El informe Draghi que se presentó hace poco más de un año sobre el futuro de la competitividad europea sentó como un jarro de agua fría en Bruselas a pesar de los eventos de celebración oficiales. Advierte de una Europa que corre el riesgo de quedarse atrás frente a Estados Unidos y Asia si no corrige costes energéticos, fragmentación del mercado y una cultura regulatoria cada vez más pesada.
Sin embargo, en España el documento no actúa tanto como revelación sino como confirmación. Porque si Draghi describe un problema europeo, España representa uno de sus casos más complejos. El proceso federativo con 17 autonomías venidas en mini-Estados no ayuda en absoluto a ser efectivos en una época en donde cualquier proceso inoperante se paga caro.
El propio informe parte de una idea sencilla: no basta con regular bien sobre el papel si los Estados no tienen la capacidad real de ejecutar, absorber y convertir esas normas en crecimiento económico. Y ahí es donde el debate español se vuelve más concreto, menos abstracto.
El primer freno: cuando la norma llega antes que la capacidad
La Comisión Europea reconoce algo que hasta hace poco costaba escuchar en público: las deficiencias en la aplicación de las normas y en la culminación del mercado único tienen un impacto directo en la competitividad. Traducido al lenguaje cotidiano: Europa legisla más rápido de lo que algunos países pueden implementar.
Para Ignacio Bautista Roldán, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, este desfase no es sólo técnico, sino estructural. España —explica— combina una alta densidad normativa con una administración fragmentada en múltiples niveles. El resultado no es necesariamente más protección, sino más inseguridad jurídica, especialmente para empresas medianas y pequeñas que no tienen recursos para navegar ese entramado. «El problema no es sólo cumplir —resume—, sino saber exactamente qué se debe cumplir, cuándo y ante quién».
Ese exceso de capas convierte cada nueva directiva europea en una carrera de obstáculos nacionales y autonómicos. Y en ese proceso, la competitividad se erosiona sin que nadie pueda señalar una única norma como culpable. El laberinto se crea por interés político y acaba asfixiando a quien dicen proteger. Solución: realismo político.
Cohesión y realidad territorial: converger no es homogeneizar
Draghi advierte de que la divergencia económica dentro de la UE se está volviendo estructural. La Comisión responde recordando que la política de cohesión ha sido uno de los grandes éxitos del proyecto europeo: más inversión, menos paro, más convergencia. Pero admite también que esa convergencia ha sido desigual, incluso dentro de los propios Estados.
España encaja perfectamente en ese diagnóstico. Las grandes áreas metropolitanas concentran productividad, innovación y empleo cualificado, mientras amplias zonas del país avanzan más despacio (o incluso desaparecen). Bruselas habla de «trayectorias regionales diferenciadas». Es otros términos: no todos los territorios juegan con las mismas cartas, aunque se rijan por las mismas reglas. Las cartas están marcadas.
Aquí aparece una idea clave: la cohesión ya no puede limitarse a repartir fondos; tiene que crear capacidad productiva real. Y eso exige administraciones locales fuertes, proyectos viables y un entorno regulatorio que no ahogue la iniciativa. Si a esto se le añade la capa ideológica de turno, el cao está servido. Solución: promover el desarrollo territorial pleno y evitar, en la medida de lo posible, la concentración total en las grandes urbes.
El coste invisible: burocracia, pymes y el día a día empresarial
Albert Givernau, economista y director de la Fundación Civismo, lo plantea desde la perspectiva empresarial. En España, explica, la regulación no cae sobre grandes conglomerados con departamentos legales, sino sobre un tejido dominado por pymes y autónomos. Cada nueva obligación administrativa pesa más aquí que en otros países. No porque la norma sea distinta, sino porque la estructura empresarial es más frágil.
Givernau insiste en una idea que conecta directamente con Draghi: el problema no es una ley concreta, sino el efecto acumulativo. Laboral, fiscal, medioambiental, informativo. «Todo junto acaba siendo un freno al crecimiento», señala. Y añade una advertencia: si la simplificación no se nota en el día a día de las empresas, seguirá siendo percibida como un ejercicio teórico.
