Tras los primeros años del triunfo de la contrarrevolución nacional y el final de la Guerra civil española, los gobiernos de Franco tuvieron que acometer la difícil labor de la reforma agraria. En primer lugar, porque la cuestión de la tierra era un problema que recorrió España durante el siglo XIX, con los efectos devastadores de las desamortizaciones para el campo español, y se prolongó durante buena parte del siglo XX. Es decir, las tentativas de reformas sociales que contrarrestaran el balance de las desamortizaciones, en especial las que suprimieron los bienes comunales, y las luchas del mundo campesino, agravadas por la irrupción del anarquismo y el comunismo, no fue superada hasta la implantación de la contrarreforma agraria del franquismo.
Con la llegada de la Segunda República, la población activa agraria descendió por primera vez en la historia de un 50% del total (país de 23,5 millones de habitantes). Sin embargo, había en España dos millones de jornaleros sin tierra ni trabajo estable, que llevaban a una existencia de vida miserable. Un buen retrato de esta situación, de especial gravedad en la mitad sur española, nos lo da Ramón J. Sender en la crónica que hace en Viaje a la aldea del crimen (Libros del Asteroide, 2016) y que narra los sucesos de Casas Viejas de enero de 1933, que dejaron 25 muertos y causaron la dimisión del presidente del Gobierno Manuel Azaña: «En Casas Viejas, como en el resto de Andalucía, hablan recio los que comen. Hablan quedo los hambrientos. Así de terriblemente simple es la cuestión. Pero observemos también que el hambriento de Andalucía no es como el de Castilla o del norte. No es un ser reflexivo que busca salidas ingeniosas para ir malviviendo. Que se las apaña como puede. Aquí no puede de ninguna manera. Hay un hambre que no es ya humana, ni ciudadana. Un hambre cetrina y rencorosa, de perro vagabundo».
Otro ejemplo de la precaria situación de los campesinos españoles, no exento de propaganda, fue el documental La Hurdes, tierra sin pan (1933). Financiado por el anarquista Ramón Acín, el cineasta Luis Buñuel filmó este breve metraje de 27 minutos en el que se mostraba la contraparte del viaje que Alfonso XIII había realizado a la región extremeña en 1922 con Gregorio Marañón. Ahí se hacía también un dibujo de la miseria de algunas zonas agrarias de España. Tanto que la cinta fue censurada por las autoridades republicanas.
Volviendo a la República, la cuestión agraria fue afrontada con la Ley de Bases para de Reforma Agraria. Dicha ley fue aprobada el 9 de septiembre de 1932 y refrendada por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo Sanjuán. Fue publicada en el núm. 265 de La Gaceta de Madrid el 21 de septiembre. Uno de los aspectos más destacables de esta fue la que establecía, en su base 7.ª, un inventario de los terrenos susceptibles de expropiación, como los latifundios abandonados o mal cultivados, previa indemnización. Otro caso sería el de los llamados, en la base 5.ª, «señoríos jurisdiccionales» pertenecientes a los Grandes de España y que podrían expropiarse sin indemnización alguna. Estos últimos, como señala Antonio Flores en su artículo en El Debate, estarían en manos de 65 propietarios, que tendrían en su haber unas 500 000 hectáreas.
La ley, que antes de su aprobación ya había causado fricciones entre reformistas y revolucionarios, cosechó un relativo fracaso. Primero por sus insuficiencias y escasos recursos empleados. Además, motivó arbitrariedades en la expropiación de tierras, ocupaciones previas a dichas expropiaciones y frustró las expectativas de los jornaleros. En el momento de su derogación en 1935, ya bajo los gobiernos radical-cedistas, sólo se habían asentado 12 000 campesinos en 116 000 hectáreas. Por otro lado, el proyecto de una nueva ley quedó estancado y contó con la oposición de los terratenientes organizados en el Partido Agrario Español de José Martínez de Velasco (asesinado en 1936 por milicianos republicanos en la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid).
Una vez acabada la guerra, los gobiernos nacionales afrontaban la ardua empresa de alimentar a un país destruido y de hacer frente a un incipiente aislamiento internacional. El Decreto de Unificación había motivado la superación de la separación engendrada por los partidos políticos. Pero, en FET de las JONS sí que existían familias ideológicas con una profunda percepción de la problemática social, en la que tomaba un papel especial el mundo agrario. Serían los falangistas y los católicos sociales los que más incidirían en esas primeras reformas.
En el caso de los falangistas, el campo español tenía una relevancia que trascendía lo económico y en él veían el alma de España, tal y como habían defendido en publicaciones como la Revista Jerarquía. Pero el documento fundamental, al menos en la materialización de estas reformas, fue el programa político de 27 puntos de Falange Española de las JONS. Estos fueron fruto de su primer Consejo Nacional celebrado en Madrid entre el 4 y el 7 de octubre de 1934 y publicados en ABC el 30 de noviembre.
