Parece ser que los obispos españoles han descartado el texto de orientación electoral que su presidente, monseñor Luis Argüello, habría presentado para su aprobación a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Pero parece ser también que in extremis habrían llegado a una cierta fórmula de consenso para dirigirse a los católicos ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según las informaciones conocidas, que veremos cómo terminan de cumplirse, la Asamblea Plenaria habría acordado publicar una breve declaración que remita al discurso pronunciado por León XIV ante las Cortes Generales durante su visita a España, el pasado mes de junio.
De todo esto no es descabellado imaginar que las deliberaciones han puesto de manifiesto distintas posiciones, matices y acentos en torno a la orientación del voto católico, que revelan algo más que una simple discrepancia de oportunidad entre los propios obispos. Como sucede entre los demás españoles, también entre los obispos existen diferentes maneras de interpretar la situación política y de valorar la conveniencia de intervenir en plena campaña electoral. Finalmente, habrían encontrado una solución que permite recuperar las palabras del papa sin necesidad de elaborar una orientación propia más extensa.
La dificultad que deja entrever este episodio puede ser bastante más profunda que una discusión sobre la oportunidad de una declaración. Cabe preguntarse hasta qué punto los propios obispos participan de las interpretaciones enfrentadas de la realidad que dominan nuestra vida pública y si esas interpretaciones están influyendo en su manera de comprender las prioridades de la Iglesia.
Durante las últimas décadas han adquirido protagonismo diferentes formas de presentar la misión eclesial, algunas centradas en la doctrina, la liturgia y la defensa de determinados principios morales; otras más preocupadas por la justicia social, la ecología, la acogida o la sinodalidad. El problema aparece cuando estas preocupaciones dejan de integrarse en una comprensión común de la misión cristiana y comienzan a funcionar como interpretaciones particulares desde las que se determina qué cuestiones merecen atención y cuáles pueden permanecer en segundo plano.
A lo largo de su historia, la Iglesia ha tenido que encontrar la manera de anunciar el Evangelio en sociedades muy diferentes, con sus preocupaciones, sus conflictos y sus formas particulares de entender al ser humano. Ese encuentro ha enriquecido su pensamiento y ha permitido desarrollar aspectos de su doctrina que difícilmente habrían alcanzado la misma profundidad sin el diálogo con cada época. Pero también ha conocido las consecuencias de acomodarse demasiado a los poderes, las mentalidades o las aspiraciones dominantes.
Hoy resulta difícil sustraerse a las categorías con las que nuestra sociedad interpreta la libertad, los derechos, la identidad o la justicia. Las utilizamos habitualmente, también dentro de la Iglesia, y quizá por eso no siempre advertimos hasta qué punto pueden estar condicionando nuestra manera de pensar. El peligro es que acabemos aceptando de la cultura contemporánea los criterios con los que juzgamos nuestra propia identidad, en lugar de examinar sus propuestas desde la fe cristiana.
Ese mismo condicionamiento puede trasladarse a las orientaciones electorales. Una declaración episcopal tiene consecuencias políticas, aunque no mencione a ningún partido. Los asuntos que aborda, la importancia que concede a cada uno y aquellos sobre los que guarda silencio pueden coincidir con las prioridades de alguna de las posiciones en disputa. Sería preocupante que el temor a parecer próximos a la derecha llevara a evitar cuestiones como el aborto, la familia o la libertad educativa, pero también que la oposición a determinadas políticas progresistas condujera a ignorar las exigencias de justicia social, la situación de los inmigrantes o la atención a los más vulnerables. No todas estas cuestiones tienen la misma naturaleza moral ni admiten idéntico margen de decisión política. Precisamente por eso necesitan una valoración que no dependa de su utilidad para confirmar las preferencias ideológicas de unos u otros.
La Conferencia Episcopal abordó estas dificultades en Los católicos en la vida pública, documento de 1986, donde reconoció tanto la responsabilidad moral de los creyentes en el ejercicio del voto como su libertad para elegir entre diferentes opciones políticas. El Concilio Vaticano II había establecido en Gaudium et spes la legítima autonomía de las realidades temporales y la responsabilidad de los laicos en la ordenación de los asuntos públicos. Estas enseñanzas mantienen su importancia, especialmente cuando la polarización política parece exigir que toda institución termine identificándose con alguno de los bloques enfrentados.
Orientar el voto tampoco consiste únicamente en recordar una serie de principios morales, porque su aplicación a unas elecciones concretas exige examinar programas, trayectorias, medios empleados y consecuencias previsibles. Pero no puede reducirse a una apelación genérica al bien común que evite las cuestiones más controvertidas. La formación de la conciencia cristiana necesita distinguir entre exigencias morales que no pueden relativizarse y decisiones prudenciales sobre las que cabe una legítima diversidad. Si esa distinción desaparece, la intervención de los obispos puede terminar confundiendo su autoridad para enseñar con la valoración política que corresponde realizar a los ciudadanos.
Las tensiones presentes en el episcopado se reproducen, con matices diferentes, entre los propios creyentes. No siempre se comienza examinando las propuestas políticas desde la doctrina social de la Iglesia. Con frecuencia sucede lo contrario: las preferencias electorales determinan qué partes de esa doctrina se consideran fundamentales y cuáles resultan incómodas. Un católico puede terminar interpretando las exigencias del Evangelio desde las prioridades del partido al que vota, en lugar de permitir que esas exigencias cuestionen también sus propias preferencias.
El acuerdo de remitir a las palabras de León XIV puede ayudar a superar algunas de estas dificultades…. o no. Su discurso ante las Cortes abordó la defensa de la vida humana, la familia, la dignidad de los migrantes, los límites morales del poder y la responsabilidad de quienes legislan, entre otras cuestiones. No fue pronunciado para orientar unas elecciones, sino para recordar a los representantes políticos los fundamentos éticos de su responsabilidad. Recuperarlo ahora evita que la Conferencia Episcopal tenga que elaborar una selección propia de prioridades en un momento especialmente sensible. Pero esa referencia tampoco elimina por sí sola la necesidad de discernimiento. También las palabras del papa pueden ser leídas parcialmente, como hicieron los propios políticos tras escucharlo en el Congreso, quedándose cada uno con aquello que confirmaba sus posiciones. Cabe perfectamente que eso vuelva a suceder en esta orientación para las próximas elecciones, destacando aquello que confirma las propias convicciones y dejando en segundo plano lo que resulta menos cómodo.
Quizá el desacuerdo de estos días permita a la Conferencia Episcopal examinar cuánto influyen las categorías de la confrontación política en la manera en que los católicos, incluidos sus pastores, interpretan y presentan las exigencias de la fe. La Iglesia tiene que mantenerse al margen de los problemas de la sociedad sin renunciar a pronunciarse sobre ellos. Pero debería poder hacerlo sin quedar condicionada por las expectativas de los partidos o por las identificaciones políticas que atraviesan a la propia comunidad eclesial. De otro modo, al intentar ayudar a los católicos a formar su conciencia, podría terminar ofreciéndoles argumentos para confirmar decisiones adoptadas previamente desde convicciones que quizá no han sido suficientemente examinadas a la luz del Evangelio.


