La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida más popularmente como la ley del «sólo sí es sí», ha sido durante años el proyecto estrella de Irene Montero. Con la nueva norma las mujeres iban a presenciar la mayor conquista de derechos de la historia. Según nos decían desde Igual Da, claro.

Muy al contrario de lo que se prometió, la norma ha permitido a un rosario de acosadores y violadores ver rebajadas sus penas. En apenas un mes de vigencia de la norma, no hay una sola región en la que no haya habido un condenado beneficiado por el nuevo texto legal. En algún caso el reo incluso ha sido absuelto, pues la norma de Montero vacía de contenido el delito de abuso sexual, pasando todo a ser agresión. Lo que principalmente hace la ley es reducir las penas mínimas que conllevaba antes la agresión para incorporar las penas mínimas que antes castigaban las conductas tipificadas como abuso. En otras palabras, algunas penas mínimas se reducen. Por lo que cualquier condenado puede pedir que se revise su condena.

No tardó la ninistra en culpar a los jueces de los efectos devastadores de su bodrio jurídico; también le faltó tiempo para tacharlos de «machistas» e insistir en que necesitan formación. Dejando a un lado lo paradójico que resulta que Irene Montero pida a alguien que se forme, la realidad es que ella es la principal responsable de las escalofriantes noticias que estamos conociendo estos días. Ella, el ejecutivo entero y los 205 diputados que votaron a favor de semejante chapuza.

Por si las declaraciones de Montero no hubiesen sido suficientemente bochornosas, llegó Pedro Sánchez a poner la guinda del disparate. El presidente pidió poco menos que los jueces obvien la literalidad de la ley y tomen decisiones de acuerdo con los deseos del Gobierno. Algo que escandalizaría a cualquier persona que se mueva dentro de los parámetros democráticos.

Fueron muchas las voces que advirtieron de las enormes lagunas del proyecto del ejecutivo, pero Irene Montero y su chupipandi, con una soberbia infinita, decidieron que era más importante contentar a su parroquia antes que la seguridad real de las mujeres. Realmente, a estas alturas ya ha quedado suficientemente acreditado que a Montero las mujeres no le importan lo más mínimo; únicamente necesita enarbolar un determinado discurso que justifique el enorme negocio que ha resultado ser el Ministerio de Igualdad.

Tanto el CGPJ, como el Consejo de Estado, o el Consejo Fiscal, fueron algunos de los organismos que alertaron de las graves deficiencias del proyecto. También lo hicieron juristas de reconocido prestigio y algunos grupos parlamentarios, especialmente PP y Vox. Hasta ERC —¡ERC!— advirtió en sus enmiendas de las consecuencias que hemos conocido estos días. Pero la mezcla explosiva de soberbia e ignorancia hicieron que Montero siguiese adelante, aunque el precio a pagar fuese enorme.

Dejando a un lado las advertencias citadas, no hay que ser un experto penalista para saber las consecuencias que la ley podía traer. Uno de los principios básicos del Derecho Penal, recogido en el artículo 2 de nuestro Código Penal, establece que al reo se le aplicará la pena más favorable, aunque ésta no estuviese en vigor en el momento en que se comete el delito. Vamos, que la ley penal es retroactiva si beneficia al condenado. No es ninguna conspiración de un grupo de jueces machistas ni falta de sensibilidad de los magistrados ni demás bobadas que estamos oyendo estos días. Es simplemente la ley. Por eso no es sorprendente que al modificar las penas, muchos condenados se vean beneficiados o pidan la revisión de sus condenas.

De hecho, en las últimas semanas hemos podido ver cómo los golpistas catalanes se han visto beneficiados por la eliminación del delito de sedición; también se beneficiaría Griñán de una posible rebaja del delito de malversación. No es que los jueces sean machistas, malversadores o estén a favor de la independencia de Cataluña. Únicamente se dedican a hacer su trabajo. Tampoco es culpa de los abogados, cuya principal misión es la defensa de sus clientes e intentar encontrar cualquier resquicio legal que pueda beneficiarles.

Por todo ello, en este caso las únicas responsables son un grupo de quinceañeras borrachas de ideología que obviaron todas las advertencias e informes de personalidades que realmente entienden de Derecho Penal. No se entiende además la supuesta indignación de Montero, cuando ella afirmó en una entrevista para el diario El País que el feminismo «no tiene una reivindicación punitivista». Vamos, que no es partidaria de menas más duras para agresores y violadores.

Lo dramático del asunto es que esto no se solucionaría con una reforma de la ley, como aseguraron en un principio dirigentes socialistas. Una vez que la ley del «sólo sí es sí» entró en vigor, es jurídicamente imposible evitar que todos aquellos condenados a penas superiores a las que prevé la ley del «sólo sí es sí» pidan y obtengan la reducción de su condena. Otro de los principios básicos del Derecho Penal es la irretroactividad de la ley en caso de que la pena pueda perjudicar al reo. De nada servirá reformar de nuevo la ley para elevar las penas, pues los reos seguirán beneficiándose de la rebaja de penas mínimas recogidas en la norma de Montero.

Esa hipotética modificación de la ley del «sólo sí es sí» que vuelva a elevar las penas de los delitos sexuales sólo tendría efectos para aquellos delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de esa hipotética reforma. Ya veremos cómo evoluciona la problemática generada por este engendro legislativo. De momento, las mujeres españolas están ahora más inseguras que antes de la llegada de Montero al ejecutivo.