El Gobierno está dispuesto a consumar una doble afrenta a la historia. Por un lado, concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a 171 descendientes de brigadistas internacionales, los mismos que entre 1936 y 1939 formaron parte de un contingente armado que, bajo mando soviético, ejecutó, torturó y fusiló a miles de compatriotas. Por otro, abre expediente de extinción (ilegalización) a la Fundación Nacional Francisco Franco, que custodia 30.000 documentos históricos, por el delito de «humillar la dignidad de las víctimas».
Se ha normalizado la censura en el BOE. Las Brigadas Internacionales no fueron un club de idealistas, sino un ejército extranjero financiado por Moscú, con comisarios políticos que aplicaban la disciplina estalinista: tribunales de campaña, ejecuciones sumarias en Paracuellos, purgas internas y campos de reeducación. Hoy, sus nietos reciben pasaporte español por «difundir la memoria democrática». Mañana, quizá, pidan indemnizaciones.
El Partido Popular, siempre cooperador necesario, guarda silencio. Mariano Rajoy tuvo la Ley de Memoria Histórica en la mano (2011) y optó por fingir una asfixia presupuestaria, con exactamente ninguna consecuencia para el sectarismo y el falseamiento de la historia a manos de los socialistas. No derogó, no reformó, no blindó la libertad de expresión frente a la ingeniería memorial. Su evolución, la Ley de Memoria Democrática de 2022, se aplica con toda su carga ideológica.
