Estamos cansados de escuchar, leer y oír eso de que un violador que ha salido de permiso o en libertad condicional ha vuelto a cometer la vejación que le recluyó en ese agujero carcelario. Es rara la semana en la que alguno de estos exconvictos no vuelva a delinquir y ponga de nuevo en alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; en su naturaleza violadora se deja llevar por sus instintos primarios sin que exista un ápice del propósito de enmienda. La reinserción en la sociedad de estos individuos que piensan con sus genitales es mínima, y salen a la calle sin que exista un ápice de garantía.
Siempre me ha sonrojado la naturalidad con la que nuestro Código Penal ha tratado a los delincuentes sexuales equiparándolos al resto de presos. Digo esto porque me llama poderosamente la atención el hecho de que no se les aplique un régimen especial y su pena se reduzca a unos años de prisión estandarizados independientemente de que el delincuente esté reinsertado o no. Paradójicamente, los penalistas de la corriente más progresista y buenista defienden el principio de reinserción por encima del retributivo que establece el cumplimiento de un castigo por haber manifestado la imposibilidad del sujeto de vivir en sociedad. En el caso de los violadores, el principio de reinserción no se cumple por el simple hecho de ofrecerles un mismo tratamiento al de los presos comunes, en muchos casos el delincuente sale a la calle sin haber aprendido a estar en comunidad y más importante aún, no controlar sus pulsiones sexuales. El hecho de que a un violador se le conceda la libertad sin que se haya reinsertado me recuerda a un enfermo hospitalizado que se le da el alta sin estar en condiciones para volver a su casa. El Derecho Penal español, en ocasiones secuestrado por el ala más paniaguada de la justicia, no se atreve a tomar decisiones contundentes con los depredadores e incluso ve con recelo ciertos mecanismos como la prisión permanente revisable.
Es esa herramienta la clave para solventar el fenómeno que ha generado la ley de Irene Montero de sólo sí es sí; la creación de una prisión permanente rebajada que establezca, por ejemplo, la pena íntegra de diez años y que después de ese plazo se lleve a cabo un análisis al preso con el fin de determinar sus facultades para volver a vivir en sociedad. Todo lo que sea conceder al culpable la libertad sin haber determinado antes su idoneidad para salir a la calle representa un peligro para la sociedad, siendo esa alerta el principal motivo por el que a un ciudadano se le priva de la libertad.
Todo este escándalo que ha surgido como consecuencia de los terceros grados concedidos a violadores no hubiese existido si tuviésemos un sistema penal que de verdad protegiese a los más vulnerables y a las víctimas. A veces el sistema y las leyes se convierten en ataduras que ayudan a los malos a salirse con la suya.
