Entre 2008 y 2017, 13 comunidades autónomas aprobaron diversas leyes dirigidas, en teoría, a proteger a las personas que se encuadran bajo las siglas LGTBI. «Ley de no discriminación», «ley por la igualdad de trato», «ley para garantizar los derechos (…) y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia», «ley de igualdad social», «ley de identidad y expresión de género»… son algunas de las expresiones utilizadas en sus enunciados.
A éstas se va a sumar Castilla-La Mancha, que tiene previsto aprobar la suya en el próximo periodo de sesiones que comenzará el mes de enero. Será la primera, ha subrayado ufana la consejera de Igualdad Blanca Fernández, que tendrá una perspectiva rural del asunto y contará con memoria económica para 2022.
El Ministerio de Igualdad aprobó el pasado mes de junio su propia propuesta legislativa, que pretende reiterar lo previsto en las normas autonómicas a nivel nacional y que ha titulado pomposamente como Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Esta ley ha sido criticada desde muchos ámbitos. Tanto que al Gobierno algunos grupos parlamentarios —incluso entre sus socios Frankenstein— le madrugaron la discusión de una proposición de ley sobre la misma materia que fue derrotada por la abstención del PSOE que se desvinculó de la pretendida «autodeterminación de género».
Después se sucedió una intensa disputa interna entre feministas de segunda y tercera ola, liderada por la exvicepresidenta Carmen Calvo, ya defenestrada por Sánchez, y por la ministra de Igualdad, Irene Montero. El consenso alcanzado prevé el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo máximo de cuatro meses.
Y, bajo la excusa de evitar el fraude de ley, se incorpora una incongruencia colosal: las personas que den el paso de cambiar la mención registral del sexo no podrán desandar el camino sin autorización judicial. Dicho de otra forma, la mera declaración permite el paso de A a B, pero si uno decide dar marcha atrás, tiene que intervenir la Justicia.
Se trata pues de una autodeterminación de género de una sola dirección, un viaje de ida sin retorno, tan incoherente como impedir a una persona, en el uso de su libertad, que pueda pedir ayuda para modificar hábitos sexuales o recuperar unos distintos a los deseados ahora y que antes eran desatendidos. En efecto, también estará prohibido.
La norma está en estos momentos varada en el Ministerio de Justicia, que ha de remitirla a los órganos consultivos. Mientras tanto, las organizaciones que dicen representar a las personas colectivizadas bajo las siglas LGTBI, ya afilan los cuchillos para impulsar enmiendas durante la tramitación parlamentaria que den una vuelta de tuerca más.
Este anteproyecto de ley, como todas normas de rango autonómico promulgadas al efecto, es absolutamente innecesaria, en tanto que la Constitución ya consagra la igualdad ante la ley de todos los españoles. Más aún, abunda en la desigualdad al privilegiar determinados comportamientos y formas de pensar, incluso con bonificaciones fiscales, ayudas económicas, subvenciones y facilidades de inserción laboral, por el mero hecho de que Juan exprese sentirse Juana. Es contraria a la libertad de quien reclama de forma voluntaria ayuda para cambiar de vida; establece un régimen sancionador sin garantía, que invierte la carga de la prueba y lamina la presunción de inocencia; atenta contra la seguridad jurídica (cambios registrales a petición sin elemento acreditativo) y vulnera la libertad educativa y el derecho de los padres a decidir en este ámbito sobre sus hijos conforme a sus convicciones.
De ser aprobada, esta norma será una carga de profundidad sin precedentes contra el deber de protección de la infancia por parte de los poderes públicos y amenaza la patria potestad de los padres.
Más allá de todas estas amenazas, destaca esa característica de ley de almadraba, «pesca que se hace con atajadizos, por donde los atunes entran en un cerco de redes del cual no pueden salir», a decir de la Real Academia Española.
Lo dicho: un laberinto legal sin retorno de consecuencias irreversibles ya desde la más tierna infancia.
