En Bruselas se habla del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y la India con el lenguaje frío de siempre: «oportunidad estratégica», «diversificación», «alianza de valores». Pero fuera de las salas de reuniones, en la vida real de millones de europeos, el anuncio suena de otra manera. Más simple. Más directo. Más apocalíptico.
Si la inmigración ya era uno de los grandes problemas políticos y sociales del continente, ¿de verdad Europa está en condiciones de abrirse —aunque sea parcialmente— a un país de más de 1.400 millones de habitantes?
El acuerdo no habla de fronteras abiertas, dirán sus defensores. Y es cierto, al menos sobre el papel. Lo que hace es algo más sutil y, por eso mismo, más preocupante: crear nuevos canales «legales, ordenados y seguros» para estudiantes, trabajadores cualificados, empleados transferidos dentro de empresas y mano de obra en sectores con escasez. Todo perfectamente regulado, perfectamente explicado en documentos técnicos. Todo, también, muy alejado de cómo lo percibe un ciudadano europeo medio.
Durante años, las instituciones comunitarias han repetido que la inmigración está «bajo control», que se están corrigiendo los excesos del pasado, que el sistema se está reformando. Sin embargo, en paralelo, se firman acuerdos como este, que amplían el acceso al mercado laboral europeo desde fuera de la UE sin un debate público real y sin un mandato claro de los votantes. Para muchos, no es una política migratoria, sino la continuación de la misma huida hacia adelante, pero con otro envoltorio.
La India no es un socio cualquiera. Es una potencia demográfica sin precedentes, con una población joven, en crecimiento, y con una presión natural para exportar talento y mano de obra. Vincular a Europa a ese flujo, aunque se presente como selectivo y temporal, supone subir varios niveles de un salto. No se trata ya de gestionar decenas de miles de personas, sino de abrir una puerta simbólica a un país entero. Y una vez que la puerta se abre, cerrarla siempre es políticamente imposible.
Quienes defienden el acuerdo insisten en que se trata de atraer talento, de cubrir vacantes, de sostener el modelo económico europeo. Pero esa explicación empieza a sonar a broma para quienes ven cómo los salarios se estancan, cómo la competencia laboral aumenta y cómo la cohesión social se resiente en barrios y ciudades que ya han absorbido más de lo que podían. El argumento económico puede funcionar en una presentación de PowerPoint; en la calle, genera desconfianza y cansancio.
Además, está la cuestión de la credibilidad. ¿Cómo puede la Unión prometer mano dura contra la inmigración irregular mientras amplía de forma constante las vías legales desde el exterior? ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que hay límites, cuando cada nuevo acuerdo parece empujarlos un poco más hacia el abismo? La sensación, cada vez más extendida, es que Bruselas gobierna de espaldas a una realidad social que ya está al límite.
El acuerdo UE-India no es solo un tratado comercial. Es un símbolo. El símbolo de una Europa que, incapaz de resolver sus propios desequilibrios demográficos, económicos y sociales, opta por importar soluciones sin medir sus consecuencias políticas. Para muchos europeos, este paso no es una oportunidad estratégica: es la estocada final a la idea de que la inmigración puede gestionarse con prudencia, control y sentido común.
Y cuando esa percepción se consolida, el problema deja de ser la India. El problema pasa a ser la propia Unión Europea.
En Bruselas, el acuerdo entre la Unión Europea y la India se presenta como una jugada maestra: más comercio, más influencia global y una salida estratégica ante la dependencia de China y Estados Unidos. Sobre el papel, el relato es impecable. En la práctica, sin embargo, el pacto combina dos asuntos explosivos —economía e inmigración— de una forma que amenaza con desbordar tanto el consenso político como la paciencia social en muchos Estados miembros.
El problema no es solo qué promete el acuerdo, sino cómo reparte costes y beneficios. Y, sobre todo, a quién se le ha preguntado antes de firmarlo.
Desde el punto de vista estrictamente económico, el acuerdo UE–India dista mucho de ser una revolución. Incluso los estudios más optimistas hablan de un impacto limitado en el crecimiento agregado europeo, distribuido de forma desigual entre sectores y países. Las grandes beneficiadas serán las multinacionales con presencia en la India, especialmente en servicios, tecnología, industria y determinados nichos industriales. Para el tejido productivo medio europeo, especialmente pymes y sectores expuestos a competencia internacional, los beneficios son mucho más difusos.
La industria europea gana acceso a un mercado enorme, sí, pero también se expone a una competencia feroz de un país con costes laborales muy inferiores, estándares regulatorios más laxos y una estrategia industrial claramente proteccionista en casa. En otras palabras: el libre comercio es asimétrico (para sorpresa de nadie). Europa abre más de lo que recibe, confiando en que el volumen y el largo plazo compensen las pérdidas inmediatas.
