Desde hace siglos, el poder político acaricia una tentación constante: ocupar el lugar de Dios. No hay gesto más definitivo, más absoluto, que decidir sobre la vida y la muerte. Y cuando ese poder se reviste de legalidad, la tentación se convierte en sistema. La eutanasia, presentada como compasión, abre la puerta a la lógica de un Estado que no protege, sino que administra la muerte.
El caso de Noelia Castillo revela hasta qué punto esa lógica puede volverse perversa. ¿Puede hablarse de libertad cuando una vida ha estado marcada por el abandono, la medicación, la violencia y la desprotección institucional? Convertir esa trayectoria en una decisión libre es, en el mejor de los casos, una ficción; en el peor, una coartada.
La ley no sólo permite morir: consagra quién puede hacerlo y en qué condiciones. Y ahí radica el peligro. Cuando la vida se somete al criterio de utilidad, sufrimiento o coste, los más vulnerables dejan de ser sujetos de protección para convertirse en candidatos a desaparecer. Entonces, el poder ya no sirve al hombre: lo sustituye.
