Durante el mes de agosto el calor se notó en los termómetros y sobre todo en la propaganda climática. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Gobierno han aprovechado los episodios de altas temperaturas para lanzar mensajes catastrofistas, presentando como inéditas situaciones que la historia climática española demuestra que no lo son. El relato oficial, que se mantuvo silenciado en julio, insiste en la excepcionalidad de lo vivido en agosto, mientras los archivos meteorológicos recogen veranos abrasadores mucho antes de que existiera siquiera la noción de «emergencia climática».
En plena oleada de incendios, Pedro Sánchez compareció en el Puesto de Mando Avanzado de La Granja (Cáceres) para insistir en que «la emergencia climática se agrava año tras año». Nada de diagnóstico riguroso, todo de estrategia política y negocio: transformar un fenómeno recurrente en una narrativa de alarma que justifique la «movilización» de millones de euros y la demanda de un pacto de Estado a medida del Gobierno.
Un pacto de Estado para blindar el relato (y la financiación)
El objetivo, dijo Sánchez, es «trascender las legislaturas» y comprometer a todas las instituciones en unas políticas permanentes. Pero más allá de la retórica solemne, la propuesta parece responder a una lógica política: blindar como dogma una visión alarmista que reduce cualquier debate a la aceptación de un estado de emergencia.
Uno de los ejemplos más claros de la propaganda climática fue su insistencia en la ola de calor del mes de agosto. Sánchez subrayó que «son 16 días de ola de calor, la mayor y más larga desde que tenemos registros, es decir, desde 1975». El énfasis estaba en subrayar un antes y un después, como si España hubiera entrado en una era inédita de temperaturas insoportables. El problema es que los propios archivos meteorológicos del país contradicen esa tesis.
Rigor contra alarmismo
Documentos históricos de la Aemet, e incluso informes anteriores al propio organismo, demuestran que tanto en el siglo XIX como en las primeras décadas del XX se registraban con frecuencia temperaturas por encima de los 40 grados en numerosas ciudades. El calendario meteoro-fenológico de 1946, elaborado por el antiguo Ministerio del Aire, anotaba máximas de 44,7 grados en Murcia, 43,6 en Orense, 43 en Jaén y 46 en Badajoz. Difícilmente puede sostenerse que el verano de 2025 sea una anomalía inédita cuando ya en aquella época se soportaban cifras similares.
Más atrás todavía, un informe de 1876 recoge temperaturas que superaban ampliamente los 40 grados en varias zonas de la Península Ibérica, con registros de hasta 51 grados en agosto. Estos datos, imposibles de encajar en la narrativa gubernamental, revelan una realidad incómoda: el calor extremo forma parte de la historia climática española desde hace siglos.
Lo que ha cambiado no son tanto los termómetros, sino la manera de interpretar sus cifras. En el pasado, estos episodios se asumían como parte del clima mediterráneo y continental de la Península, que siempre ha sido proclive a extremos. Hoy, en cambio, son munición política para impulsar un discurso de urgencia permanente. El Gobierno no duda en transformar un fenómeno habitual en prueba irrefutable de un relato que exige obediencia ideológica.
Se sustituye el análisis sereno y científico por un alarmismo instrumentalizado. Se confunde a la opinión pública con proclamas grandilocuentes y se diluye lo esencial: la necesidad de políticas reales de prevención de incendios, gestión forestal, infraestructuras de agua y adaptación urbana al calor. En lugar de reforzar las infraestructuras frente a episodios que siempre han existido, se opta por vender un clima de excepción que justifica más burocracia, más intervencionismo y menos debate.
