A pocas horas de que acabe 2021, podemos afirmar que ha sido un año para olvidar. Al menos, en lo que en términos generales se refiere. Independientemente de las consideraciones individuales que pueda hacer cada uno, no ha sido un buen año para España. Sin duda, ha sido un año en el que se ha acelerado el proceso de descomposición de la nación centenaria llamada España. Ello ha sido posible gracias a un gobierno central que no sólo no ha solucionado los problemas que venimos arrastrando desde hace años, sino que para colmo ha generado nuevos problemas.
Hay desgracias, como la pandemia, que por su propia naturaleza son inevitables. Pero cuando suceden en un momento en el que se tiene un gobierno de sectarios e incompetentes, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es lo que ha ocurrido este año. Por mucho que los satélites mediáticos del gobierno digan lo contrario, la realidad política, social y económica es hoy mucho peor que hace un año.
Para empezar, durante este 2021 el gobierno ha continuado con la agenda rupturista y frentista con la que inició la legislatura. En los últimos meses, el ejecutivo ha consolidado su alianza con separatistas y pro etarras, otorgando carta de legitimidad a sus pretensiones de llevar a cabo el desguace de España. Así, el gobierno ha cometido algunas tropelías como el traspase de la competencia de prisiones al País Vasco o el goteo constante de beneficios penitenciarios a algunos de los etarras más sanguinarios. A todo ello hay que añadir que se ha otorgado a Bildu la condición de socio preferente, involucrando a los etarras en negociaciones tan importantes la de los Presupuestos Generales del Estado. Como bien dijo Iglesias, Bildu ya forma parte de la dirección del Estado.
Tampoco ha desaprovechado Sánchez este año para desempolvar el guerracivilismo rancio que utilizó en su día el peor Zapatero. Bien sea para poner sordina a los verdaderos problemas del país, bien para intentar obtener rédito electoral, Sánchez ha decidido dar el impulso definitivo a su ley de memoria democrática. Un proyecto cuyo objetivo principal es imponer una versión oficial sobre determinados episodios históricos y perseguir a todo aquel que discrepe de esa versión. Totalitarismo en estado puro.
Dicho proyecto viene a consolidar de forma irreversible la podemización del PSOE, cuyos dirigentes han llegado a afirmar en los últimos meses que la democracia comenzó en 1982. Aunque es un hecho que ha pasado por alto, es la declaración expresa de ruptura de los socialistas con la Transición y la Constitución de 1978.
También en este 2021 hemos vivido uno de los episodios más infames de la historia democrática: la concesión del indulto a los golpistas separatistas. Aquel día, Sánchez demostró que es un individuo sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa por pasar una sola noche más en Moncloa. Con esta operación, Sánchez llevó a cabo un desafío sin precedentes al poder judicial, pues el Tribunal Supremo se mostró taxativamente en contra de otorgar el indulto a los condenados. Fue la continuación del proceso de erosión democrática iniciado desde la llegada de los socialistas al poder.
Por si nos quedaba alguna duda del carácter totalitario del gobierno sanchista, llegó el Tribunal Constitucional para confirmar que el ejecutivo ha estado instalado en una inconstitucionalidad permanente desde el inicio de la legislatura. En este año, el TC ha declarado inconstitucional los dos estados de alarmas decretados por el ejecutivo y el cierre del Congreso ordenado por Meritxell Batet. Tres varapalos que en cualquier país del mundo harían caer al ejecutivo en bloque.
El Tribunal Constitucional constató que, aprovechando la situación sanitaria, Sánchez decidió suspender la democracia para así poder evitar los controles y contrapesos democráticos. Como se ha dicho antes, este hecho apenas tuvo repercusión, pero no por eso deja de ser grave. Cuando un gobierno decide esquivar los mecanismos legales y contrapesos para poder adoptar decisiones arbitrarias, inevitablemente se está más cerca de la dictadura que de la democracia.
En el terreno económico, el panorama tampoco ha sido para tirar cohetes. En este año que nos deja, la deuda pública ha alcanzado un nuevo récord y ya supone el 122% del PIB. Por si no fuera poco, el gobierno no ha tenido mejor idea que aprobar unos presupuestos con un gasto público desbocado. Acompañado, claro está, de una subida de impuestos.
A mediados de 2021, llegó a nuestras vidas el famoso tarifazo eléctrico, llegando la factura de la luz a alcanzar cifras desconocidas hasta ahora. Así, hemos vivido días en los que el precio de la luz ha alcanzado los 400 euros/MWh. Unos precios insostenibles para muchas familias y que se han llevado por delante muchos negocios que venían acarreando problemas debido a las restricciones.
Con las subidas de impuestos indirectos, una inflación galopante y un precio de la luz por las nubes, las clases medias y populares han visto mermados sus ingresos. Mientras las familias están cada vez más ahogadas, el tamaño del Estado no ha parado de crecer. En 2021 hemos alcanzado récord en el número de asesores y altos cargos, cuyo gasto asciende a 122.217.000 euros, aumentado así la cuantía respecto a 2020.
Como no podía ser de otra forma, y para no perder costumbres, también en este 2021 ha continuado la persecución sistemática al español en algunas autonomías. A pesar de que también ha sido el año de una sentencia histórica, en la que el Tribunal Supremo consagraba la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano, no podemos olvidar que España es un Estado de derecho… a ratos. La sentencia ha quedado en papel mojado debido a que tenemos un gobierno que no está dispuesto a hacer cumplir la ley, no vaya a ser que peligre la estancia de Sánchez en Moncloa. Lo único que ha conseguido la sentencia ha sido para demostrar la miseria moral del separatismo catalán, que no ha dudado en acosar a un niño de 5 años que legítimamente ha reclamado su derecho a ser educado en español. En manos de esta gente recae la gobernabilidad del país.
En definitiva, 2021 ha sido un año para olvidar. Poco o nada bueno ha traído a nuestro país. Muy al contrario, solo ha servido para acelerar el proceso de degeneración política e institucional y la destrucción de España como nación. En el próximo año no se vislumbra un panorama mucho mejor, pero lo mínimo que podemos hacer quienes creemos en España y en la libertad es afrontarlo con energía y determinación. Los malos nunca van a descansar.
