Un fantasma recorre Europa de arriba abajo. Uno que impide a los hombres ser ciudadanos de pleno derecho, que crea clases y segrega; que separa y clasifica, que reduce, simplifica y condena al ostracismo a aquellos que osan ir contra él. Lleva ya tiempo entre nosotros, es posible que nunca nos haya abandonado, pero es cada vez mas palpable. Este fantasma es, nada más y nada menos, la corrección política.
Una de las últimas mutaciones ha sido la implantación de zonas de silencio alrededor de ciertos edificios, en las que uno no se puede manifestar, rezar o simplemente, estar si la intención es la de mostrar desacuerdo con las actividades que se realizan dentro de esos edificios. Como algunos ya habrán adivinado, estos edificios son clínicas en las que se realizan abortos y el desacuerdo que no se puede mostrar en público, es respecto a las actividades de eliminación sistemática de bebés que se produce dentro de estos centros.
Digo que el fantasma recorre Europa porque estas restricciones se han impuesto en varias ciudades de Alemania y de Inglaterra y en toda España. La ley que implementaría las restricciones en Irlanda del Norte está en proceso de revisión en el Tribunal Supremo del Reino Unido, que se pronunciará sobre el tema después del verano. El Gobierno de Irlanda quiere implementar las restricciones a finales de este año. Todos estos países siguen una tendencia promocionada desde algunas instituciones internacionales, tales como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que el pasado mayo aprobó la Resolución 2439, que anima a limitar las concentraciones delante de las clínicas abortistas.
Desde una perspectiva puramente jurídica, cuando se limita un derecho es para salvaguardar otro. En este caso, se limita el derecho a la libertad de expresión y religiosa de los ciudadanos para salvaguardar el supuesto derecho a no sentirse ofendido de aquéllos que trabajan y acceden a las clínicas abortistas. Toda restricción de un derecho tiene que ser proporcional, adecuada y necesaria, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, más de una vez, que no existe un derecho a no ser ofendido, pues la simple capacidad de ofenderse por las declaraciones o acciones de otro es uno de los principios fundamentales de la democracia.
Este planteamiento ya está haciendo aguas, y así lo están demostrando los tribunales. El caso más reciente es el de Rosa Lalor, una abuela de Liverpool que fue arrestada y multada por rezar, de manera silenciosa, alrededor de una clínica abortista. Después de un año de litigar, el tribunal ha absuelto a Rosa, reiterando que el deber del Estado es el de proteger los derechos de los ciudadanos y no erosionarlos. En España también se han multado a gente que ha rezado delante de clínicas abortistas. Esperemos que los Tribunales españoles sean igual de sensatos que los ingleses.
A pesar de todas las acciones coordinadas para imponer la corrección política como baremo de los derechos de la sociedad, el verdadero derecho de los ciudadanos se preserva. No podemos dejar que la intimidación o el miedo de la corrección política nos impida ejercer el derecho a contribuir, de la manera en la que su conciencia le dicte, a un futuro mejor.