Redactados por Ramiro Ledesma, pero con correcciones de José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas, Julio Ruiz de Alda y Onésimo Redondo, el programa dedicaba 6 de sus puntos a la tierra (del 17 al 22). En el 17 ya dejaba claras las intenciones de Falange: «Hay que elevar a todo trance el nivel de vida del campo, vivero permanente de España. Para ello adquirimos el compromiso de llevar a cabo sin contemplaciones la reforma económica y la reforma social de la agricultura».
De su análisis, se puede extraer que Ledesma Ramos planteaba una auténtica revolución económica y social, en los que planteaba cuestiones como precios mínimos de los productos agrícolas, créditos a bajo interés para los labradores y garantía de sus bienes y cosechas que «le redima de la usura y del caciquismo», la aceleración de obras hidráulicas para extender los regadíos, la mejora del rendimiento de los cultivos y la extensión de la superficie cultivable o la distribución de la tierra para instituir la propiedad familiar.
En un contexto de plena autarquía, llegó el primer hito de esta política, hoy tangible, con la creación del Instituto de Colonización en octubre de 1939. El INC tuvo como objetivo «la reorganización y reactivación de la agricultura y el incremento de la producción de alimentos mediante el aumento de las tierras de labor y la superficie de riego». A través de esta institución se expropiaron más de 350 000 hectáreas, en las que se instaló a 65.000 familias y se construyeron más de 300 nuevas poblaciones para proporcionar una vivienda digna a los colonos.
Además, a estos colonos les suministraban los recursos necesarios para poner en marcha las explotaciones como fertilizantes, semillas, ganado, plaguicidas y maquinaria, con importes a devolver a largo plazo y a bajo interés. En este contexto hubo algunos éxitos visibles. Como señala Martín-Miguel Rubio Esteban, para evitar la especulación el Gobierno intervino el precio de alimentos esenciales como la leche, el pan, la carne, los huevos o el aceite y aseguró su producción. Así, esta se multiplicó por once en la producción de leche y por siete en la de huevos.
Por otro lado, se instituyó el Plan General de Repoblación en España de 1939, encabezado por el ingeniero forestal Joaquín Ximénez de Embún Oñade, que generó miles de kilómetros cuadrados de bosques con replantaciones, fomentando así la industria maderera o la cinegética; se creó en 1942, la Ley de Cooperación para la sindicación de los trabajadores; y desde 1947, las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias se encargaron de la reconstrucción de los bienes comunales de los pueblos, sustituidas después por las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos.
De cara a los años 50, todavía quedaban problemas por solventar, especialmente el minifundismo y los latifundios, que seguían siendo obstáculo para la mejora de la productividad. En este punto es importante el papel de Rafael Cavestany como ministro de Agricultura en 1951, que emprendió durante los seis años que estuvo en el cargo una modernización de un sector hasta entonces anquilosado.
De su puño nacieron importantes iniciativas como las Leyes de Concentración Parcelaria de 1952 y 1955, que complementaba la supresión de latifundios desperdiciados (con la ley de colonización de 1939), con la de la supresión de los minifundios antieconómicos; la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de 1953, ordenando las tierras por razón de sus condiciones y de la posible colocación de productos; se creó la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación (1953), relacionada, entre otras cosas, con la compra de abonos, semillas y maquinarias; el Servicio de Extensión Agrícola para dar formación a agricultores en 1955; el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que formaba a ingenieros agrícolas. El SEA fue fundamental para para llevar al mundo rural las herramientas tecnológicas e innovadoras que se estaban multiplicando como consecuencia de la Revolución Verde. Aceleró también la colonización con el Plan Badajoz en 1952 sobre el río Guadiana, dotando de electrificación y riego mejores a dicha provincia.
Los Pactos de Madrid firmados en 1953 con Estados unidos también motivaron la llegada de financiación y asesoramiento por parte de los Estados Unidos, así como la modernización de la maquinaria agrícola, tal y como se puede ver en el incremento de las importaciones al año siguiente. Y, como anécdota, en 1955 la empresa española Ebro ya había creado el primer tractor de fabricación nacional con el modelo E-38.
Sin embargo, la tendencia de mejora de las condiciones agrarias encontró un efecto de choque cuando se puso en marcha el Plan de Estabilización de 1959, que motivó la industrialización del país, equilibró la balanza comercial y causó que se produjera un éxodo rural hacia las ciudades, emigrando más de tres millones de personas y quedando la industrialización rural como tarea pendiente. De hecho, la urgencia habitacional de este éxodo motivó el impulso del II Plan Nacional de la Vivienda y que construyó más de cuatro millones de viviendas sociales. Sin embargo, la cara oscura es que aceleró la despoblación de los núcleos rurales.
Así, durante el franquismo se produjo un importante esfuerzo para reformar el campo español, basado en el aumento de la producción, la extensión del regadío, la dotación de infraestructuras hídricas y energéticas a los núcleos rurales, la modernización del propio sector, la formación de sus trabajadores, el cuidado del patrimonio forestal y la ampliación de la base de medianos propietarios para que pudieran acceder a la propiedad de explotaciones que les garantizaran el sustento.
