El Gobierno ha aprobado un real decreto que permitirá a los inmigrantes ilegales acceder a la sanidad pública con cargo a fondos públicos simplemente presentando una declaración responsable en la que aseguren no disponer de cobertura por otra vía. La norma busca homogeneizar el procedimiento en toda España y facilitar una atención inmediata, otorgando incluso un documento provisional válido en cualquier comunidad autónoma mientras la administración resuelve la solicitud.
Esta decisión llega en un momento especialmente delicado para el sistema sanitario español. Las listas de espera baten récords, el colectivo sanitario está al límite, faltan médicos en atención primaria y los ciudadanos perciben cada vez con mayor claridad el deterioro de los servicios públicos. A pesar de que los españoles soportan una presión fiscal creciente, la calidad de la atención sanitaria y el estado de muchas infraestructuras no deja de empeorar.
En un sistema ya saturado, ampliar el acceso sin reforzar previamente los recursos se traducirá necesariamente en más colapso, más demoras y, en última instancia, en consecuencias graves para la salud de muchos españoles.
