Se ha instalado en el debate público la caricatura del casero como rentista acomodado, casi un especulador profesional que vive de exprimir a otros. La realidad, sin embargo, es bastante menos ideológica y mucho más prosaica. En España, quien alquila una vivienda suele ser un pequeño propietario, alguien que compró un piso con sus ahorros, con una herencia modesta o tras décadas de trabajo, y que lo arrienda para complementar ingresos, pagar una hipoteca o asegurarse una jubilación que el sistema público ya no garantiza.
No se trata, por lo general, de grandes fortunas ni de fondos internacionales, sino de clases medias que han apostado por el ladrillo como forma de ahorro, a menudo asumiendo riesgos elevados. A ese propietario se le exigen hoy más impuestos, más cargas y más inseguridad jurídica, mientras se le señala como culpable del problema del acceso a la vivienda, que es, ante todo, fruto de políticas diseñadas para que así ocurra.
