La administración de los Estados Unidos ha decretado el silencio en sobre el caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de liderar una red de trata sexual de menores con ramificaciones internacionales, y su cómplice ya condenada, Ghislaine Maxwell. El Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI han cerrado definitivamente la investigación federal sobre el asunto, concluyendo que no hay pruebas suficientes para sostener que Epstein liderase una red de trata de menores al servicio de celebridades de todo tipo. Además, han descartado realizar nuevas revelaciones con el argumento de que no procede ni está justificado seguir difundiendo más información.
El anuncio, en forma de memorando oficial, ha provocado una oleada de reacciones críticas en ámbitos conservadores en los que la confianza en Donald Trump ya está cuando menos lesionada. El presidente 45 y 47 prometió que haría pública la lista de clientes de los «servicios sexuales» con menores ofrecidos por el productor neoyorquino. Ahora, bajo su mandato, queda descartada la transparencia en torno a los políticos, empresarios, jueces y celebridades de todo tipo que participaron en actos depravados, juntos o por separado.
El pretexto de la protección a las víctimas y la «lista de clientes»
El documento contiene varios pasajes que, como muy poco, invitan al escepticismo. Uno de los más llamativos es el argumento según el cual el Departamento de Justicia se niega a difundir ciertos materiales relacionados con el caso: no se permitiría la publicación de pornografía infantil. Esta razón ha sido repetida por el director del FBI, Christopher Wray, y por el exasesor de seguridad nacional Kash Patel, que en una entrevista reciente con Joe Rogan insistió en que su agencia no divulgaría vídeos que pudieran revictimizar a las menores implicadas.
Sobre el papel, la protección de las víctimas es una razón comprensible. En cambio, no se trata de publicar vídeos o contenido gráfico, algo que nadie ha pedido, sino de esclarecer si esos materiales identifican o implican a otras personas poderosas en los delitos de Epstein. El argumento del «daño a las víctimas» suena más a pretexto para cerrar la puerta a una investigación incómoda.
Más allá de esta línea argumental, el texto asegura que una revisión del material incautado durante la investigación no ha revelado ninguna «lista de clientes» incriminatoria. Una afirmación difícil de creer. Para empezar, contradice directamente lo que dijo hace unos meses Pam Bondi, fiscal general de Florida y figura cercana al entorno de Trump. En una entrevista con Fox News, cuando el periodista John Roberts le preguntó si el Departamento de Justicia haría pública la lista de clientes de Epstein, Bondi respondió: «Está encima de mi mesa ahora mismo para revisarla». Es decir, no sólo reconocía la existencia de esa lista, sino que confirmaba tener acceso directo a ella. ¿Cómo se explica entonces que ahora el FBI y el DOJ digan que tal lista no existe?
Además, el uso de la expresión «lista de clientes» en este contexto tiene una carga evidente: hace referencia a los nombres de personas que podrían haber participado o colaborado con Epstein en sus crímenes. La existencia o no de una lista literal es secundaria. Lo que importa es si las autoridades han identificado a otros cómplices o beneficiarios de la red de explotación que Epstein dirigía. Si esas personas existen, el deber del gobierno es investigarlas y, en su caso, procesarlas. No parece estar ocurriendo.
Encubrimiento orquestado
El cierre de la investigación refuerza la sensación de que se está produciendo un encubrimiento institucional a gran escala. Al repasar el historial de conexiones e irregularidades que rodean el caso Epstein, es fácil entender por qué tanta gente desconfía. Para empezar, resulta cuando menos peculiar que un joven sin título universitario como Epstein consiguiera un puesto como profesor en la prestigiosa Dalton School de Nueva York a los 21 años. La facultad estaba entonces dirigida por Donald Barr, exagente de la OSS (la antecesora de la CIA) y padre de William Barr, quien décadas después sería fiscal general de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Curiosamente, cuando Epstein apareció muerto en su celda en 2019, William Barr era la máxima autoridad del Departamento de Justicia.
La muerte, oficialmente clasificada como suicidio, sigue siendo objeto de controversia. Las cámaras de vigilancia fallaron misteriosamente, los guardias se durmieron o estaban ausentes, y Epstein, que había intentado suicidarse semanas antes, fue retirado del protocolo de vigilancia antisuicidio sin una explicación convincente. La cadena de fallos en un centro de alta seguridad como el Metropolitan Correctional Center de Nueva York resulta tan improbable que alimenta teorías que apuntan directamente a una eliminación premeditada.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que la decisión del DOJ y el FBI de cerrar el caso con argumentos vagos, compartidos y sin aportar nuevas pruebas sea recibida con desconfianza. Lo más preocupante es que, en un país donde las instituciones se suponen garantes de la justicia y el imperio de la ley, la sensación de que hay una justicia paralela para ciertas castas mina la confianza ciudadana en el sistema. El caso Epstein ya no es sólo un escándalo de abusos sexuales, se ha convertido en un símbolo de cómo el poder puede escapar de toda responsabilidad por muy graves que sean los hechos.
