El pasado 4 de febrero, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática puso de nuevo en marcha su maquinaria propagandística. En esta ocasión, en el BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2025, anunció la declaración de La Desbandá como Lugar de Memoria Democrática. Y, como es habitual cuando la Ley de Memoria Democrática se utiliza como principio de autoridad, la interpretación del suceso histórico de febrero de 1937 está repleta de medias verdades, interpretaciones sesgadas, como una herramienta de reescritura de la historia.
La situación de Andalucía en la Guerra Civil
Andalucía fue una de las zonas que menos tardó en estar bajo control del bando Nacional en la Guerra Civil. La sublevación militar había triunfado en importantes plazas como Cádiz, Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba y Sevilla. Con la toma de Huelva el 29 de julio sólo quedaron bajo control del Frente Popular Jaén, Málaga y Almería.
En esos compases de la guerra, Málaga era una de las plazas más importantes para las autoridades frentepopulistas, por lo que durante los meses restantes de 1936 fueron llegando tanto soldados como personas de otras localidades andaluzas a la ciudad. El Frente Popular había instalado allí la base naval en la que estaban situados gran parte de los buques de guerra que quedaron en manos republicanas, tal y como señala Luis Miguel Cerdera en Málaga: base naval accidental (Punto Rojo, 2015).
Sin embargo, en octubre de 1936 y en connivencia con el PNV, el presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero —que llegó a pronunciar la frase «para Málaga ni un cartucho más», cuando le solicitaban las tropas allí apostadas material— e Indalecio Prieto —que además había sido elegido diputado en las elecciones de 1936 por la circunscripción de Bilbao—, ministro de Marina, ordenaron el abandono de la flota de Málaga para sostener la Campaña del Norte y la defensa de Bilbao. Ahí encontramos a los dos primeros culpables del suceso: los dos dirigentes del PSOE por dejar expuesta y desprotegida la ciudad.
Con el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo libre de amenazas, la zona quedó dispuesta para el control de la Armada del Bando nacional, pues el 27 de septiembre partieron desde Ferrol los cruceros Almirante Cervera y Canarias, a los que uniría también el Baleares.
La controversia histórica de La Desbandá
El 3 de febrero de 1937, el bando Nacional, apoyado por soldados italianos del CTV, dirigidos por Mario Roatta, Queipo de Llano y Francisco de Paula de Borbón y de la Torre, duque de Sevilla, preparó la ofensiva definitiva sobre Málaga. Ésta se llevó a cabo tanto por mar, con los cruceros mencionados, como por aire, con el despliegue de aviones Romeo-Ro 37, Fiat CR-32 y Savoia 81. Por su parte, el Frente Popular utilizó sus aviones Polikarpov I-15 y sus bombarderos SB2 Katiuska con los que hostigaron las plazas de Marbella y Granada y a la armada sublevada.
El avance nacional fue contundente y para el 6 de febrero el CTV ya había llegado a Vélez-Málaga y se preparaba para tomar la ciudad, en teoría defendida por 50.000 hombres. Ante la inminente caída de Málaga, tal y como señala Antonio Nadal en Considerando: Abandono y deshonor en la pérdida de Málaga, 1937 (Algorfa, 2021), el 7 de febrero se reunieron los mandos militares de la ciudad, entre los que estaban José Villalba Rubio, Cayetano Bolívar, José Margalef y Rodrigo Lara Vallejo, y decidieron trasladar el cuartel general a Nerja. Esa misma tarde abandonaron Málaga sin avisar a nadie de su marcha ni el lugar al que se dirigían.
El vacío de autoridad provocó una situación de desorden e incertidumbre en Málaga y un número considerable de personas abandonaron a pie la ciudad en dirección a Almería, mezcladas con los soldados. Entonces es cuando se producen los sucesos de la triste desbandá que el BOE y la página web de La Moncloa manifiestan que se realizaron desde los ataques nacionales sistemáticos sobre la caravana humana y que la población civil había sido un objetivo militar. Además, incide en que se produjo una masacre de esos civiles que huyeron por carretera que «inauguró un episodio de violaciones de los derechos humanos agravadas y expandidas durante la II Guerra Mundial», en una maliciosa similitud entre el Bando Nacional en la Guerra Civil y los crímenes de guerra alemanes cometidos entre 1939 y 1945.
