.
Una maquinaria de desgaste
El mecanismo se repite con tibieza desde distintos rincones del continente. Un medio publica una investigación incómoda para el poder (¿acaso no deberían ser todas las investigaciones así?). Entonces un funcionario o empresario interpone una demanda por vía judicial. Un juez ordena una medida cautelar para congelar cuentas o retener publicidad antes de fallar la sentencia, y ya está. A este tríptico de censura no le hacen falta condenas: el medio queda automáticamente paralizado. Y entonces lo que no se publica, deja de existir.
Son muchos y muy poderosos los ejemplos. En México varios reporteros locales han sido víctimas de esa estrategia agotadora, que termina por asfixiar el libre ejercicio del periodismo veraz e independiente. Las audiencias se posponen durante meses, los recursos legales se entorpecen y los fallos siempre favorecen al poder. La lentitud burocrática —extraña en un sistema que presume de eficacia— se convierte en un arma de las instituciones.
Claro que eso no basta a los regímenes autoritarios de Iberoamérica. El acoso judicial suele complementarse con otra vía: el control de la publicidad estatal. Millones de dólares en campañas oficiales terminan condicionando la supervivencia de medios. La propaganda como garantía de continuidad económica. Precisamente por eso, al retirar esa publicidad, el Estado asfixia aquellos medios de comunicación que se atreven a incomodar, sin necesidad de cierres formales. La independencia informativa se convierte así en un lujo difícil de sostener.
El andamiaje es total en esta estrategia de persecución. En algunos casos las demandas no provienen directamente de entidades estatales u organismo gubernamentales. El autoritarismo siempre trata de camuflarse, pero siempre con poco éxito. Es a través de empresas vinculadas al poder, sociedades interpuestas, bufetes amigos, testaferros corruptos… esta red de censura actúa para ocultar la responsabilidad política directa. Pero el efecto es el mismo: intimidar, desgastar, silenciar.
Nicaragua, el apagón perfecto
Pocas naciones han perfeccionado esta maquinaria de censura con tanta finura como Nicaragua. Desde las protestas de 2018, el régimen ha desmantelado toda la prensa crítica, en una constante persecución a la libertad de expresión: emisoras cerradas, medios confiscados, periodistas exiliados y múltiples acusaciones de delitos inventados.
La llamada «Ley de Ciberdelitos», aprobada en 2020, castiga la difusión de información «falsa o tergiversada» que «pueda generar alarma pública». Así la literalidad de la ley se convierte en garantía de censura. La ambigüedad de su redacción facilita que cualquier crítica sea interpretada como delito. Bajo ese paraguas, decenas de periodistas han sido detenidos o forzados al exilio; muchos de ellos operan desde el exterior, pero con no poco temor por sus familias dentro del país.
En esta misma línea, en febrero de 2025 Ortega ordenó el cierre de la oficina de la FAO en Managua tras la publicación de un informe que cuestionaba su política agraria. Para el régimen nicaragüense la disidencia es peligrosa, y por eso no dudó en tildar el informe de «información falsa». En ese contexto, claro, la verdad deja de ser un derecho y se convierte en delito. Y el exilio es la única vía para muchos medios que aún buscan informar.
Venezuela, la censura económica
Aunque en Venezuela la represión ha sido más paulatina, sus efectos han terminado siendo igualmente efectivos. Las incontables demandas por difamación, los bloqueos digitales y los litigios administrativos por parte del régimen de Nicolás Maduro convergen hacia un solo fin: controlar qué se puede decir y qué no; quién debe expresar su opinión y quien, por el contrario, supone una amenaza.
El caso de El Nacional ejemplifica a la perfección el patrón del régimen: medio independiente, acusación millonaria, fallo devastador, y embargo de activos. Desde que esta mecánica de la censura opera, trabajar por la libertad en Venezuela es hacerlo con redes espejo, colaboradores en el exterior y constante riesgo de bloqueo digital. Organizaciones como Espacio Público documentan hasta cientos de casos donde la justicia sirve de instrumento de persecución.
Pero no sólo el uso torticero de la justicia; el régimen de Maduro ha perfeccionado su capacidad de represión económica. Bajo una lógica perversa, las instituciones han entendido que, mejor que la clausura formal, es la asfixia económica, que obliga a la autocensura. Así es como sobreviven medios que apenas respiran. Y la pluralidad, tan solo aparente, se desvanece cuando nadie puede sostenerla. El silencio se convierte en norma.
Centroamérica y México: zonas grises
En el espacio que va de Nicaragua a México se extiende una franja ambigua: países donde la democracia formal convive con prácticas autoritarias. Ahí encontramos algunos casos en México, Honduras, El Salvador o Guatemala. Aunque no se den agresiones físicas, la presión legal y el hostigamiento gubernamental actúan como herramientas de censura al periodismo libre.
México es uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo. En 2024 se registraron al menos cinco asesinatos de periodistas, lo que mantiene al país entre los más letales de América Latina —según el informe América: región 2025 de Reporteros Sin Fronteras—. Además, en los últimos siete años, ocho periodistas protegidos por el Mecanismo Federal de Protección fueron asesinados, lo que evidencia la fragilidad institucional del país. Asociaciones como Amnistía Internacional o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) lo denuncian cada año.
