El reciente dictamen del Consejo de estado representa no solo un error jurídico, sino una profunda aberración moral y una traición a los principios fundamentales que debe proteger nuestra Constitución. El máximo órgano consultivo del Estado ha avalado que el asesinado de seres humanos en el vientre de sus madres quede amparado en la Carta Magna, introduciendo de facto un «derecho» al aborto que consagra la exclusión y la eliminación de los más indefensos: los no nacidos.
Seis consejeros votaron en contra, advirtiendo incluso de un «fraude constitucional», porque la redacción propuesta no se ajusta a la naturaleza de nuestra Ley Fundamental y desprotege el principio esencial de la vida humana.
Se trata de un intento de «blindar ideológicamente» la práctica del aborto bajo un falso manto de derechos, a costa del derecho más básico de todos: el derecho a la vida.
La vida humana no puede estar sujeta a mayorías delirantes ni a estrategias político-electorales; merece la máxima protección. También constitucional. Y así, tenemos a un órgano que debería ser guardián plegándose a una agenda que relativiza el valor intrínseco de la vida, cooperando con el Príncipe de este mundo en la destrucción de nuestra sociedad y nuestras almas.
