Los obispos españoles harían bien en releer a Santa Catalina de Siena, cuya fiesta celebra la Iglesia cada 29 de abril. Mujer no precisamente de componendas ni de silencios rentables ante el poder, se enfrentó a los cardenales de su tiempo, a quienes acusó de degenerar de «flores que daban perfume» a «hedor»; de haber escondido la luz bajo el celemín de la soberbia; de haberse transformado, en vez de «ángeles terrenos», en hombres que tomaban «el oficio de los demonios».
Doctora de la Iglesia y patrona de Europa, se dirigió también a papas y reyes en el siglo XIV, y el espíritu de sus palabras resuena con particular fuerza en la España de hoy, cuando la Conferencia Episcopal rechaza la idea de prioridad nacional con la esperanza de ocupar el terreno moral más transitado, no el más elevado.
En sus declaraciones, los obispos españoles —la mayoría de ellos— invocan la dignidad de la persona, la universalidad del Evangelio y la tradición de acogida cristiana. Lo que no evocan —lo que omiten con una precisión que no parece casual— es la realidad concreta de quienes tienen más cerca: los jóvenes españoles expulsados del mercado de la vivienda, los trabajadores que compiten en condiciones cada vez más duras, los ancianos atrapados en listas de espera que se alargan, los barrios donde los servicios públicos crujen bajo una presión que nadie eligió y que nadie discutió con quienes la padecen.
La doctrina católica llama a socorrer al necesitado, a tratar humanamente al extranjero. Y exige también —y esto es lo que demasiados pastores parecen haber olvidado— que la caridad parta de la realidad y que el bien común de la comunidad que acoge sea una obligación moral, no un residuo vergonzoso.
Santo Tomás de Aquino, también doctor de la Iglesia, enseñó que la caridad tiene orden: empieza por los más cercanos. No porque la dignidad del forastero sea menor, sino porque el amor sin orden no es amor. Es, si acaso, sentimentalismo. La Iglesia no ha predicado nunca que la caridad consista en la disolución de las sociedades, en la cancelación de las fronteras como categoría moral o en la transformación de los gobiernos en gestores de tráfico de personas a cargo de unas víctimas a las que nadie consulta.
España sufre una invasión sin precedentes. Entradas récord, barrios donde la integración es una ficción administrativa, servicios sociales que señalan el desbordamiento como norma y no como excepción. Ante ese cuadro, la respuesta de buena parte de la jerarquía eclesiástica se ha reducido a señalar a quienes se atreven a decir que los españoles deben ser atendidos primero en su propio país.
Santa Catalina no llamaría caridad a una política que carga sobre los más débiles las consecuencias de decisiones tomadas por élites que desconocen los barrios donde esas consecuencias se manifiestan, bendecidas con el lenguaje burocrático de la gestión episcopal. Tampoco habría considerado que invocar la universalidad del Evangelio es suficiente cuando esa catolicidad se reduce, en la práctica, a indiferencia sistemática hacia la comunidad concreta que cada obispo tiene a su cargo.
Es revelador que quienes ejercen de sucesores de los apóstoles en España hayan encontrado palabras gruesas para rechazar la prioridad nacional, antes que para señalar el abandono de su rebaño. Como si la universalidad del Evangelio fuera un argumento útil en una sola dirección o como si los españoles estuviéramos condenados a comprender, esperar, ceder y callar, mientras se nos niega la legitimidad de defender nuestra casa.
Las palabras de Catalina reverdecen ante unos pastores que pretenden hacer pasar la mansedumbre por rendición y utilizan el Evangelio como coartada para no cuidar a su rebaño.