La misma clasificación de Reporteros Sin Fronteras ubica a Honduras en el puesto 146 de 180. A la cola del periodismo libre, el sistema hondureño refleja un entorno cada vez más hostil para la prensa independiente. Los trucos de esta hostilidad no son nuevos, claro: la concentración mediática y las tácticas legales así lo confirman.
El precio del silencio
Cada demanda, cada congelamiento, cada proceso tiene un nombre y un rostro. Aquella periodista del inicio vive hoy exiliada en un país cercano, separada de su familia, trabajando gracias a un portátil donado por unos compañeros de profesión. Como ella, tantos que envían sus artículos cifrados, muchas veces bajo seudónimo. Toda una carrera profesional esfumada bajo la sombra de la sospecha por parte de los regímenes.
En Venezuela, la reportera gráfica Deisy Peña fue detenida en 2024 por fotografiar una protesta en Maracay. Entonces fue acusada de terrorismo y manipulación informativa. ¡Una fotógrafa acusada de terrorismo! Peña estuvo hasta cuarenta y cinco días incomunicada antes de ser liberada con medidas cautelares. Desde entonces no ejerce su oficio con normalidad: «Me prometí no volver a sacar la cámara en la calle», confesó recientemente.
Son historias repetidas de norte a sur. En América Latina, entre enero y julio de 2025, al menos trece periodistas fueron asesinados por ejercer su profesión: ocho en México, dos en Perú, uno en Colombia, uno en Guatemala y uno en Ecuador. Unos números que sitúan a la región en una cima alarmante: apenas hace tres años, en 2022, Latinoamérica fue la región más mortífera para el periodismo, con 30 periodistas asesinados, casi la mitad del total mundial, según el CPJ.
Mientras tanto, los medios de comunicación en la región enfrentan una crisis estructural. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, 22 de los 28 países latinoamericanos han registrado caídas en su indicador económico, lo que revela la presión financiera de los regímenes y, como consecuencia, la debilidad de su independencia editorial. Este conjunto de factores adversos —donde la libertad de expresión siempre es víctima— conforma un apagón gradual: el asesinato, cuando ocurre, es brutal y visible; pero el silencio impuesto por la ley es sigiloso, persistente y devastador.
Resistir frente a la injusticia
Aunque en las sociedades libres el derecho protege, en aquellos países donde la política no tiene frenos, la justicia se convierte en aliada. Cuando los tribunales son permeables al poder, el derecho se vuelve instrumento de opresión. La justicia garantía de injusticia. Las leyes ambiguas —sobre «honor», «difamación», «terrorismo digital», «noticias falsas»— funcionan como trampas abiertas. Y aquello que debería garantizar la democracia se convierte en mecanismo de control.
Como hemos visto a lo largo del reportaje, varios estudios advierten que este fenómeno no es nuevo, pero ahora es más sofisticado. Los procedimientos legales, las formalidades y las cláusulas técnicas actúan como disfraz perfecto. En demasiados regímenes iberoamericanos el castigo ya no es persecución: es «debido proceso». Y el poder se viste de juez.
Aun así, hay quienes se niegan a callar. Durante los últimos años en Costa Rica, Colombia o España han surgido redes de periodistas exiliados que publican desde el extranjero lo que ya no pueden publicar en su país. Se organizan en redacciones virtuales, comparten recursos y colaboran mutuamente. Gracias a ello la cooperación transnacional se ha convertido en refugio de estos periodistas valientes y estrategia para seguir difundiendo la libertad.
Pero también proliferan en favor de la libertad de prensa algunas alianzas legales: a las persecuciones gubernamentales por fin se enfrentan abogados especializados en libertad de expresión, campañas de mecenazgo para financiar defensas, así como apoyo y visibilidad por parte de organismos internacionales. La exposición pública opera como escudo: los gobiernos temen más al escándalo que al disenso, así que alzar la voz se ha convertido en la única herramienta poderosa frente a su censura.
La batalla, en cualquier caso, sigue siendo desigual. Aunque la libertad no teme los recursos del poder, sus herramientas son numerosas: la presión económica y judicial persiste, los procesos no se archivan y el señalamiento continúa. Así muchos medios sobreviven entre colectas y desplazamientos. En muchos casos, la victoria consiste solo en seguir publicando una semana más.
Cuando la ley calla la verdad
La judicialización del periodismo libre e independiente puede parecer una cuestión técnica. ¿Acaso los periodistas no están también sujetos al cumplimiento de la ley? Claro, sí, pero la respuesta, sin embargo, tiene forma de otro interrogante: ¿puede existir democracia sin prensa libre? En Iberoamérica, donde la ley ya habla como lenguaje del poder, la respuesta se torna cada vez más incierta.
En demasiados países de Iberoamérica un nuevo autoritarismo se está imponiendo, no con fusiles, sino con sellos oficiales. Su fuerza está en la forma, en la apariencia de legalidad, en el temor disfrazado de litigio, en la persecución escondida tras la justicia. Frente a esta ley del silencio, el periodismo libre e independiente sigue siendo un acto de resistencia civil: documentar, escribir y publicar es el primer paso para lograr la libertad. Si la ley se usa para callar la verdad, contarla se ha convertido en un acto de extrema necesidad.
