No son «sólo» Koldo García, José Luis Ábalos, Leire Díez, Santos Cerdán, Juan Carlos Barrabés, Begoña Gómez, Cristina Álvarez, David Sánchez, Vicente Fernández Guerrero, Antxon Alonso, Cristóbal Montoro y otras personas que a día de hoy figuran como investigadas o con causas judiciales abierta.
También son empresas constructoras y de obra pública, concesionarias de carreteras, hospitales y depuradoras, empresas energéticas y de renovables, compañías de agua y residuos, farmacéuticas, distribuidoras de material sanitario y hospitales concertados, consultoras estratégicas y auditoras, ingenierías técnicas, intermediarios y comisionistas profesionales, banca y estructuras financieras que facilitan préstamos, refinanciaciones y movimientos opacos, empresas de eventos, ferias, publicidad y comunicación institucional, prensa y televisión, fundaciones, asociaciones y ONG utilizadas como pantalla, sociedades instrumentales y patrimoniales, testaferros, abogados mercantiles y fiscalistas, asesores contables, notarios y registradores, empresas públicas y semipúblicas, consorcios y agencias, lobbies, puertas giratorias entre cargos y consejos de administración, modificados de contrato, fraccionamientos, subvenciones y ayudas públicas, externalizaciones innecesarias y, en conjunto, una red civil y empresarial sin la cual la corrupción política simplemente no podría operar.
Para que haya políticos corruptos, tiene que haber una estructura civil que los sostenga. El lazarillo de Tormes permitía que el ciego comiera las uvas de dos en dos porque él las estaba comiendo de tres en tres. Urge una regeneración de la moral pública y de la particular en toda la sociedad.
