España ha superado por primera vez los diez millones de residentes nacidos en el extranjero. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la cifra en 10.004.581 personas a 1 de enero de 2026. Son nueve millones más que hace tres décadas, 2,5 millones más que hace cuatro años y 540.000 más que hace apenas uno. La magnitud del salto no admite matices: se trata de una transformación demográfica sin precedentes en nuestra historia contemporánea.
La población total alcanza ya los 49,5 millones de habitantes tras crecer en más de 442.000 personas en 2025. Sin embargo, ese aumento no responde a un dinamismo interno. El saldo vegetativo (la diferencia entre nacimientos y defunciones) volvió a ser negativo en más de 116.000 personas, una de las peores cifras registradas. España envejece y tiene menos hijos de los que necesita para sostener su propia continuidad.
Sin el aporte exterior, la población estaría en retroceso. Los nacimientos siguen en mínimos históricos, mientras la inmigración compensa, e incluso supera, la pérdida natural. El número de extranjeros con nacionalidad no española roza los 7,3 millones, tras un nuevo incremento en el último trimestre de 2025. A ello se suma el efecto de las adquisiciones de nacionalidad, que elevan el número de nacidos fuera aunque formalmente dejen de figurar como extranjeros.
El mapa territorial confirma la tendencia: casi todas las comunidades autónomas crecieron en el último tramo del año, con especial intensidad en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Baleares y Melilla fueron las excepciones. El patrón es claro: los principales polos económicos y urbanos concentran la mayor parte de los nuevos flujos.
La cuestión demográfica, por tanto, no es coyuntural, sino estructural. España depende ya de manera casi exclusiva de la inmigración para mantener su tamaño poblacional.
Otra «regularización»
En este contexto, el Gobierno ha anunciado una nueva «regularización» masiva de inmigrantes en situación irregular. Se trata de un proceso que, más allá de su formulación jurídica, tiene una dimensión política evidente. La «regularización» no sólo modifica el estatus administrativo de cientos de miles de personas; altera también las previsiones demográficas futuras, incentiva nuevos flujos y consolida una dinámica que se viene intensificando desde hace años.
Quienes defienden la medida apelan a razones humanitarias y a la necesidad de aflorar economía sumergida. Quienes la critican señalan el efecto llamada y la ausencia de una planificación integral que vincule entradas, empleo, vivienda y servicios públicos. En cualquier caso, la «regularización» no es un hecho aislado, sino un eslabón más en un proceso continuado de expansión migratoria.
Economía tensionada, servicios al límite
El debate se produce además en un contexto complejo. España arrastra en torno a cuatro millones de parados reales si se suman desempleo oficial, subempleo y figuras estadísticas que enmascaran inactividad. El mercado laboral absorbe buena parte de la inmigración en sectores de baja productividad y salarios reducidos.
Al mismo tiempo, la vivienda se ha convertido en el principal factor de angustia social. La oferta no crece al ritmo de la demanda y los precios se han disparado en las grandes ciudades y en amplias zonas costeras. La sanidad pública, por su parte, opera bajo una presión creciente, con listas de espera prolongadas y recursos limitados.
Incorporar cientos de miles de nuevos residentes exige planificación en infraestructuras, inversión en servicios y una estrategia de integración clara. Sin ese acompañamiento, la tensión se traslada inevitablemente a los barrios, a las aulas y a los ambulatorios.
Identidad y continuidad histórica
Más allá de los números, el debate alcanza una dimensión cultural y política profunda. El crecimiento acelerado de población nacida fuera, unido a procesos de regularización masiva, no es neutro desde el punto de vista identitario. Toda nación se sostiene sobre una continuidad histórica, lingüística y cultural que requiere tiempo y cohesión para integrarse.
Cuando el ritmo de transformación supera la capacidad de asimilación institucional y social, surgen interrogantes legítimos sobre la identidad colectiva. No se trata de negar la aportación individual de quienes llegan ni de desconocer la tradición española de apertura, sino de reconocer que la identidad nacional no es un elemento intercambiable ni un simple dato administrativo.
La «regularización», en ese sentido, puede interpretarse como un paso más en un proceso sostenido de redefinición demográfica que altera de forma acelerada la composición del país. Para algunos, es una adaptación necesaria a la globalización y al envejecimiento; para otros, constituye un ataque continuado a la identidad española tal como se ha configurado históricamente.
Una realidad innegable
España ha cambiado profundamente en apenas una generación. De país emisor de emigrantes ha pasado a ser uno de los principales destinos migratorios de Europa. Diez millones de nacidos en el extranjero no son sólo una cifra estadística: representan una mutación estructural.
La cuestión ya no es si el fenómeno existe, sino cómo se gestiona. Sin natalidad suficiente, el país depende del exterior para sostener su población y su sistema de bienestar. Pero esa dependencia exige límites, planificación y un debate honesto sobre empleo, vivienda, cohesión social e identidad nacional.
Las cifras del INE son un espejo incómodo. Reflejan una España que crece en términos absolutos mientras pierde vigor demográfico interno; una España que regulariza y amplía flujos en medio de tensiones económicas; y una España que debe decidir si esta transformación responde a un proyecto consciente o a una inercia política sin horizonte definido.
