El Gobierno regularizará por decreto a 500.000 inmigrantes ilegales, que en la práctica serán cerca de un millón, en una decisión política unilateral —aunque con el paoyo previo del PP— de enorme calado, al margen de las Cortes, sobre una cuestión que afecta al futuro social, económico y cultural de España. No es un mero gesto administrativo ni una cortina de humo coyuntural, como repite la oposición teórica.
La «regularización» masiva de medio millón de extranerjos importados, en connivencia de políticomafiosa, por los mismos gobernantes no es casual ni la reparación de un fracaso o una afrenta. Se trata de una fase más avanzada de un sistema de sustitución poblacional que nada tiene de casual ni fortuito.
Negar que estas políticas alteran de forma profunda el equilibrio social es insultar a los españoles. Ni conspiración ni exageración: es una agenda que promueve el reemplazo demográfico, para que unos contraten y otros gobiernen a quienes piden y esperan menos que los autóctonos.
