Diez años tiene la criatura. Una infancia que debió haber sido feliz y segura y que, sin embargo, estaba marcada por el sufrimiento. A su corta edad, ya se encontraba bajo la tutela de la Agencia Estatal Irlandesa de Protección de la Infancia y la Familia (TUSLA). El lunes fue violada por un hombre de origen africano en las inmediaciones de un hotel que alberga a «solicitantes de asilo» en Dublín. Sobre el criminal pesaba una orden de deportación desde principios de 2025 que no había sido ejecutada.
A Philippine le ocurrió igual, pero ella no puede contarlo. Fue violada y asesinada en París, en septiembre del año pasado, por un marroquí que ya había sido condenado por otra violación y cuya expulsión inmediata había sido dictada y se encontraba a «la espera» de que Marruecos la aceptara.
Hace menos de dos meses, una niña española de catorce años fue violada en un parque frente al centro de menas de Hortaleza (Madrid). El agresor es un marroquí que alegaba tener diecisiete años, pero que las pruebas revelaron que tiene 23. Acumulaba ocho detenciones por robos, hurtos y agresiones.
El primer ministro irlándes, Micheál Martin, ha admitido que «el Estado falló en protegerla» y ha ordenado una revisión urgente de los protocolos de Tusla. Tenemos un problema de complicidad de nuestros gobernantes. El Estado falló en protegerlas, sí. Y sobre todo les trajo a sus depredadores a las puertas de sus casas, a sus barrios y a sus vidas para siempre.
