Imaginen que un desalmado les destroza la vida asesinando a un ser querido. Ahora imaginen que ese desalmado es candidato en unas elecciones locales. En el municipio en el que asesinó a su familiar. Indecente y humillante, ¿verdad? Pues eso es lo que a vivir muchos familiares de víctimas del terrorismo el próximo 28 de mayo.

Como ya sabrán los lectores a estas alturas, Bildu va a presentar en las próximas elecciones 44 etarras en sus listas. Aunque desde el brazo político de ETA hayan vendido que los terroristas renuncian a ir en las listas, lo cierto es que siguen siendo candidatos. Así, las víctimas del terrorismo tendrán que sufrir la enorme humillación —otra más— de ver a sus verdugos recoger sus respectivas actas y cobrar del erario público. Frente a lo que se ha repetido machaconamente, esto no es ninguna victoria de la democracia. En una democracia madura que se respeta a sí misma, una banda terrorista debe ser derrotada en todos los ámbitos. En el judicial y policial, evidentemente, pero también en el terreno político. Y la realidad es que nunca se ha producido una derrota política de ETA. Hace unos días Rodríguez Zapatero dijo que muchos querían que los terroristas abandonasen las armas para entrar en política. Lo quería él, claro. Otros queríamos que abandonasen la actividad terrorista, evidentemente. Pero no para hacer política. Queríamos que cambiasen las armas por la cárcel, y que sintieran el rechazo social más absoluto.

Pero más allá de este abominable episodio de esta campaña electoral, lo cierto es que Bildu ha dado motivos para su ilegalización desde el mismo momento de su fundación. De hecho, nunca debió ser un partido legal.

Para empezar, su proceso de legalización fue una anomalía jurídica como la copa de un pino. En mayo de 2011, el Tribunal Supremo anuló todas las listas electorales del partido abertzale, recogiendo en su sentencia que «Bildu fue auspiciada por la misma ETA», al mismo tiempo que los calificaba como «testaferros de ETA». Cinco días después, un Tribunal Constitucional controlado por magistrados afines al PSOE legalizó las candidaturas, extralimitándose enormemente en sus funciones, pues la competencia para legalizar a partidos políticos recae en el Tribunal Supremo, no en el Constitucional. Lo hizo en una deliberación de urgencia de menos de cuatro horas. Aquel caso fue una de las evidencias más escandalosas que demuestran que los magistrados del Tribunal Constitucional son capaces de pervertir la Ley para contentar a quienes los nombran.

En estos doce años Bildu ha dado infinidad de motivos para iniciar su proceso de ilegalización. Para empezar, a día de hoy no ha habido una condena expresa, nítida y sin ambigüedades del terrorismo de ETA por parte de Bildu. A lo largo de estos años desde el partido abertzale han utilizado una retórica ambigua y cobarde, muy propia de la que utilizada en su día por Batasuna. Desde la cúpula de la formación han empleado varias fórmulas genéricas de rechazo a «todo tipo de violencia», mientras «lamentaban el dolor de las víctimas». Batasuna siempre «lamentaba» los atentados, pero nunca los condenaba. Aunque parezca una cuestión intrascendente, no debería pasarse por alto. El lenguaje en política importa. Y mucho. Sobre todo cuando hablamos de un asunto tan doloroso para toda la nación española. También es una obligación moral evitar la manipulación de nuestra historia más reciente, pues en el País Vasco no hubo ningún conflicto, sino banda terrorista que asesinaba a civiles inocentes por el simple hecho de ser españoles y demócratas.

Es este punto donde es necesario hacer especial mención a la Ley de Partidos. Como bien se ha expuesto estos días, la inclusión de terroristas en listas electorales es motivo para la ilegalización de cualquier formación política. Pero además de dicho supuesto, el apartado tercero del artículo 9 de dicho texto legal establece que podrán ser ilegalizados aquellos partidos que den «apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos (…) o exculpando y minimizando su significado». El mismo artículo, en su apartado segundo, recoge que un partido podrá ser ilegalizado cuando vulnere los derechos fundamentales «promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la integridad de las personas». Este precepto del texto legal bien podría ser una exposición de motivos para iniciar la ilegalización de Bildu.

Durante estos años, todos los dirigentes de Bildu han restado importancia al terrorismo de ETA —cuando no lo han justificado— al mismo tiempo que construían el relato según el cual en el País Vasco se vivió durante años un conflicto, colocando al mismo nivel a los terroristas y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia que únicamente velaban por el respeto al Estado de derecho.

Es rotundamente falso que Bildu haya condenado el terrorismo de ETA, como nos repiten hasta la saciedad la izquierda española y sus satélites mediáticos. Se agarran como un clavo ardiendo a una declaración que firmó el partido de Otegui en el año 2015 para poder formar parte del Gobierno de Navarra, teniendo así además una coartada para poder así justificar sus pactos con los terroristas. Dicha declaración condenaba «cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA». De nuevo hay que insistir en la importancia del lenguaje. En dicha declaración no se utilizaba la palabra «terrorismo». Tampoco se condenaba el historial criminal de ETA, sino que se utilizaba el presente.

Es de sobra conocido que Bildu ha participado en numerosos homenajes a miembros de ETA, pidiendo reiteradamente la libertad para todos ellos. Es decir, su impunidad. A finales de 2021, Arnaldo Otegi llegó a afirmar con la normal chulería del que sabe que ha ganado a las víctimas del terrorismo: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos». No ha dudado tampoco el exterrorista en calificar a los etarras como «presos políticos» en innumerables ocasiones. También en octubre de 2021 conocimos que David Pla, último jefe de ETA, tendría un cargo en la dirección de Sortu, partido miembro de la coalición EH Bildu.

En octubre de 2022, Otegui lamentaba en redes sociales la muerte de Iñaki Larramendi, uno de los fundadores de la banda terrorista. La lista de ejemplos que demuestran la relación entre Bildu y ETA es inabarcable. No hace falta ser especialmente inteligente para sacar esa conclusión. Y por supuesto, ese rosario de hechos es incompatible con la supuesta condena de ETA por parte de Bildu —insisto, no se ha producido—.

En definitiva, la inclusión de 44 terroristas es el culmen del proceso de blanqueamiento y normalización de la presencia del mundo etarra en las instituciones. Pero ni es algo novedoso ni sorprendente. Bildu siempre ha sido el brazo político de ETA, con la única diferencia de que en estos comicios han decidido incluir a un número considerable de asesinos en las listas. Porque son conocedores de que su presencia en las instituciones está normalizada y aceptada tras muchos años de infame blanqueamiento. En nuestras manos está revertir esa normalización, colocar frente al espejo a quienes pactan con los abertzales e iniciar el proceso de ilegalización de Bildu.