Un equipo de investigación trabaja a contrarreloj, un diario «denuncia» y un relato emerge, interrumpe la cotidianidad, ocupando más espacio informativo que cualquier noticia con relevancia en nuestras vidas. La industria del entretenimiento vuelve a demostrar su voracidad y a la opinión pública se le embute una papilla masticada.
La cultura de la cancelación, que vino para quedarse, se presenta como cruzada moral cuando es hipocresía. Nunca es qué, sino quién y, sobre todo, qué piensa ese «quién». No es un ejercicio honesto de ética colectiva, sino un instrumento selectivo que se activa según convenga. Bajo la coartada de rechazar conductas reprobables, se desactiva a personajes incómodos, se ajustan cuentas y se reescribe la reputación ajena sin garantías ni matices.
Con todo, lo más grave es la erosión de la Presunción de Inocencia. Ese principio básico del Estado de Derecho pisoteado por informadores, instituciones o e incluso cargos públicos. Hoy la sospecha basta, la acusación equivale a la prueba y la defensa es ridiculizada o silenciada. El daño suele ser irreversible.
Eso sí, el ruido cumple su función: horas de programación rellenadas, indignación jaleada y una ciudadanía entretenida. El mecanismo no es nuevo pero sí es eficaz en su propósito. Mientras el escándalo distrae, la realidad, esa en la que vivimos esclavizados en una tiranía disfrazada, sigue su curso.