Las contradicciones históricas de la narrativa de La Desbandá
En el manejo de las cifras que plantea la narrativa de la Memoria Democrática cabe plantear una serie de dudas. En primer lugar, menciona que «según los expertos» —sin citar el estudio que así lo avala— tomaron la senda de la carretera hacia Almería 200.000 personas, cifra que se eleva a 300.000 según los datos de las «últimas investigaciones». El documento en el que se basan para dilucidar esa cifra es el sumario 19/1937 Sobre la pérdida de la plaza de Málaga, descubierto hace unos años en el archivo personal de Juan Negrín. También en el testimonio del médico de las Brigadas Internacionales Norman Bethune, que llegó a Almería el día 10 de febrero, atendió a algunos de los llegados de Málaga, pero, en realidad, no fue testigo de la huida de Málaga.
Sin embargo, esas cifras, que cada año han ido inflando, parecen poco realistas, teniendo en cuenta que la población total de Málaga, según el censo del año 1930, era de 188.010 personas. Tampoco se conoce con exactitud el número de personas que llegaron desde otras localidades, pero, si esas cifras fueran verídicas, habrían desaparecido ciudades enteras y Málaga habría quedado vacía, algo que no sucedió. Y, por supuesto, se desconoce la cifra de personas que, tras emprender el camino hacia Almería, regresaron hacia la capital y otros municipios malagueños.
En este sentido es necesario mencionar el caso del, ya citado, catedrático Antonio Nadal. El historiador fue uno de los encargados de realizar la memoria colectiva en la que el Ayuntamiento de Málaga colocó los nombres de los represaliados en la ciudad. Él mismo admitió que infló las cifras que la Memoria Democrática tomó por verídicas: de los 7.471 que cifró en un primer momento «a ojo», ha pasado a enumerar en la actualidad a 2537, recogidas en el libro que hemos citado. Allí, además añade que murieron en Málaga a causa de la represión desplegada por los republicanos 3500 víctimas, obviadas por la Memoria Democrática.
Por último, es baladí mencionar que los restos arqueológicos, en contraste con el discurso y el material de archivo en el que se justifican, contrarían la tesis de una encarnizada masacre. Si bien existieron combates durante la retirada, la tesis del bombardeo por mar y aire es incompatible con la arqueología, pues los proyectiles navales lanzados por los buques Canarias y Baleares, con cañones de 105, 120 y 209 milímetros, hicieron fuego de interdicción, es decir, contra cruces o puntos estratégicos similares. Si se hubieran utilizado contra la población civil, mezclada con los soldados en retirada, hubieran hecho desaparecer a las personas que marchaban sobre la carretera, cosa de la que no hay evidencia. Es más, la mayoría de las víctimas mortales es posible que perdieran la vida por el desprendimiento de rocas donde hicieron impacto esos proyectiles.
En cuanto a la aviación, si los bombarderos y aviones del bando Nacional hubieran tomado la terrible decisión de usar las bombas de 50 kilos que portaban contra la población civil, habrían dejado importantes socavones y boquetes identificables que, en la actualidad, no han sido descubiertos.
La responsabilidad gubernamental de La Desbandá
Pese a la ingente cantidad de víctimas a causa de los combates, no se puede afirmar que existiera intención expresa del bando Nacional de realizar un exterminio civil entre las personas que huyeron a pie hacia Almería, pues el relato en el que se sustenta la Memoria Democrática contraría la evidencia arqueológica. Y cabe mencionar, de nuevo, que se han apoyado en datos manipulados para narrar este episodio histórico.
Además, el Gobierno ha vuelto a hacer un reconocimiento desigual y a categorizar a las víctimas de la Guerra Civil pues ha elevado a la categoría de mártires a quienes murieron en La Desbandá y ha obviado a las 3.500 personas que perecieron a causa de la represión republicana, que también merecen respeto y reconocimiento.
Aunque hubo depuración de responsabilidades por parte del Frente Popular de los cargos que encontraban defendiendo Málaga, no hay que olvidar que la decisión de abandonar la ciudad y despreocuparse de su defensa durante los ocho meses en los que vivió la guerra fue, en especial, de dos miembros históricos del PSOE: el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero, y el ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, que no son señalados como culpables en ningún momento ni en el BOE ni en el anuncio de La Moncloa.
Con este reconocimiento, que viene gestándose desde tiempo atrás, la ley de Memoria Democrática vuelve a demostrar que su finalidad no es dilucidar el pasado, sino politizarlo y reinterpretarlo. Y los damnificados por esto son las víctimas del conflicto en ambos bandos, valoradas sólo en cuanto a poder ser instrumentalizadas por el político de turno, y quienes queremos conocer de forma veraz ese episodio tan trágico de nuestra historia.
