Hacer como que un papel modifica la realidad es una de las supersticiones favoritas del poder. Se firma una norma, se concede un permiso, se sella un expediente, y se actúa como si con ello quedara solucionado lo que en verdad sigue intacto. Pero un extranjero no pasa a ser español porque lo diga una administración, del mismo modo que una sociedad no amplía su capacidad de acogida porque lo proclame un decreto. La ley puede alterar un estatus jurídico; no puede transformar de golpe una identidad nacional ni crear por arte de boletín aquello que materialmente no existe.
Ése es el engaño de fondo de esta «regularización». Se normaliza lo imposible: la presión sobre unos servicios públicos exhaustos, una vivienda ya inalcanzable para millones y unas infraestructuras que hace tiempo muestran señales de fatiga. No aparecen más casas, más médicos, más plazas o más seguridad porque lo ordene el Gobierno. La realidad, sencillamente, no obedece al BOE. Y cuando la política legisla contra los límites de lo real, el precio lo acaba pagando la nación.