Este patrón no es nuevo. Ya se vio con otros acuerdos comerciales promovidos por la Comisión: grandes promesas macroeconómicas, beneficios concentrados en la cúspide y ajustes dolorosos en la base. Los ricos, más ricos; los pobres, más pobres. La diferencia es que, en este caso, el componente migratorio multiplica el impacto político del desequilibrio económico.
Cuando la economía se convierte en política migratoria
El vínculo entre comercio y movilidad laboral es el verdadero núcleo del acuerdo. Bajo la lógica del llamado Mode 4, se facilita la entrada temporal de trabajadores indios para prestar servicios en la UE: ingenieros, informáticos, consultores, personal transferido dentro de empresas y, en determinados casos, trabajadores para sectores con escasez de mano de obra.
Formalmente, no se trata de inmigración permanente. En la práctica, crea canales laborales estables, previsibles y ampliables, al margen de los debates nacionales sobre cupos, salarios o cohesión social. Es una inmigración diseñada desde la lógica empresarial y comercial, no desde la capacidad real de integración de las sociedades receptoras. Es decir, el mismo cuento de siempre.
Aquí es donde muchos ciudadanos empiezan a desconectar del discurso oficial. Durante años, Bruselas ha insistido en que la inmigración irregular es el problema, no la legal; que Europa necesita mano de obra; que sin inmigración el modelo social no es sostenible. Al mismo tiempo, barrios, escuelas, servicios públicos y mercados laborales muestran signos evidentes de saturación. El acuerdo con la India llega como una confirmación de que las prioridades institucionales y las preocupaciones sociales circulan por vías distintos.
Demografía frente a salarios: el elefante en la habitación
La India no es Marruecos ni Túnez. Es un país de más de 1.400 millones de habitantes, con una población joven, altamente competitiva en sectores clave y con una clara vocación exportadora de talento. Abrir vías preferentes hacia Europa, aunque se presenten como selectivas, cambia la escala del debate.
Desde el punto de vista económico, la consecuencia más inmediata es la presión sobre los salarios, especialmente en los segmentos medios del mercado laboral. No hablamos solo de trabajos poco cualificados, sino de perfiles técnicos y profesionales que hasta ahora constituían el núcleo de la clase media europea. Para las empresas, el incentivo es evidente: reducir costes y ganar flexibilidad. Para los trabajadores locales, el mensaje es otro: más competencia, menor poder de negociación y mayor precariedad.
Este fenómeno ya se ha observado en sectores como la informática, la ingeniería o la consultoría, donde la movilidad internacional ha debilitado sindicatos, fragmentado carreras profesionales y normalizado la temporalidad. El acuerdo UE–India no crea este problema, pero sí lo acelera y lo institucionaliza más si cabe.
Los defensores del acuerdo argumentan que sin inmigración Europa no podrá crecer ni sostener su Estado del bienestar. Es un argumento parcialmente cierto, pero profundamente incompleto. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo si no se traduce en cohesión social, estabilidad política y prosperidad compartida. Mención aparte es la situación en la que se encuentra ese proyecto de Estado del bienestar: en bancarrota por una deuda disparada precisamente por la saturación de los servicios provocados por una inmigración incapaz de asimilarse y de ser absorbida.
La UE lleva años priorizando indicadores macroeconómicos mientras descuida los equilibrios sociales que los hacen políticamente viables. El resultado está a la vista: fragmentación electoral, destrucción de la nación política y cultural y una desconfianza creciente hacia las instituciones europeas y económicas. Vincular un acuerdo comercial a una ampliación significativa de la movilidad laboral sin un debate democrático amplio es insistir en el mismo error.
Más allá de la India, el verdadero debate es institucional. El acuerdo ha sido impulsado por la Comisión Europea con una lógica tecnocrática: competitividad, geopolítica, cadenas de valor. Las consecuencias, sin embargo, recaen sobre los Estados miembros y, en última instancia, sobre los ciudadanos.
Son los gobiernos nacionales los que tendrán que gestionar la presión sobre vivienda, servicios públicos, integración y empleo. Son los trabajadores locales los que competirán en mercados cada vez más abiertos. Y son los votantes los que perciben que decisiones clave se toman lejos de su control.
No pasará mucho tiempo hasta que el ciudadano europeo nativo se dé cuenta de que es el relleno de un bocadillo que ya nadie quiere ni necesita: la mano de obra poco cualificada vendrá del oeste y del sur, y la técnica vendrá del este. ¿Del norte? Bueno, es precisamente por el norte que así estamos.
