De un tiempo a esta parte, el español de a pie se ha acostumbrado a vivir en una degradación constante. Camina por una ciudad que ya no le pertenece, entre extranjeros con DNI y bajo un Gobierno que no lo representa y que, en demasiadas ocasiones, parece actuar contra él.
En el año de mayor recaudación fiscal de la historia, el contribuyente tuvo que depender de la buena fe de sus vecinos para ser rescatado del fango, porque en palabras de Margarita Robles, ministra de Defensa, «el Ejército no estaba para eso». Durante el apagón, los medios oficialistas, repletos de estómagos agradecidos, apuntaron a Rusia como culpable de dejarnos sin luz, como si el hecho de que nuestra red eléctrica se sostenga con alambres no tuviera absolutamente nada que ver.
Mientras tanto, Alberto Núñez-Feijoo, titular de facto del Ministerio de la Oposición, aplaude a un Gobierno criminal. Su partido remata al campo español votando a favor del acuerdo de Mercosur. Y Abascal, por su parte, parece demasiado ocupado luchando contra el antisemitismo y arengando a los «hermanos espirituales» de ultramar como para articular políticas de choque que nos saquen de este atolladero.
El Estado falla en lo esencial. El metro de Tegucigalpa, antes Madrid, colapsa cada vuelta del verano, y Cercanías ha obligado a más de uno a plantar una tienda de campaña en Chamartín. La DGT, que nos impide acceder a las ciudades con nuestro vehículo privado en un photocall patrocinado por Uber, ha estafado millones de euros en balizas defectuosas que vuelven a poner en peligro la vida del español promedio.
La-mejor-sanidad-del-mundo expulsa a sus médicos con sueldos de miseria mientras acelera la homologación de títulos extranjeros. El resultado es doble: precarización del mercado laboral y deterioro directo de la salud de los ciudadanos a los que dice proteger.
La ocupación hotelera de larga estancia roza máximos históricos. También el consumo de tabaco. Ambos sufragados, en no pocos casos, por ONG que mantienen a una ralea de inmigrantes ilegales con dinero del contribuyente. Pero esta decadencia no es una abstracción económica ni un debate ideológico. Tiene consecuencias reales, físicas y definitivas.
Un número aún por determinar de españoles ha sido víctima directa de este colapso inducido. El mayor accidente ferroviario de la alta velocidad en la historia de España tiene causas, y también nombres y apellidos. Los guardias civiles asesinados en Barbate, los muertos a consecuencia del apagón, quienes fallecieron esperando una atención médica que nunca llegó, y los que quedaron sepultados bajo el barro de Valencia no murieron por azar. Son víctimas de la desidia de un régimen podrido en todos sus niveles, desde el notario mayor del Reino hasta el edil del pueblo más insignificante.
Pertenezco a una generación a la que le han robado el porvenir de forma progresiva y metódica. Nos obligan a emigrar o a hacinarnos en cuchitriles, a aceptar un mercado laboral precarizado a base de biomasa tercermundista. Somos un expaís amortizado para otros, endeudado hasta la médula, con una factura que terminarán pagando nuestros nietos, si es que estos llegan a reconocer las calles en las que crecimos.
La muerte no es el final. Brille para todos ellos la luz perpetua. Pero la memoria sin acción no es justicia. Está en nuestra mano demostrar que esas víctimas no han perecido en vano. Debemos tomar las riendas y exigir que los culpables paguen por lo que han hecho, por truncar la vida de tantos compatriotas mientras ellos se enriquecen a manos llenas.
Recordarlos es una obligación. Permitir que vuelva a ocurrir sería imperdonable.
