Desde junio de 2025, Vox viene solicitando que se investiguen los posibles fraudes cometidos en procesos electorales en España. Hasta entonces, el pucherazo había sido un tabú, igual que, por ejemplo, decir algo de la familia real que no fuera lo altísimos y campechanos que son. Para la opinión pública española, no sólo gozábamos de «la mejor sanidad del mundo» y de «la policía más eficiente de Europa» sino también del «sistema electoral más seguro de occidente».
Resulta innegable que últimamente han sucedido acontecimientos en países a priori civilizados que, en distinta medida, pueden ser constitutivos de fraude electoral. Tradicionalmente, se ha considerado que las encuestas influyen en los resultados de las elecciones. De hecho, la LOREG prohíbe su publicación durante los cinco días anteriores a la votación. Cosa distinta es si benefician a quien dan como ganador por el efecto bandwagon, esto es, la tendencia a votar al candidato por quien la mayoría lo hace; si lo perjudican porque desmovilizan a sus potenciales votantes; o incluso si, por otro efecto, el underdog, favorecen a candidatos que dan como rezagados.
Estados Unidos
Las encuestas de las elecciones presidenciales estadounidenses más recientes (sobre todo las de 2016 y 2020) fallaron al sobreestimar ostensiblemente los votos que decían que iban a obtener los candidatos demócratas frente a Trump. Lo que nos lleva a preguntarnos si acaso las encuestas no pueden también emplearse para enmascarar un tongo, preparando al electorado para el resultado fraudulento desde semanas antes de la votación.
Rumanía
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló las elecciones celebradas apenas dos semanas antes. Las había ganado el candidato independiente Călin Georgescu, calificado por el mainstream como «de extrema derecha y prorruso». ¿El motivo?: se había descubierto una injerencia rusa masiva a través de campañas en redes sociales para favorecer a Georgescu. Días antes de la anulación, la Comisión Europea había abierto una investigación contra TikTok acusándola de violar las normas europeas de integridad electoral. Llamativamente, la repetición electoral, que se celebró apenas seis meses después, tuvo un resultado radicalmente opuesto al de la votación anulada: ganó Nicușor Dan, el candidato europeísta. Con ello, podemos concluir que, en el caso rumano, el verdadero fraude fue la decisión de su Tribunal de garantías y no la supuesta información difundida en redes.
En plena cuarta revolución industrial, contamos con que las injerencias en los resultados de las elecciones se realicen mediante hackeos o complejos sistemas cibernéticos. Sin embargo, lo cierto es que los defraudadores están optando por métodos más tradicionales y expeditivos; principalmente, por echar más papeletas a la saca. La película documental 2,000 Mules (2022) narra cómo, en las presidenciales americanas de 2020, recolectores de votos de algunos swing states introdujeron por su cuenta sacos con papeletas en los buzones electorales.
España
En la misma línea, en España están abiertas diligencias judiciales por intentos de amaño de elecciones en localidades de Sevilla, Almería, Murcia, Tenerife, Melilla, Ciudad Real o La Gomera. Los defraudadores habrían conseguido que electores votasen en un determinado sentido prometiéndoles diferentes dádivas como empleos, contratos con ayuntamientos o pequeñas cantidades de dinero. Algunos votantes entregaron sus documentos de identidad o los de sus allegados ancianos o discapacitados para que terceros tramitaran el voto en su nombre, pero también se investigan suplantaciones de identidad y firmas falsificadas.
Los casos españoles y useños tienen en común que gran parte de los sufragios fraudulentos se emitieron a través de voto por correo. Quienes hayan empleado este medio, se sorprenderían al comprobar que sus votos quedan almacenados en la trastienda de las oficinas de Correos, sin control y a disposición de cualquier malvado. Precisamente cuando comenzaban a surgir dudas acerca de la legitimidad del voto por correo, en la campaña de las autonómicas de 2021, el presidente del gobierno Pedro Sánchez animó encarecidamente a emplearlo, asegurando nada menos que: «Es muy sencillo y seguro. El voto por correo ha sido la palanca del cambio en Estados Unidos y estoy convencido de que puede serlo aquí también». Llamativo, ¿no?
La Ley de Memoria Histórica va a permitir la nacionalización de más de 500.000 extranjeros descendientes de españoles nacidos fuera del país, lo que supondrá la duplicación del número de votantes residentes en el extranjero. Más allá de su ideología, estos nuevos electores ejercerán su derecho al voto depositándolo en su embajada o consulado o —cómo no— por correo. ¿Garantizan estos métodos la inviolabilidad de los sufragios? Permítasenos dudarlo.
Por último, son multitud las denuncias de que se omite el escrutinio general pautado en el art. 105 LOREG y, en su lugar, se da por bueno el recuento los datos expresados en el recuento provisional de Indra, empresa contratada por la Administración española al efecto. Así las cosas, tampoco puede criticarse en exceso ni tachar de muy conspiranoicos a quienes afirman que nuestros votos no se cuentan o que los resultados los decide un algoritmo o una cábala elitista y plutocrática que domina el mundo.
Todo lo anterior pone de manifiesto que nuestras votaciones son vulnerables y que pueden ser atacadas desde todos los niveles, lo mismo por una organización supranacional que por un concejal de pueblo. Igual de aventurado es asegurar que las elecciones son una estafa que negar sistemáticamente la posibilidad de fraude.
