La reciente votación del Parlamento Europeo ha decidido remitir el acuerdo UE Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios. En Estrasburgo, los eurodiputados adoptaron una resolución (por un estrecho margen de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) que paraliza de facto su ratificación mientras se espera un dictamen que puede tardar años.
La negociación del plan comercial con los países del Mercado Común del Sur ha sido dominada por burocracias que evitan el escrutinio democrático, dividiendo el acuerdo para eludir debates plenos y hurtando así la evaluación completa de parlamentos nacionales y europeos.
Más allá de procedimientos jurídicos, la objeción principal es comercial: el acuerdo inundaría el mercado europeo de productos agrícolas procedentes de Iberoamérica. Esto supondría una clara desventaja competitiva para los agricultores y ganaderos europeos sometidos a normas ambientales, sanitarias y laborales estrictas que elevan sus costes frente a productores foráneos. Así quedan bajo amenaza empleos y explotaciones familiares subyugadas por un modelo globalista que favorece a grandes exportadores por encima del tejido productivo local.
El rechazo a Mercosur es la defensa de una apertura equilibrada, transparente y con salvaguardas reales para que el sector primario de los países europeos no sea moneda de cambio de objetivos geo-económicos de las élites contra la gente corriente.