La propia Comisión reconoce que una parte relevante de los costes administrativos vinculados a fondos europeos procede de requisitos añadidos a nivel nacional. Dicho de otra forma: Bruselas empieza a admitir que el problema no siempre está en la norma europea, sino en cómo se gestiona en casa. Solución: desregular masivamente. La UE debatió esto antes de formar el último Ejecutivo comunitario, pero cuando la misma dinámica del Parlamento se basa en regular para justificar el trabajo de 720 eurodiputados es como intentar arrancar en punto muerto pisando el acelerador al máximo.
Menos programas, más resultados: ¿oportunidad real?
Uno de los cambios más ambiciosos que plantea la Comisión es la reforma de la política de cohesión a partir de 2028, con los llamados Planes Nacionales y Regionales de Asociación. Menos programas, un marco normativo único, más foco en resultados y menos en papeleo.
Sobre el papel, la propuesta responde a muchas de las críticas de Draghi. Para España, podría ser una oportunidad: pasar de una cultura de cumplimiento formal a una lógica de impacto real. Pero también plantea un reto: exige administraciones más profesionalizadas, digitalizadas y coordinadas. Sin eso, el riesgo es que el nuevo sistema reproduzca viejos problemas con otro nombre.
España ha hecho mucho por la digitalización. Tanto, que es uno de los países de la UE con tasas más altas en este campo. El problema está en la administración sobredimensionada y superpuesta a nivel nacional y autonómico. Esto convierte a un Estado que debería ser efectivo en un gran Leviatán que, en ocasiones, recibe órdenes de ir en caminos distintos. Algunos consideran que la centralización es un problema cuando, en la práctica, siempre facilita la gestión del terreno. El problema aquí es más bien ideológico: plantear al Estado central como un opresor y al regional como un libertador.
Energía e industria: la herida española
Si hay un ámbito donde la realidad se vuelve especialmente dolorosa es el energético. Draghi alerta de que los altos precios de la energía están expulsando industria de Europa. España vive en una contradicción: dispone de un enorme potencial renovable, pero no siempre consigue trasladarlo a su tejido productivo.
Samuele Furfari, ex alto funcionario de la Comisión Europea y profundo conocedor de la política energética comunitaria, lo expresa con crudeza: «Europa ha construido un marco regulatorio que, en nombre de objetivos legítimos, encarece la energía y debilita la industria». En España, añade, la combinación de regulación climática, fiscalidad y lentitud administrativa impide convertir la ventaja renovable en una ventaja competitiva real.
Furfari va incluso más allá cuando se le pregunta por el coste real de la transición energética mal diseñada. «Europa ha confundido objetivos climáticos con política industrial», advierte. «Si la regulación se convierte en un fin en sí mismo y no en un instrumento, el resultado es que la energía deja de ser un factor de competitividad y pasa a ser un lastre». En el caso español, subraya, el daño es especialmente evidente: «España tiene recursos renovables extraordinarios, pero no un marco regulatorio ni administrativo que permita transformar esa ventaja natural en industria, empleo estable y precios competitivos para las empresas». Para Furfari, sin correcciones, «la transición puede terminar exportando industria en lugar de atraerla».
Esto afecta directamente a sectores clave como la automoción o las industrias intensivas. Sin precios estables, permisos ágiles y certidumbre regulatoria, la inversión duda. Y cuando duda, se marcha.
Competitividad también es gobernanza
El informe Draghi habla de inversión, mercado único y escala. La Comisión responde con planes, indicadores y estrategias. Los expertos lo traducen a una conclusión más simple: la competitividad es, en gran medida, un problema de gobernanza.
Gobernanza jurídica, para Bautista Roldán. Gobernanza económica y empresarial, para Givernau. Gobernanza energética e industrial, para Furfari. Tres miradas distintas que convergen en una misma idea: sin capacidad administrativa, sin simplificación real y sin marcos estables, la mejor regulación pierde eficacia.
España, más que ningún otro país, pone a prueba el giro que propone Draghi. No basta con mirar a Bruselas. El verdadero examen está en casa: cómo se legisla, cómo se ejecuta y cómo se traducen las normas en crecimiento. El debate ya no es si Europa debe regular más o menos, sino si puede hacerlo sin erosionar la base productiva que sostiene su modelo social. Si se desea un objetivo, pero no el sacrificio que implica, puede que el objetivo sea erróneo. Y eso da vértigos a muchos desde Bruselas a los gobiernos nacionales. Implicaría cambios estructurales a gran escala que muchos no están dispuestos a dar.
