Por qué no se puede confiar en el voto por correo (y V): el escrutinio

Días después del 29N se cuenta el voto exterior, el único a distancia que consta en acta. En las cuatro últimas autonómicas ganó el PP en las urnas y el PSOE en ese recuento

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La noche del 29 de noviembre dará un resultado provisional. El definitivo llegará con el escrutinio general, que empieza el tercer día después de la votación y es donde se cuentan los votos de los residentes ausentes, el CERA. Es el único tramo del voto a distancia español que se escruta por separado y, por eso, el único que puede medirse.

Ese recuento se hace con las cámaras apagadas, cuando los partidos ya han celebrado o lamentado el resultado, y en las últimas convocatorias ha corregido lo que dijeron las urnas: en el 23J movió un escaño en Madrid, y en las cuatro autonómicas de este año dio al PSOE una victoria que no tuvo en ningún colegio electoral. Lo que muestra no es la anomalía de una convocatoria, sino una regla.

El voto que llega de fuera

Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía votaron entre diciembre y mayo. En las cuatro ganó el PP con holgura y en las cuatro se impuso el PSOE entre los residentes ausentes.

El vuelco, medido como la distancia entre ambos márgenes, va de los 13 puntos de Castilla y León a los 25 de Extremadura. En Andalucía, el PP venció en las urnas por 18,8 puntos y perdió el censo exterior por 1,8. La izquierda alternativa amplifica el mismo sesgo y los regionalismos se desploman: el voto de proximidad no viaja.

Ese sesgo, estable y medido en acta, da a cada elector añadido a la lista exterior un valor político previsible, y hace de la ampliación de esa lista, la ley de nietos, en una decisión con rendimiento conocido.

Dos millones de papeletas que nadie reclama

En esas cuatro autonómicas votó entre el 5,94 por ciento del censo exterior en Castilla y León y el 9,80 en Aragón. En el 23J había 2,3 millones de inscritos y votaron 233.688: el 10 por ciento. Desde 2022 la documentación les llega de oficio a todos, sin pedirla. Alrededor de dos millones de derechos de voto se activan solos en cada convocatoria y nadie los reclama.

El 29N serán más. El censo exterior cerrado el 1 de agosto suma 2.747.688 electores, 419.427 más que en el 23J, y en dieciséis países —Argentina entre ellos— el voto vuelve por franqueo en destino, como correo ordinario: sin certificar, sin recibo para quien lo deposita y sin firma de quien lo recibe. Exteriores sostiene que el matasellos basta para acreditar la fecha. En Argentina, siete de cada diez votos del 23J llegaron por esa vía.

Donde se decide

El volumen escrutado es pequeño, y precisamente por eso importa el margen. En el 23J, el escrutinio exterior le quitó al PSOE el último escaño de Madrid por 1.748 votos y alteró la aritmética de la investidura. La revista del Ministerio de Inclusión, Carta de España, lo escribió días después: el voto exterior «podría ser determinante en el reparto de escaños», porque en nueve provincias el último dependía de menos de 2.000 papeletas.

Ése es el mapa que conviene mirar la noche del 29. No las provincias grandes, donde el CERA pesa poco, sino las que llevan décadas exportando población y donde los residentes ausentes son ya una parte enorme del censo: Orense, con el 30,8 por ciento; Lugo, con el 22,5; Pontevedra, La Coruña, Zamora, Asturias, Santa Cruz de Tenerife, León, Salamanca, Soria. En cualquiera de ellas, un escaño que se decida por mil votos puede cambiar de mano cuando lleguen los sobres de fuera.

Lo que no llega

A lo que se pierde por el camino —casi la mitad del voto exterior anulado en León en marzo, veintiún mil votos por correo desaparecidos entre la solicitud y la urna en las cuatro autonómicas— se suma este año una resta judicial. El recuento exterior del 29N se hará con 162.454 electores menos de los que figuraban en el censo del 1 de agosto: los nacionalizados por la ley de nietos que, según la lista que el Gobierno entregó al Supremo el 28 de octubre, no cuentan con certificación consular de exilio. Sólo 901 la tienen. Sus hijos, en cambio, votarán: el 9 de noviembre el Supremo rechazó extenderles la suspensión, no porque su inscripción esté limpia, sino porque a tres semanas de las urnas ya no había tiempo de identificar y oír a 189.678 personas sin comprometer «la estabilidad del proceso electoral». A la jornada siguiente les dio veinte días hábiles para personarse en el pleito, plazo que vence después del 29N. Votan primero; se discute después si podían.

El Gobierno calcula que los suspendidos no habrían pasado de 14.000 papeletas en 52 circunscripciones: ocho veces la distancia que decidió el último escaño de Madrid en el 23J. La Sala rechazó el argumento: la participación no se predice, y el grupo que sigue en el censo es mayor que el que salió.

Lo que queda

Según cifras de Correos, a 18 de noviembre se habían admitido 1.036.217 solicitudes: un 59 por ciento menos que en el mismo tramo del 23J. Aquello fue en pleno julio y esto es noviembre, así que la caída tiene explicación de calendario. Pero achica el canal menos vigilado del sistema, y eso es una buena noticia para la limpieza del 29N. La Junta Electoral ha ampliado hasta el 26 el plazo para depositar el sobre.

Cinco artículos después, el inventario es éste. Una ventanilla por la que se entrega el voto ajeno con una fotocopia. Unas tramas que entraron por ahí y a las que no siguió ninguna reforma. Un registro que la ley obliga a llevar y que nunca se ha publicado. Un censo ampliado por instrucción, con un tribunal que ha apreciado riesgo de irregularidad. Y un recuento exterior con sesgo medido, participación mínima y sobres que ahora viajan sin fecha.

Esta serie describe un sistema en el que, si alguien quisiera manipular las elecciones no habría manera de demostrarlo. Quien pueda votar en persona, que vote en persona.