España ha superado los diez millones de nacidos en el extranjero. Nueve millones más que hace treinta años. Dos millones y medio más que hace cuatro. Más de medio millón añadidos en apenas un año. No es una anécdota estadística: es un cambio de país que nadie ha pedido ni votado.
El problema principal es la magnitud y la velocidad de los flujos en un contexto que no está preparado. Dadas las cifras de parados reales, una vivienda inaccesible para jóvenes y familias, y un sistema sanitario saturado, la invasión migratoria es un acto de guerra contra la gente corriente. No basta con sumar habitantes: hay que poder integrarlos, emplearlos y atenderlos.
Mientras el saldo vegetativo es negativo y los nacimientos caen en mínimos históricos, la inmigración se alza como el único motor de crecimiento demográfico. La cuestión ya no es sólo económica ni mucho menos. Afecta a la cohesión cultural y a la propia identidad de los españoles. El riesgo, además del colapso de los servicios, es el progresivo atentado a la identidad española entendido como erosión de los referentes compartidos que sostienen una nación.
