Lo que Occidente padece no es un terremoto ni una plaga, sino el vencimiento de los compromisos adquiridos por un sistema sociopolítico pensado para dos generaciones, de las cuales la segunda ya empieza a encoger. El economista Frank Knight distinguió en 1921 entre el riesgo, que puede calcularse y asegurarse, y la incertidumbre, que no admite componendas. Europa levantó su prosperidad de posguerra haciendo de lo segundo lo primero: moneda estable, cuentas equilibradas, frontera conocida, defensa garantizada. El método de las últimas décadas, que ha consistido en recorrer ese en dirección opuesta, y descansa sobre tres pilares principales.
El primero es la deuda sin control, espoleada por una inflación provocada desde la política como el fenómeno monetario que es. Los balances del Eurosistema rondaban el billón y medio de euros en 2007 y alcanzaron los 8,8 billones en junio de 2022; buena parte de ese dinero se creó para comprar la deuda que emitían los gobiernos que mantenían a la gente encerrada en casa. La inflación de la eurozona llegó entonces al 10,6%, la mayor desde que existe la moneda única, y se dijo que era transitoria y venía de fuera: las perturbaciones de oferta explican qué precios subieron primero, no por qué subieron luego casi todos. En 1609 Juan de Mariana publicó De monetae mutatione contra la alteración de la moneda de vellón y sostuvo, a precio de cárcel, que rebajar el valor del dinero equivale a cobrar un tributo sin el consentimiento de quienes lo pagan. Es la descripción exacta de lo ocurrido: entre 2019 y 2025 los salarios españoles subieron un 21,3% y los precios un 22,7%, de modo que quien tenía activos se enriqueció y quien vivía de una nómina pagó la diferencia.
Europa a la intemperie: la incertidumbre global y sus consecuencias
La deuda de la zona del euro equivale al 88,8% de su producto y doce Estados superan el 60% de Maastricht, límite que ya nadie invoca; España ronda el 101% y pagó en 2025 más de 40.000 millones de euros en intereses, cifra sin precedentes. El déficit de la Seguridad Social fue en 2024 de 69.783 millones, por encima del déficit público total, de 51.267: sin él, las cuentas del Estado habrían cerrado con superávit. Es pasivo contraído en tiempo de paz para sostener gasto corriente, y habrán de amortizarlo generaciones menos numerosas que las que lo votaron. También la defensa delegada tras 1989 se repone con deuda: el gasto militar europeo ha crecido un 14% en un solo ejercicio, hasta los 864.000 millones de dólares, con diecisiete Estados acogidos a la cláusula que les permite incumplir las reglas fiscales.
El segundo pilar es una fiscalidad que no tiene nada de proporcionada. El trabajador español de 1975 conservaba el 81% de lo que ganaba antes de impuestos; el de 2023, el 55%. El castigo tampoco se reparte por igual: la proporción de europeos que trabajan por cuenta propia ha caído 4,5 puntos desde 1996, en España cerraron en un solo año más de 13.500 pequeños comercios y siete de cada diez empleos creados desde 2018 corresponden a empresas de más de 250 trabajadores, con un empleo público de 3,7 millones de personas. Preguntados qué aconsejarían a un joven, la mitad de los españoles responde que trabaje para la Administración y sólo el 13% que monte algo propio. Lo que la fiscalidad y la regulación penalizan con más dureza es precisamente la única forma de trabajo que permite llegar a poseer.
El tercero es la invasión migratoria, es decir la sustitución poblacional. Si en 1996 los extranjeros representaban un 2,5% de la población de España; ahora residen en nuestro país más de nueve millones de personas nacidas fuera que, con los dos millones de hijos tenidos aquí, rondan el 23%. Los Estados de la UE concedieron 3,9 millones de primeros permisos de residencia a ciudadanos de terceros países en un solo año: el fenómeno no entra sólo en cayuco, llega en avión, amparado por decisiones administrativas de veintisiete gobiernos. La justificación es la falta de mano de obra, nunca las condiciones laborales que la provocan. España ha alcanzado los 49,6 millones de habitantes y roza los 22,5 millones de ocupados, máximos históricos, pero cada ocupado produce lo mismo que en 2019 y la renta por habitante guarda con la eurozona la distancia de 1995. Con treinta y cinco millones, a mediados de los setenta, el país funcionaba.
El precio, como siempre, lo paga la gente corriente. En 1975 un español se emancipaba a los 25 años; ahora lo hace a los treinta. El 69,3% de los hogares encabezados por un menor de 35 años era propietario de su vivienda en 2011, y en 2022 lo era un 31,8%. Hilaire Belloc llamó a esto el Estado servil: una sociedad en la que la mayoría, a cambio de seguridad, trabaja sin propiedad para quienes la poseen.
A pesar del relato oficial interesado, no cabe imputar la responsabilidad a una generación, beneficiaria y no arquitecta, sino a quienes diseñaron y administran el método. Un entramado que crea dinero para obtener legitimación, grava el trabajo por encima de lo que devuelve, gasta lo que no ingresa e importa a quien ha de pagarlo presupone un individuo instalado en el presente, sin deudas con quienes le precedieron ni obligaciones con quienes vendrán, al que basta tener ocupado en lugar de hacerlo propietario. Comprar tiempo es una táctica, no una política, y su rasgo distintivo es que el plazo siempre vence en manos de otro.


