Ha pasado un año desde que España se quedó a oscuras. El 28 de abril de 2025, a las 12.33 horas, el sistema eléctrico peninsular colapsó y dejó sin suministro a decenas de millones de personas en el fallo de red más grave registrado en Europa en más de dos décadas.
El apagón tuvo dimensión ibérica, porque también afectó a Portugal y se propagó por el sistema interconectado de la Península. Pero el origen técnico y político de la crisis estuvo en España. Desde entonces se han abierto investigaciones, se han publicado informes y se han iniciado procedimientos sancionadores. Lo que no ha aparecido es una responsabilidad clara. Sí han sobrado, en cambio, las excusas.
El apagón empezó como una anomalía técnica y terminó como una demostración de fragilidad nacional. En segundos dejaron de funcionar los semáforos, se detuvieron trenes y metros, se saturaron o cayeron las comunicaciones móviles y miles de comercios, supermercados y gasolineras quedaron inutilizados. En España, el suministro no quedó completamente restablecido hasta la madrugada del 29 de abril, casi 16 horas después.
La magnitud del colapso fue inédita para una generación de europeos. En el momento de la caída, la energía solar suministraba cerca del 60% de la electricidad española y el conjunto de las renovables rondaba el 78% de la producción. La red estaba exportando electricidad a Portugal, Francia y Marruecos cuando, entre las 12.32 y las 12.33 horas, unos 2,5 gigavatios de generación se desconectaron sin aviso.
La tensión se disparó por encima de los umbrales normales. Los mecanismos automáticos de protección activaron desconexiones en cascada. La interconexión con Francia quedó cortada. En menos de 90 segundos, el sistema eléctrico ibérico alcanzó lo que la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, ENTSO-E, describió como «cero total».
El peor fallo europeo en dos décadas
ENTSO-E confirmó que el episodio del 28 de abril fue el fallo eléctrico más importante registrado en Europa en más de 20 años. También lo definió como un acontecimiento «único en su género».
Las causas, según su informe final, no fueron simples. La investigación, elaborada durante casi un año por un panel de 49 expertos y publicada el 20 de marzo de 2026, señaló una combinación de factores: oscilaciones de tensión y frecuencia, deficiencias en el control de la potencia reactiva, diferencias en las prácticas de regulación de tensión entre generadores, reducciones rápidas de producción y desconexiones en cascada en España.
La limitada interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa, un problema estructural advertido desde hace años, agravó además la crisis.
La investigación paralela del Gobierno español, publicada el 17 de junio de 2025, apuntó específicamente a la falta de capacidad suficiente de control dinámico de tensión el día del apagón. También señaló que algunos generadores se desconectaron antes de que se alcanzaran los umbrales regulatorios de tensión, empeorando la situación sin justificación técnica.
La revisión de ciberseguridad, que examinó más de 300 gigabytes de información, descartó la hipótesis de un ciberataque.
Muchas excusas, ninguna responsabilidad
Doce meses después, la rendición de cuentas sigue siendo la gran cuestión pendiente. El Gobierno, Red Eléctrica de España —integrada en Redeia— y las compañías eléctricas han apuntado en direcciones distintas.
Red Eléctrica sostiene que actuó conforme a los protocolos establecidos y que restauró el suministro con la mayor rapidez posible. Las eléctricas discuten esa versión y defienden que las señales de inestabilidad eran visibles horas antes del colapso, además de cuestionar decisiones de gestión adoptadas en las horas previas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató pronto de controlar el relato político del apagón. Pidió paciencia y desaconsejó especular sobre el papel de las renovables. El resultado fue un debate público en el que la responsabilidad quedó diluida entre tecnicismos, competencias cruzadas y reproches entre actores del sistema.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto más de 30 procedimientos sancionadores contra Red Eléctrica y otras diez empresas energéticas. A 28 de abril de 2026, ninguno de esos procedimientos ha concluido con una resolución firme que asigne responsabilidades.
También el Senado constituyó el 12 de junio de 2025 una comisión de investigación, por la que han pasado técnicos, expertos y responsables públicos. Pero sus comparecencias tampoco han producido una conclusión definitiva aceptada por todas las partes.
Reformas prometidas y avance lento
Tras el apagón, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2025 el Real Decreto-ley 7/2025, con medidas urgentes sobre supervisión de la red, control de tensión y mayores poderes para la CNMC. La norma fue bloqueada en julio por el Congreso de los Diputados. Las modificaciones siguen pendientes.
Portugal actuó con mayor rapidez. Lisboa anunció un paquete de inversión de 400 millones de euros para su red eléctrica, con el objetivo de elevar la capacidad de almacenamiento en baterías hasta los 750 megavatios y reforzar el suministro a infraestructuras críticas.
En el ámbito europeo, el informe final de ENTSO-E incluyó una serie de recomendaciones para aumentar la resiliencia de la red con tecnología ya disponible. En España, los procedimientos operativos actualizados, incluido un mejor control de tensión para los generadores renovables, están plenamente desplegados desde marzo de 2026.
También han comenzado los trabajos del interconector del golfo de Vizcaya, un nuevo enlace submarino entre España y Francia destinado a reducir el aislamiento eléctrico de la Península respecto al resto de Europa. Es una de las soluciones estructurales más importantes sobre la mesa, aunque tardará años en completarse.
El apagón dejó al descubierto una tensión fundamental de la política energética europea: la integración acelerada de energías renovables no siempre ha ido acompañada de la inversión en redes, infraestructuras y marcos regulatorios necesaria para mantener estable el sistema. La lección no afecta sólo a España y, en menor escala, a Portugal. Pero aquí fue donde se hizo visible de la forma más abrupta.
Para millones de españoles que pasaron todo o parte del 28 de abril de 2025 sin electricidad, el aniversario recuerda hasta qué punto la vida moderna puede deshacerse en cuestión de segundos. También plantea una pregunta incómoda: si la respuesta política e institucional ha estado a la altura de una crisis de semejante magnitud.
