No hace falta apelar a credos ni a tecnicismos jurídicos para comprender lo esencial: quitar la vida a Noelia no es una decisión compleja, sino una vulneración evidente de cualquier orden que se pretenda humano. Una sociedad que necesita envolver de compasión lo que en realidad es la eliminación de un inocente, muestra que algo profundo se ha torcido en ella.
A través de una retórica de la justificación de lo injustificable, se impone una lógica tan simple como aterradora: quien debería ser protegido se convierte en problema; quien necesita amparo pasa a ser prescindible so pretexto de una «decisión» tomada en una presunta libertad radicalmente inexistente. Bajo esa inversión, la violencia ya no llama la atención, sólo se administra.
El problema, la tragedia, no es sólo el acto en sí. También quién lo legitima: el Estado renuncia a su deber teóricamente natural de proteger a los débiles y asume el de eliminarlos, inermes ante la coartada burocrática. Con la vida que se elimina, muere la confianza en el sistema en el altar de un poder sin límites.
