El poder ha descubierto que no hay forma más eficaz de sembrar odio que hablar constantemente de él. La última iniciativa del Gobierno, HODIO, la llamada Huella del Odio y la Polarización, confirma esa lógica: convertir el odio en categoría administrativa, en índice medible, en coartada regulatoria. Bajo la retórica del amor y la convivencia, se despliega una maquinaria de vigilancia que pretende fijar los límites de lo decible.
Cuanto más hace el poder como que denunci lo que llama «odio», más impulsa el envilecimiento del debate público. Lo nombra, lo amplifica y lo convierte en marco mental obligatorio. La consecuencia no es la pacificación, sino la crispación permanente. Porque cuando el Gobierno se erige en árbitro moral del lenguaje, deja de combatir el odio y empieza a administrarlo. Y así, bajo la promesa de proteger a la sociedad, termina generando justo aquello que dice querer erradicar.
